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Hay trámites judiciales que van muy lentos. La Justicia suiza está cerca de desbloquear cuentas de Lázaro Báez porque la Argentina jamás le informó sobre el eventual origen delictuoso de ese dinero.

Otros trámites, en cambio, vuelan. El pasado domingo 9 en su programa televisivo Jorge Lanata denunció que la empresa Hotesur, de Cristina Fernández de Kirchner, funciona de manera irregular, adeuda impuestos y no presenta balances ante la Inspección General de Justicia. El lunes 10 la diputada Margarita Stolbizer transformó la denuncia periodística en denuncia judicial, y acusó a la Presidenta de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El martes 18 el fiscal Carlos Stornelli pidió abrir la investigación del caso. Ayer, jueves 19, el juez Claudio Bonadio ordenó allanar las oficinas de Hotesur, que administra los hoteles de la familia Kirchner en El Calafate. 

Son malas noticias para Cristina. Y puede haber más. Ella lo sabe.

El martes último, el mismo día que Stornelli le pidió a Bonadio iniciar la investigación sobre Hotesur, se conoció un fallo de la Justicia suiza que reveló la existencia de la cuenta secreta de una fundación de Lázaro Báez. Allí entraron 15 millones de dólares durante 2012. La cuenta y cajas de seguridad vinculadas fueron bloqueadas. El periodista Daniel Santoro publicó en exclusiva esa información, anteayer en Clarín.

No son gratas ni gratis para Cristina estas revelaciones acerca de los manejos de Lázaro Báez. El inasible jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, ya afirmó en público que este empresario de prosperidad vertiginosa desde que Néstor Kirchner llegó al poder mantiene “vínculos comerciales” con la Presidenta.

La desgracia de Báez, que parece una novela con final anunciado, puede terminar salpicando feo a Cristina, incluso cuando haya dejado de ser Presidenta. Véase el caso de Carlos Menem: la recordada denuncia por tráfico de armas se empezó a investigar cuando estaba en su momento cumbre, al ser reelecto en 1995. Lo llevó a unos meses de prisión domiciliaria en 2001, casi dos años después de dejar la Casa Rosada. Caprichos de la historia circular: el fiscal de aquella causa era Stornelli.

Tanto incordio quizás haya influido para que la Presidenta tuviera el martes pasado un día de aquellos. La explosión de furia y el trato destemplado que obsequió a quienes estuvieron ese día con ella asombró, incluso, a funcionarios que son parte del sistema kirchnerista desde los lejanos tiempos de la gobernación en Santa Cruz. El dato corrió con tono de alarma en la vieja pingüinera. Demasiada gente lo supo, imposible que la información pudiese quedar por completo tabicada.

Senadores oficialistas también notaron, ese día, visiblemente agitados al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y al ministro Julio De Vido, cuando llegaron directo desde Olivos para defender y apurar la nueva ley de telecomunicaciones. Se ve que les dieron mucha tarea para el hogar, ironizó un funcionario del Senado que estuvo en esa reunión con los ministros.

La preocupación por ese estado de ebullición temperamental de la Presidenta podría vincularse a algún episodio similar ocurrido semanas atrás, en coincidencia temporal con la fuerte infección intestinal que obligó a su internación en el Sanatorio Otamendi el domingo 2 de este mes. Cristina pasó allí una semana, volvió a Olivos con indicación de reposo por un mínimo de 10 días. Hoy cumple 12 en esa condición y seguiría así hasta el próximo martes. El objetivo de sus médicos era aliviarle el estrés. No se sabe aún si lo han logrado.

Dos allegados a ministros del Gabinete coincidieron ante Clarín en que antes de aquel episodio de fuerte compromiso emocional a fines del mes pasado, la Presidenta habría recibido un informe sobre el progreso de los fondos buitre en su investigación sobre las cuentas de Lázaro Báez en el exterior, las decenas de empresas fantasma que se le atribuyen y la hipotética aparición del nombre de Máximo Kirchner en esos movimientos financieros.

Esos fondos, en particular Elliott Associates, con autorización de la Justicia de los Estados Unidos están rastreando fondos argentinos en el mundo para embargarlos. Reclaman el pago por el juicio que le ganaron al país en Nueva York. Buscan en EE.UU., en Europa y en paraísos fiscales.

Husmear y descubrir fondos presuntamente originados en actos de corrupción, y extorsionar con esos datos al presidente renuente a hacer el pago, fue un mecanismo que les dio excelentes resultados para cobrarle a Dennis Sassou-Ngueso, mandatario de Congo, en 2008 y después de diez años de paciente tarea.

Luego de persuadir a Sassou-Ngueso de la conveniencia de pagar lo que el Congo les debía, los fondos buitre perdieron todo interés en esas cuentas. No es transparencia lo que esos fondos persiguen, todo lo contrario. Pero resulta que acá hay mucha gente decidida a hacer lo necesario para que esos datos obtenidos y esas pesquisas no queden en el olvido.

Los diputados Graciela Ocaña, Manuel Garrido y Margarita Stolbizer están impulsando causas judiciales dentro y fuera del país. Sectores de poder que tienen cuentas pendientes con Cristina y el kirchnerismo podrían sumar recursos y fuentes propias a las investigaciones en curso, accediendo a información muy calificada. 

Y además están los jueces y fiscales que ahora asoman decididos a avanzar sobre los casos de corrupción que antes sectores de la Justicia enviaban rápido al archivo sin comprometerse ni arriesgarse.

No se trata de una valentía recién nacida: esto sucede cuando falta un año para que Cristina deje el poder y el temor a sus operaciones punitivas ha disminuido. 

El contexto también juega. Una porción mayoritaria del Poder Judicial se siente agredida por el kirchnerismo. La llamada “democratización de la Justicia”, frustrada en la Corte Suprema, fue un punto culminante de la ofensiva de la Casa Rosada para poner a los tribunales bajo control político. 

Hoy se buscan resultados parecidos por caminos diferentes. La reforma del Código Procesal Penal apunta a quitarle a los jueces la capacidad de investigar y dejar ese asunto en manos de los fiscales. Pero a la vez pone a los que hoy tienen esa tarea bajo riesgo de congelamiento, al crear una parva de fiscalías especiales, con personal nuevo y recursos propios, que en los tribunales ya definen como la “fuerza de tareas” de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Se trata así de levantar una barrera de protección judicial para la retirada kirchnerista.

Todo esto configura una pulseada sorda y violenta en pleno desarrollo.

Bonadio, el juez que ayer allanó la empresa hotelera de Cristina, ya procesó al vicepresidente Amado Boudou por falsear papeles de un automóvil para escabullirlo de la separación de bienes en su divorcio.

Ariel Lijo es el juez que primero procesó a Boudou, por el escándalo de corrupción en el caso Ciccone. También lo investiga por enriquecimiento ilícito.

La jueza María Servini de Cubría ordenó allanar la AFA en agosto y esta semana la sede de 25 clubes, buscando la ruta de más de 5.000 millones de pesos del programa Fútbol para Todos. Parte de ese dinero habría sido desviado. En la causa están imputados Capitanich y sus dos antecesores en la Jefatura de Gabinete: Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández.

Estos y otros magistrados federales quizás hayan descubierto cuán coincidentes eran sus preocupaciones y desvelos durante un simpático asado de camaradería realizado algún tiempo atrás.

La Presidenta, como todo líder político, seguro está preocupada por cómo la va a tratar la Historia después que deje el poder. Ahora quizás también se preocupe por cómo la va a tratar la Justicia.