El gobernador del estado de Táchira (Venezuela) informó el domingo que 791 ciudadanos colombianos indocumentados fueron deportados durante el fin de semana.
Un incidente en el que resultaron heridos tres militares venezolanos y un civil en un enfrentamiento con supuestos contrabandistas en un área fronteriza con Colombia volvió a tensar la relación entre ambos países y se saldó con cientos de colombianos deportados durante el fin de semana.
El gobernador del estado de Táchira, José Vielma Mora, informó este domingo que 791 colombianos que se encontraban de forma ilegal en territorio venezolano fueron entregados al Consulado General de Colombia.
Sin embargo, cifras difundidas por las autoridades migratorias de Colombia este lunes señalan que 751 de sus ciudadanos fueron expulsados (612 adultos deportados y 139 niños repatriados)
De ellos, 514 se encuentran en albergues en la zona de la frontera y se han trasladado a sus hogares en Colombia.
Las expulsiones, que han tenido lugar en menos de una semana, equivalen al 40% de las 1.820 que tuvieron lugar durante todo 2014.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el viernes el cierre de parte de la frontera con Colombia.
El gobierno colombiano pidió a Venezuela que “respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas”.
“Exigimos que antes de aplicar medidas de deportación se analice la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos“, indicó la Cancillería en un comunicado.
Estado de excepción
Las deportaciones –que se suman a los casi 1.500 deportados de este año– se realizaron en el marco de una jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en esta zona fronteriza con Colombia, una reciente campaña policial venezolana que busca acabar con bandas delincuenciales.
El operativo se activó después de que el viernes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declarara el estado de excepción en varios municipios del estado de Táchira, una región fronteriza con Colombia.
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La medida implica la suspensión del porte de armas, allanamientos sin orden judicial, pedir permiso con 15 días de anterioridad para hacer protestas, requisas y límites en las cantidades dinero que se cargan o transfieren, explicó el corresponsal de BBC Mundo en Caracas, Daniel Pardo.
Los municipios afectados por el cierre son Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia, ubicados en la zona fronteriza con Colombia.
Maduro anunció además el cierre de la frontera “hasta nuevo aviso”.
Respuesta colombiana
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, criticó esta decisión al asegurar que la medida es injustificada y afecta a los habitantes de ambos lados de la frontera sin resolver el problema del contrabando.
El mandatario, sin embargo, se mantiene firme en que los dos gobiernos deben trabajar juntos.
“Si cooperamos los únicos que pierden son los delincuentes, pero si se cierra la frontera y no hay coordinación los únicos que ganan son los delincuentes”, dijo Santos.
“Aún ante un creciente impacto social y económico del lado colombiano, el gobierno de Juan Manuel Santos ha elegido evitar la vía de la confrontación”, destacó el corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Natalio Cosoy.
El lunes Santos escribió en Twitter: “No desistiremos en solución diplomática”.
Por el puente internacional Simón Bolívar transitan a diario decenas de miles de personas y vehículos.
Está previsto que las cancilleres de Colombia María Ángela Holguín y de Venezuela Delcy Rodríguez mantengan una reunión bilateral el próximo 26 de agosto para analizar la situación en la frontera.
Este domingo, la Cancillería emitió un comunicado en el que dice que Colombia “reitera su voluntad de cooperación con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de profundizar la estrategia binacional de lucha contra el contrabando”.
Entre tanto, por la situación que se vive del lado colombiano de la frontera, el alcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez declaró este lunes la calamidad pública en su ciudad.
Contrabando y desestabilización
Los bajos precios de la gasolina subsidiada y de algunos productos regulados han llevado, sobre todo durante la última década, a la proliferación de los contrabandistas en la porosa frontera de 2.200 kilómetros que comparten.
Militares venezolanos detuvieron durante un operativo especial a ocho personas sospechosas de tener vínculos con grupos paramitilaters en Colombia.
Maduro asegura que grupos paramilitares colombianos viajan con regularidad a Venezuela, generando caos y escasez con el fin de desestabilizar la “revolución”.
La oposición venezolana, explica el corresponsal de BBC Mundo en Caracas, interpreta las medidas del gobierno en Táchira como una forma de distraer de la crisis económica, de tantear el terreno para suspender elecciones en zonas de mayoría opositora y de resolver los problemas que “ellos mismos crearon”.
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La campaña anti contrabando del gobierno venezolano empezó hace un año, cuando decretaron el cierre de la frontera por las noches y empezaron a deportar a decenas de colombianos.
Según cifras oficiales, esta campaña ha dejado 1.185 detenidos, 176 trochas inhabilitadas y 19.000 toneladas de productos confiscadas. Pero poco ha cambiado, porque el contrabando es un fenómeno estructural, dicen expertos.
El incidente
Según el gobierno venezolano, el enfretamiento del miércoles entre policías y contrabandistas se dio cuando los supuestos traficantes fueron interceptados cuando se disponían a cruzar a Colombia con un cargamento.
Medios locales opositores reportaron, citando fuentes policíales, que los tres policías heridos fueron víctimas de un robo.
Maduro declaró 60 días de estado de emergencia en cinco municipios fronterizos y desplegó un contingente de 1.500 soldados a la zona fronteriza.
“Les hicieron una emboscada precisamente en el momento en el que se dirigían en su tarea y faena diaria a combatir todas estas mafias de bachaqueros (contrabandistas) y paramilitares que vienen de Colombia”, dijo Maduro.
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El mandatario aseguró que las víctimas fueron “atacadas por la espalda” por dos motorizados “en un operativo muy a la usanza del paramilitarismo, con armas largas”. Y ordenó incrementar la actividad de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo para buscar a los responsables.
Operativo y allanamientos
En el operativo desplegado este fin de semana se realizaron allanamientos “casa por casa” en 2.000 viviendas en San Antonio del Táchira.
En estos allanamientos fueron arrestadas ocho personas sospechosas de pertenecer a grupos paramiliares, informó el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, que aseguró que “se están haciendo las investigaciones pertinentes”.
Cúcuta está comunicada con las ciudades de Ureña y San Antonio, que hacen parte del estado venezolano de Táchira, por el puente internacional Simón Bolívar.
Las autoridades venezolanas indicaron además haber encontrado explosivos, armas, combustible, material inflamable, dinero, uniformes de grupos paramilitares colombianos y un centro de prostitución clandestino.
Arreaza señaló que el operativo continuará en los próximos días.
Medidas humanitarias
Las autoridades colombianas crearon un Centro de Mando Unificado en la ciudad de Cúcuta (noreste) para atender a los deportados en la frontera entre Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia).
“Necesitamos que se dé un tratamiento digno a los colombianos en la frontera, que se respeten sus derechos humanos”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernándo Cristo.
Por su parte, la Cruz Roja está dando asistencia sanitaria a colombianos que viven en Venezuela, pero que quedaron varados en Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander, y necesitan atención médica.
Colombia advirtió del impacto del cierre de la frontera para las personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos para ambos países.
Desinformación en redes
El gobierno de Colombia alertó de las imágenes y videos que “personas malintencionadas” están circulando en las redes sociales “de situaciones que se han presentado en otros países como si fueran hechos ocurridos en nuestra frontera, buscando aumentar la tensión que ya se registra en la zona”.
“Esto sólo genera sentimientos negativos entre dos países que buscan avanzar a través del diálogo y el trabajo conjunto”, indicó la cancillería en un comunicado.