Después de casi seis meses en que la política chilena vivió de los escándalos que se derivan del cesarismo político, es decir, de la extrema concentración de poder en el líder presidencial, de las andanzas y desventuras del retoño, de la corrupción parlamentaria y empresarial, esta parece volver a un escenario propio: poner en el centro de las controversias en el espacio público la pugna por visiones de la sociedad y por los proyectos de país en juego.
Lo anterior –más allá de la alharaca desatada por el partido del orden en torno a volver las cosas a lo que para ellos es su cauce natural (el país de los empresarios)–, nos hace ser optimistas frente al debate que se está abriendo en la sociedad chilena: la discusión sobre el modelo parido con violencia en dictadura y transformado en un híbrido deshilachado según las correlaciones de fuerzas y, en muchos aspectos, fortalecido en 25 años de elecciones.
La batalla por el futuro
Así, mientras en Palacio la Presidenta aún permanece nocaut desde el 3 de febrero debido a los negocios de su hijo y el descubrimiento del financiamiento ilegal, por parte de (muy) grandes empresas, de las actividades de su jefe de campaña, su entorno –para no ser menos en la comedia de desaguisados en que está metido el Ejecutivo desde hace ya casi un semestre– encarga a una agencia externa el nuevo eslogan del Gobierno “Todos x Chile”. Esto, habiendo una agencia especial radicada en La Moneda para ello: la Secretaría de Comunicaciones (Secom), lo que terminó gatillando la última renuncia de Palacio, la de su director, Carlos Correa, quien –a buen entendedor– leyó rápido que estaba de sobra.
A su vez, el dúo Eyzaguirre-Valdés, que maneja actualmente las riendas del Poder Ejecutivo, continúa –con simplismo infinito digno de contables– con el operativo de “rebaja de expectativas”. Ante la comisión política del PPD, donde se solicita continuar con la promesa de la gratuidad universal en educación superior a un 70%, así como la titularidad y la huelga efectiva en el proyecto de reforma laboral, y que no se recorte lo ya acordado en la reforma tributaria, la dupla de economistas PPD que domina al Gobierno pone un “palito” más en el abismo que va separando a su directiva de la actual administración, al insistir en el sometimiento a la presión empresarial, especialmente en materia laboral y de vuelta atrás en lo que respecta a la reforma tributaria.
Ante tal presión, una debilitada Presidenta bajó sus convicciones a mínimos, con la guinda de la torta de finalmente resolver (¿o siempre fue ese su enfoque?) hacer del cambio constitucional una caricatura de cabildos y reuniones vagas para darle manga ancha al actual Congreso, para que –con una legitimidad más que cuestionada– disponga enmiendas menores que mantengan a Chile como un país de privilegiados.
Luego de meses en que la política había sido secuestrada por los vaivenes y andanzas de Sebastián Dávalos, por las boletas falsas del entorno presidencial y de los principales actores políticos, por el presidencialismo exacerbado como lo seguimos observando hasta hoy, el retorno del debate, de la contrastación de proyectos, del alineamiento de posiciones en torno a visiones de país, me parece que es lo más sano y mejor que pudo haber pasado. Lo que no resistía más era lo otro: Caval, Penta-SQM, la política en el lodo, como suele gustarles a los empresarios, los mismos que financiaron un sistema generalizado de corrupción de la política.
A su vez, en el PS, mientras su vicepresidente Camilo Escalona, presiona casi a diario y amenaza con catástrofes económicas para enrielar a la colectividad en el partido del orden, Isabel Allende reacciona ante la presión y reitera que es necesario mantener las promesas hechas ante el electorado, en especial la gratuidad en la educación superior, como se había prometido durante la campaña (“la educación es un derecho que debe estar garantizado y por eso estamos apuntando a la gratuidad… Esperamos poder cumplir nuestra meta del 70% de gratuidad universal”) y anuncia la creación de una comisión amplia para orientar el trabajo del oficialismo en el marco económico actual/corregido y, de ese modo, contrarrestar los argumentos de la dupla neoliberal PPD que se tomó el Gobierno.
El PC, producto de un escenario político donde se ha rebajado la ambición de las reformas, sufre su propia tensión interna entre los sectores más conservadores y sus jóvenes. Camila Vallejo envía un tuit donde resume que “Chile crece poco porque su economía fue entregada al chantaje empresarial”. Su presidente, Guillermo Teillier, sufre el abismo que hay entre el realismo político del equipo presidencial y las aspiraciones de sus ex dirigentes estudiantiles. Gutenberg Martínez, que afirma que el programa de Gobierno fue mal hecho, capta ese momento y le envía un mensaje: “Me da la impresión de que el presidente del Partido Comunista tiene problemas en el Partido Comunista, porque el ser Gobierno implica responsabilidades y de repente las responsabilidades no son para estar en los tiempos buenos, sino también en los tiempos malos”.
En el PDC hay, en general, un consenso en torno a rebajar el ímpetu reformista del que dan cuenta periódicamente sus poderes fácticos –Gutenberg Martínez, Andrés Zaldívar, Ignacio Walker y/o Soledad Alvear, etc.– y ha cobrado mucha fuerza durante los dos últimos meses de Gobierno, más precisamente desde el cambio de gabinete, y que se ha expresado en la crítica permanente y sostenida a todo tipo de reformas –tributaria, institucional o educacional– o de la instalación del debate sobre las libertades individuales (discusión sobre la marihuana, la suspensión de la votación por el aborto). Pero en su interior convive un mundo progresista que tampoco se siente cómodo con el conservadurismo del que se ha ido impregnando la colectividad.
La diputada Yasna Provoste responsabilizó al Gobierno por “bajar las reformas”, o el propio Ricardo Rincón, jefe de la bancada de diputados DC, quien hace poco aseguró que “nosotros no vamos a aceptar que la cocina de Andrés Zaldívar termine modificando la reforma laboral que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados, menos después de las consecuencias que se están viendo de la reforma tributaria”. Todo ello, evidencia de que el realismo sin renuncia o la incompresible frase que enarboló la Presidenta cuando señaló que “debemos reconocer que la administración estatal no estaba totalmente preparada para procesar cambios estructurales simultáneamente”, no traerán la paz a una conflictuada coalición política y en los próximos días, semanas y meses veremos cómo se irá tensionando el escenario político al interior del bloque oficialista.
Y es que la capitulación definitiva del Gobierno que tuvo como escenografía de fondo el eslogan “Todos x Chile”, abrió, inmediatamente, “la batalla por el futuro”, y el alineamiento inmediato del partido del orden –PDC-Escalona-PPD Eyzaguirre-Valdés, etc.– ha obligado a hacer hablar a los actores pro reformas –PC, Navarro, PS Isabel Allende, DC Provoste, PPD Quintana-Girardi, etc.–, aunque, eso sí, sin la articulación del neoliberalismo concertacionista.
El resultado de esa batalla es clave en el reordenamiento del mapa político en la centroizquierda de cara a las elecciones de 2017, habida consideración del fin autodeclarado de esta administración.
Los empresarios se autorrepresentan
Al frente, la cúpula empresarial –dada la desaparición de un Piñera enredado en las eventuales consecuencias judiciales de feos resquicios de financiamiento de campañas y la crisis terminal de la UDI y del liderazgo del hombre fuerte del gremialismo (Jovino Novoa), así como la evidente debilidad presidencial– ha decidido dejar de representarse por otros y asume hoy sus propias vocerías: amenazan con no invertir y asustan con el cuco del crecimiento.
La operación empresarial se radicalizó por allá por el 3 de junio, cuando Alberto Salas, presidente de la CPC, pidió al Gobierno que “frenara las reformas en aras de la recuperación económica”. Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, declaró –tras la reunión del comité ejecutivo de la CPC– que esperaba que el Gobierno centrara su gestión “en el crecimiento, que es lo que Chile necesita”. Y esa insistencia no se ha detenido hasta hoy. Es el propio Salas quien acaba de señalarle al Diario Financiero que “el realismo respecto al crecimiento para tomar decisiones públicas es fundamental. Siempre hay que mirar el contexto en que estamos. Efectivamente la desaceleración y el crecimiento macro que tenemos no ayuda a generar mayores empleos ni mayores remuneraciones y por lo tanto el realismo es fundamental”.
A su vez, la Cámara Nacional de Comercio difunde una encuesta en que el 92% de sus socios piensa que la reforma laboral tendrá un impacto negativo. Además, 70,3% de los encuestados proyecta que las ventas minoristas de este año serán peores que en 2014, 21,6% estima que serán iguales y 8,1% opina que mejorarán.
No pocos señalan que la presión en privado es aun mucho más fuerte y menos caballeresca sobre el Gobierno. De ella se hacen cargo, frente a un Burgos más retraído, el dúo Eyzaguirre-Valdés.
El retorno de la política
Hoy reclaman los convencidos, se desilusionan los ilusos, gimen los bacheletistas por el derrumbe de su diosa y porque se acaba la promesa de la lucha en serio contra las desigualdades. ¿Y es que es tan malo el escenario político generado “posrebajas de invierno”? Creo que no.
El abuso del “cesarismo político” empleado por la actual Presidenta ha abierto el debate sobre la coalición, sobre la política misma al interior de la Nueva Mayoría y sobre las visiones de Chile en disputa en el conglomerado oficialista. Y sobre la seriedad en política.
Luego de meses en que la política había sido secuestrada por los vaivenes y andanzas de Sebastián Dávalos, por las boletas falsas del entorno presidencial y de los principales actores políticos, por el presidencialismo exacerbado como lo seguimos observando hasta hoy, el retorno del debate, de la contrastación de proyectos, del alineamiento de posiciones en torno a visiones de país, me parece que es lo más sano y mejor que pudo haber pasado. Lo que no resistía más era lo otro: Caval, Penta-SQM, la política en el lodo, como suele gustarles a los empresarios, los mismos que financiaron un sistema generalizado de corrupción de la política.
