El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca, desistió de apelar la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés Larroque, entre otros. “Desisto fundadamente del recurso interpuesto por el colega que me antecediera en la etapa”, concluyó De Luca al dejar sentado que no apelará la denuncia sostenida por el fiscal German Moldes y por ende no impulsará la continuidad de la investigación por supuesto encubrimiento al atentado contra la AMIA.

De Luca consideró que “las extensas y oportunas argumentaciones” del juez de primera instancia, Daniel Rafecas, y de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero de la sala I de la Cámara Federal “no han sido refutadas”. “Con todo tipo de argumentos, alternativos, subsidiarios y complementarios, demostraron por distintas vías que no hubo delito alguno, consumado ni tentado”, afirmó.

El fiscal diferenció entre dos “líneas argumentales” en la denuncia presentada por el fallecido titular de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, e impulsada primero por el fiscal Gerardo Pollicita y luego por el fiscal general Germán Moldes. Dijo que hay una línea de naturaleza “procesal, de prueba” y otra “jurídica-penal”, que consiste en determinar si los hechos denunciados, aunque estuvieran probados, constituyen o no un delito. “La hipótesis fáctica no constituye delito”, reiteró al respecto De Luca y fundamentó que “el Poder Legislativo en ejercicio de su competencia constitucional, no puede cometer delitos”.

“Sostener que la firma de un tratado constituye un plan criminal es un absurdo desde el punto de vista jurídico”, prosiguió y afirmó que el poder Legislativo tiene entre sus atribuciones la incriminación de ciertas conductas y la derogación de aquellas consideradas delito. Como ejemplo puso el caso de la ley de Obediencia Debida, que “significó en su momento la impunidad de varios cientos de personas, y no es posible considerar que ese fue un acto de encubrimiento por favorecimiento personal de parte de quienes la proyectaron, los legisladores que la votaron, el presidente que la promulgó y los jueces que en su momento la aplicaron en los casos sometidos a su jurisdicción”.

“En definitiva, aunque este Memorándum significase la impunidad de los prófugos, lo cual no afirmo, ello podría haber sido hecho por quienes lo suscribieron en ejercicio de facultades constitucionales”, afirma De Luca al reiterar nuevamente la inexistencia de un delito en la firma del Memorándum con Irán.

En sus consideraciones finales, el fiscal afirmó que “carece de relevancia” si el Ejecutivo buscó o no un restablecimiento o intensificación de las relaciones comerciales o de otro tipo con la República Islámica de Irán. Añadió que “no pueden ser considerados actos de conspiración las conductas denunciadas por el hecho de haberse llevado a cabo de manera reservada”, porque “por su propia naturaleza, las relaciones diplomáticas se llevan a cabo en la más estricta reserva”.

Respecto a las alertas rojas de Interpol, recordó que ellas fueron solicitadas por el juez de la causa AMIA y aseguró que “la comunicación a Interpol de la celebración del acuerdo no tiene ninguna relevancia en el proceso penal argentino y ,además, no constituye un procedimiento reglado por Interpol para hacer cesar las alertas rojas”. “No es la Argentina ni la República Islámica Irán por sí mismos, ni el acuerdo entre ambos países, los que podrán generar automáticamente la baja de las alertas rojas, de modo que, toda construcción argumental respecto de que ése era el nudo del acuerdo, se cae por su propio peso”, manifestó.

Reiteró que “lo que se pretende es la investigación de conductas que no constituyen delito alguno”. “Tanto los fiscales que me anteceden como el voto de la disidencia, plantearon una falacia consistente en sostener que la hipótesis del denunciante puede dar lugar a un delito o puede dar lugar a un no delito, lo cual demanda investigación para su dilucidación”, sostuvo De Luca y rechazó esa postura: “Es requisito necesario tener en claro cuál es el delito al que esa investigación refiere”.

“El supuesto intento de hacer caer las alertas rojas y la creación de una comisión que opinaría sobre el caso, no pueden constituir la base de un delito, porque no son la ‘ayuda’ típica del art. 277 CP porque se inscriben en la competencia constitucional de los otros poderes del Estado, ajenas al Poder Judicial”, insistió el fiscal. Concluyó que no pueden producirse las medidas de prueba solicitadas porque “su producción sólo nos conduciría al mismo punto en el que estamos hoy, a la confirmación de hipótesis no delictivas”.

La jefa de Estado destacó el texto publicado en este diario por el exdirector ejecutivo de la DAIA Jorge Elbaum, quien reveló que el entonces fiscal Nisman mantuvo, en 2013, una reunión con las autoridades de la comunidad judía local para comunicarles que estaba dispuesto a poner “de sus propios recursos” para tratar de demoler el Memorándum con Irán. El texto precisa que el propio Paul Singer, titular del fondo buitre NML, litigante contra la Argentina, estaba dispuesto a colaborar en la iniciativa planteada por Nisman.

En el texto publicado en su página web, la presidenta marca las contradicciones que al interior de las propias autoridades comunitarias generó esa oferta de Nisman entre quienes, desde el pragmatismo más cerrado estaban dispuestos a aceptar tal ayuda y quienes mantenían sus dudas, precisamente, por el origen de los fondos.

Cristina subrayó, además, el modo en que Singer financia ONG norteamericanas que funcionan como verdaderos grupos de presión que actúan sobre la política internacional. Por ejemplo, la nota menciona cómo a partir de enero de 2013, cuando se informa sobre el acuerdo con Irán, “los miembros del ATFA (Fondos Buitres) decidieron incorporar el Memorándum como un ariete más para condicionar a nuestro país a negociar de forma más vulnerable frente a los fondos especulativos”. Y cómo se resolvió contactar a dirigentes y políticos argentinos para solicitarles que se expidan críticamente sobre el tratado.

En su página web, la jefa de Estado aporta más información sobre el modo en que estos grupos se financian y sobre la relación del titular de una de esas ONG, la Foundation for Defence of Democracy, Mark Dubowitz, y su relación con Nisman, de quien se decía amigo personal.

“Estamos ante un modus operandi de carácter global, que no sólo lesiona severamente las Soberanías Nacionales interfiriendo y coaccionando el funcionamiento de los distintos poderes de los Estados, sino que además genera operaciones políticas internacionales de cualquier tipo, forma y color. Pueden ser de lobbys que siempre ‘contribuyen’, hasta ataques financieros u operaciones mediáticas internacionales simultáneas, o lo que es peor, acciones encubiertas de distintos ‘servicios’ destinadas a desestabilizar gobiernos”, denunció la presidenta.

“Todo tiene que ver con la geopolítica y el poder internacional. Algunas veces sus efectos pueden ser globales sobre la paz, como por ejemplo impedir la posibilidad de un Acuerdo entre EEUU y otras potencias con Irán en materia nuclear, o colaterales como imposibilitar acuerdos que contribuyan, a que después de 21 años pueda haber Verdad y Justicia para las víctimas de la AMIA”, agregó la jefa de Estado.

Por último, Cristina citó al papa Francisco en referencia a la negociación entre las potencias y Teherán, que calificó como “el primer paso hacia un mundo mas seguro y mas fraterno”.

“Es que para muchos la paz es el mejor instrumento para lograr mayor seguridad global. Es una pena que algunos pocos, aunque poderosos aún no lo hayan entendido o peor aún, no les importe porque no les sirve”, concluyó la presidenta.

 

Salvador Estuardo González Álvarez, presidente de Corporación de Noticias, S. A., se preparaba el pasado jueves para asistir a una Asamblea General de Accionistas, cuando fue capturado por la Policía. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo señaló de liderar una banda de contrabandistas conocida como “La Línea” junto con su amigo Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Esta banda de contrabandistas habría defraudado más de Q100 millones al Estado mediante la subvaloración de contenedores de mercancías en las aduanas del país en contubernio con empleados y altos mandos de la SAT.

Tras la captura de González, los accionistas de Corporación de Noticias decidieron cancelar su nombramiento como presidente y publicaron un comunicado en la página de Internet de Siglo 21 en el que señalaban desconocer sus actividades ilegales y se desligaban totalmente de él.

La relación de González con Corporación de Noticias inició formalmente en mayo de 2013 cuando un grupo de inversionistas, supuestamente de origen salvadoreño y guatemalteco, representado por él negoció la compra del 58 por ciento de las acciones de la empresa a los cooperativistas que se habían hecho con el control de los diarios Siglo 21 y Al Día a finales del 2012.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación el monto habría ascendido a aproximadamente Q20 millones, que pagaron los inversionistas representados por González a los cooperativistas.

Los nuevos accionistas son las empresas Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella, S. A. y Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S. A. de acuerdo con un editorial publicado en Siglo 21 el 24 de enero de 2014. Los nuevos accionistas mayoritarios relegaron a los cooperativistas y nombraron a Estuardo González como representante legal y presidente de Corporación de Noticias el 22 de julio de 2013, según el acta notarial enviada al Registro Mercantil.

Entre las primeras decisiones tomadas por González al frente de la Corporación fue cambiar la línea editorial de Siglo 21, una decisión que no fue recibida con agrado por editores y reporteros. La nueva línea editorial era benévola con el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti quien figuraba casi todos los días en sus páginas con notas favorables a su gestión, recuerda un periodista que laboró en dicho diario. Estos cambios provocaron que muchos reporteros del diario pensaran que la vicepresidenta estaba detrás de los nuevos accionistas y les indicaba qué noticias debían o no publicarse.

Otra de las gestiones de González fue obtener millonarios préstamos con el banco estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para mantener a flote a Corporación de Noticias y poder pagar los salarios a sus empleados y facturas a proveedores. También se vio beneficiada con mayor pauta de las entidades gubernamentales que incluyen un contrato por Q1 millon 687 mil 500 por parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en junio de 2014.

 

El mejor amigo de Monzón

Estuardo González es hijo del general Marco Antonio González Taracena, antiguo director de Inteligencia del Ejército y ministro de la Defensa entre 1995 y 1996, y a quien el mismo Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, capturado por ser parte de La Línea, lo vinculó con La Cofradía y la red de contrabando de Alfredo Moreno Molina, que operó en los años ochenta y noventa, cuando atestiguó en el juicio en su contra.

El general González fue jefe de Otto Pérez cuando este sirvió en el Estado Mayor Presidencial y colaboró en su plan de gobierno en el tema de seguridad.

González, al igual que Juan Carlos Monzón Rojas, hijos de militares, crecieron en la Colonia Aurora, zona 13; desde niños forjaron una amistad que ha perdurado hasta la fecha. Economista de formación, González fue gerente de una empresa de telefonía móvil, y cuando Monzón fue dado de baja del Ejército en 1998, le ayudó a montar una distribuidora de teléfonos celulares de la telefónica para la cual laboraba, recuerda una persona que los conoció.

Testaferros y abogada

Uno de los misterios sin explicar que rodean la compra de Corporación de Noticias son los vínculos de Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la Vicepresidencia, con las empresas que adquirieron las acciones.

 

Inversiones y Proyectos Marbella, S. A. fue constituida el 17 de enero de 2012 por la abogada Analia Maribel Ávalos Duque, quien ha sido abogada de Canchas Deportivas de Guatemala, la empresa de Juan Carlos Monzón Rojas, para quien ha faccionado nombramientos y actas de asambleas de accionistas. Ávalos Duque fue contratada como asesora en el Ministerio de Trabajo donde devengó Q115 mil en honorarios durante 2014, según el portal de Guatecompras.

Como socios fundadores de Inversiones Marbella comparecen: María del Carmen Valencia Espinoza, quien fungió como gerente general y representante legal de Canchas Deportivas de Guatemala entre 2012 y 2014; Valencia también es gerente general y representante legal de Protocolo, Banquetes y Etiqueta, S. A., la cual administra el restaurante “El Ranchón de Don Juan” propiedad de Juan Carlos Monzón. 

 

Los otros socios son Dana Stefany Gómez Martínez, una madre soltera que reside en un asentamiento en la zona 17, y Víctor Hugo Hernández, gerente de Multiempresarial HJ&AV, S. A. (fundada por Hernández y Valencia Espinoza el 21 de enero de 2011), la cual ha realizado trabajos de mantenimiento de canchas para el Ministerio de Cultura y Deportes en 2011 y 2012, y decoró el Patio de la Paz del Palacio Nacional para la transmisión de mando presidencial del 14 de enero de 2012 por lo que cobró Q28 mil 500 a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). Esta empresa estaría vinculada a Juan Carlos Monzón, refieren fuentes cercanas al exfuncionario.

Inversiones y Proyectos Marbella reporta como sede legal la 4a. calle 6-19, zona 17, Colonia Lourdes; elPeriódico visitó dicho domicilio y una residente del inmueble respondió que allí nunca ha operado dicha empresa.

Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S. A. fue constituida el 16 de febrero de 2012 por la notaria Ávalos Duque. Como socios fundadores figuran: Víctor Hugo Hernández y su esposa Raymunda Jayes Ramírez, quien en junio de 2008 ganó un contrato por Q3 millones 139 mil 200 para dar mantenimiento y limpieza a las instalaciones deportivas de la Confederación Deportiva Autonóma de Guatemala (CDAG) a nivel nacional; fuentes internas señalan que dicho contrato lo habría prestado Juan Carlos Monzón y su empresa Canchas Deportivas y que Jayes solo prestó su empresa; también le vendió 2 mil 760 camisas a los delegados del Partido Patriota que participaron en la transmisión de mando presidencial por lo que cobró Q151 mil 800 a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). Jayes también es contratista del Ministerio de Cultura y Deportes al cual le ha facturado Q754 mil 860 entre 2011 y 2012.

La tercera socia fundadora es Silvia Lissette Pérez Jaes, quien funge como gerente y representante legal.

Arrendamientos, Servicios y Proyectos reporta como domicilio la 28 avenida 31-33, zona 5, Colonia 20 de Octubre, sin embargo, en dicho inmueble no opera ninguna empresa. Pérez Jaes reside en una humilde vivienda en un barranco en la zona 5. elPeriódico visitó su domicilio en varias ocasiones pero no se le encontró; su mamá respondió que Silvia Lissette es trabajadora y no tiene ninguna empresa. “Nosotros somos gente sencilla pero honrada”, agregó.

ejecutivos Guardan silencio

En varias oportunidades elPeriódico intentó entrevistar a Estuardo González sobre su rol como presidente de Corporación de Noticias y su relación con Juan Carlos Monzón y Roxana Baldetti, pero nunca accedió. Durante una entrevista realizada en 2014, Monzón Rojas reconoció que conoce a González desde niño y que son amigos, pero negó tener acciones en Siglo 21.

Edín Hernández, director editorial de Siglo 21, respondió vía telefónica que lo único que podía comentar es que González no es accionista de Corporación de Noticias, que solo ejercía un nombramiento autorizado por la Junta de Accionistas pero que el pasado jueves al conocer los hechos se tomó la decisión de rescindirlo. Se le solicitó entrevista a Fidel López, gerente general de Corporación de Noticias, pero no respondió a los mensajes telefónicos.

Igualmente se contactó a María del Carmen Valencia, representante legal de Inversiones y Proyectos Marbella, pero al enterarse que se trataba del equipo de investigación de elPeriódico cortó la llamada y apagó su teléfono celular.

 

La captura de González aún tiene sorprendidos a reporteros y editores de Corporación de Noticias, quienes no dejan de comentar que en febrero pasado Omar Franco, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), capturado por pertenecer a la banda de contrabandistas, llegó a visitar las oficinas de la Corporación y se reunió allí con González. También tienen dudas sobre el origen de los fondos con que los supuestos inversionistas representados por González compraron las acciones de Siglo 21 y Al Día.

 

“González no era accionista de la Cor-poración, solo era un representante”.

Edin Hernández, director de Siglo 21.

 

Q20

Millones pagaron las empresas inversionistas por el 58 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, S. A.

Las escrituras de constitución y nombramientos de las empresas controladoras de Siglo 21 y Al Día confirman que estás fueron creadas por la abogada y testaferros de Juan Carlos Monzón Rojas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación investigació[email protected]

20 Abril 2015