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Que el procurador Alejandro Ordóñez haya ratificado su sanción de destitución e inhabilidad por 15 años contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro no sorprendió a nadie. Tampoco que en las manos del jefe del Ministerio Público reposaba la posibilidad de recortar la carrera contrarreloj del mandatario local hacia la revocatoria que le insuflaría aire político.

De los 50 días que le quedaban a Petro para resistir el fallo en cinco distintos escenarios, Ordóñez despachó en un solo día ambos frentes y ahora las esperanzas del alcalde radican en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.

Mientras esta entidad revisa el caso, la destitución de Petro desata una serie de desafíos para el propio alcalde, sus seguidores, sus opositores y los habitantes de la capital. Desde su cuenta en Twitter, a pocos minutos de conocerse la ratificación del fallo, el destituido mandatario invitó a “una movilización permanente de la ciudadanía en contra del ‘golpe de Estado’”.

Esto se suma a la convocatoria durante un discurso en la marcha del pasado viernes en las que el alcalde pidió a sus seguidores quedarse permanentemente en la Plaza de Bolívar como protesta contra la decisión de Ordóñez.

Todo indica entonces que Petro le apostaría a una resistencia ciudadana con sede en la emblemática plaza capitalina. Esta es la prueba de fuego para su naciente movimiento de indignación. De la convocatoria y permanencia de la movilización petrista dependerá que se abran salidas políticas prontas ya que las ventanas jurídicas dentro del ordenamiento nacional se le están agotando al alcalde.

En otras palabras, Petro necesita generar con su movilización un hecho político de tal magnitud que empuje al presidente Santos a reconsiderar espacios políticos.

El reto para el alcalde está en la construcción de esta “resistencia” desde afuera de la alcaldía. Por más molestia que genere a sus seguidores, Petro deberá respetar la decisión de la Procuraduría, ejecutada por la Casa de Nariño, y salir de su cargo.

De ese respeto inicial a la normatividad, dependerá tanto el tono de su movimiento como la legitimidad de su protesta. Un antecedente cercano al del alcalde bogotano es el del exaspirante presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien protestó por meses en las avenidas del Distrito Federal contra un supuesto fraude en las elecciones presidenciales.

Los petristas también enfrentan un desafío: el de la protesta pacífica. Hasta ahora las movilizaciones de apoyo al alcalde y rechazo al Procurador no han generado desórdenes y se han desarrollado de manera tranquila y respetuosa. Esa actitud de los seguidores del alcalde debería continuar en los distintos escenarios de protesta que se convoquen.

A los opositores del alcalde Petro les esperan decisiones. Por ejemplo, la persona que encargue el presidente Santos de la alcaldía de Bogotá debe continuar los proyectos más importantes del plan de desarrollo vigente y evitar el desgobierno de la ciudad. Sería un error de las fuerzas políticas contrarias a Petro asumir la decisión de la Procuraduría como una derrota de las ideas del alcalde.

Sólo el triunfo en las elecciones atípicas, incluido el de un candidato petrista, proveerá la legitimidad política de impulsar un modelo de ciudad con toda la potencia del Distrito.

A los bogotanos en general les corresponde asimismo una dosis de responsabilidad cívica en los críticos momentos políticos que atraviesa la capital. Tanto los escenarios de resistencia política que desplieguen Petro y sus seguidores como la campaña electoral que vendrá encenderán ánimos y despertarán controversias en la ciudad.

La transición del Distrito hacia una nueva administración, que podría ser de la misma corriente petrista, requiere la participación democrática de sus habitantes. En juego estará o la ratificación electoral de las ideas de Petro o la apuesta mayoritaria a un nuevo rumbo para Bogotá.