Los trabajadores “cincuentones” perjudicados en su jubilación por el régimen mixto implantado en 1996 —que consiste en repartir los aportes entre el sistema solidario del Banco de Previsión Social (BPS) y la capitalización individual en las AFAP— continúan concurrieron a la Justicia para dejar sentado su reclamo. Esta semana unos 200 tuvieron audiencias de conciliación, una instancia previa que habilita al afectado a iniciar un juicio al Estado por los perjuicios económicos cuando se jubile.
“Son audiencias que se vienen haciendo hace más de dos años. Se cita al Poder Legislativo (como la contraparte) que rechaza su responsabilidad y queda abierto el camino para un juicio por reparación patrimonial por la responsabilidad del Estado en el acto legislativo” que creó el sistema mixto, explicó a El País el abogado Hoenir Sarthou, que promueve estos casos. Añadió que “todas las semanas” hay audiencias de este tipo fijadas en los tribunales judiciales.
Los “cincuentones” perjudicados eran trabajadores menores de 40 años en 1996 y fueron obligados a sumarse al régimen mixto por su nivel salarial, pero al momento del retiro laboral en algunos casos se encuentran con una pasividad inferior a la que recibirían por el sistema anterior (hasta 35% según cálculos hechos por el Pit-Cnt).
Aparte de las instancias de conciliación, en el plano judicial existen unos 8.000 recursos de inconstitucionalidad contra la ley que creó el régimen mixto presentado por personas perjudicadas en su jubilación. Sarthou dijo que las dos presentaciones más antiguas “están en carpeta de los ministros (de la Suprema Corte) para dictar sentencia desde noviembre del año pasado”. Según informó ayer el semanario Búsqueda, para los integrantes de la Corte la norma es constitucional y rechazarán el recurso interpuesto por los “cincuentones”.
El abogado detalló que la inconstitucionalidad en caso de que hubiera recibido un fallo favorable tendría efecto sobre los trabajadores activos, mientras que los ya jubilados tienen la opción de demandar al Estado previa audiencia de conciliación en un juicio cuyo monto se deberá estudiar “caso a caso”.
Hace unas semanas la representación de los trabajadores en el BPS presentó un anteproyecto de ley —la iniciativa legislativa en temas de seguridad social es exclusiva del Poder Ejecutivo— en busca de una solución para este colectivo. Plantean que se permita a los mayores de 50 años desafiliarse de las AFAP y jubilarse por el régimen de transición (anterior al sistema mixto), estableciendo un período de dos años (un año para los mayores de 60 años) para que el afiliado pueda asesorase sobre su situación.
De acuerdo con proyecciones hechas el año pasado por el BPS, la solución propuesta por la representación de los trabajadores tendría un costo anual de US$ 121 millones en un escenario de mínima (con 22.860 desafiliados de las AFAP) y de US$ 186 millones en una estimación máxima (con 41.163 desafiliados). Asimismo, como el dinero de los desafiliados volvería al BPS, el Estado tendría dinero suficiente para pagar las pasividades por el régimen de transición sin ningún costo extra por unos 15 años.
Pese a que el reclamo de los “cincuentones” cobró fuerza y las autoridades han reiterado que analizan la situación, fuentes sindicales dijeron a El País que un fallo contrario de la Corte sería motivo suficiente para que el gobierno rechace cualquier compensación para los perjudicados. Por este motivo es que parte del colectivo de “cincuentones” que se movilizó con el apoyo del Pit-Cnt no respaldaba los recursos ante la Justicia, ya que entienden que la solución pasa por una decisión política y no legal.