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Lula sigue siendo la figura más popular del gobernante Partido de los Trabajadores, y su gran baza electoral.
Poco después de que cientos de miles de personas salieran a las calles a protestar contra el gobierno y salpicado por un escándalo de corrupción de la gigantesca petrolera estatal Petrobras, el expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva aceptó este miércoles ser el número dos del gobierno de Dilma Rousseff.
Lula, presidente entre 2003 y 2011, aceptó la propuesta de Rousseff de ser ministro de la Casa Civil, lo que en otros países se conoce como jefe de gabinete o ministro de la Presidencia.
El exmandatario sale así de su retiro político para asumir el que muchos consideran el segundo cargo político más importante del país, en una maniobra que muchos sin embargo ven con sospecha, pues el propio expresidente está siendo investigado por corrupción.
¿Pero podría esto permitir que Rousseff después de todo salga de la peor crisis política que afecta al país desde hace décadas? ¿O representa el comienzo del fin definitivo de su gobierno?
Te explicamos aquí las claves y consecuencias de este nombramiento.
1. ¿Qué gana Rousseff nombrando a Lula ministro?
El expresidente Lula sigue siendo el gran baluarte del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) debido a su inmensa popularidad, sobre todo tras lograr reducir la pobreza y desigualdad cuando estuvo al frente del gobierno entre 2003 y 2010.
Por ello se especulaba ya desde hace semanas sobre su posible nombramiento para ayudar a energizar la base del PT frente a los problemas judiciales del gobierno.
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Dilma Rousseff busca el apoyo de su mentor Lula para salvar a su gobierno y negociar con sus aliados en el Congreso, evitando así un juicio político.
Algunos analistas apuntan a que su entrada en el gabinete traería también un poco de orden a lo que muchos consideran un gobierno caótico de Rousseff.
La presidenta está muy debilitada políticamente por los escándalos de corrupción y enfrenta además denuncias ante el tribunal electoral de que realizó campaña con fondos ilícitos.
Lula también debería poder ayudar a encauzar las negociaciones con el principal partido de la coalición, el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Actualmente el PT está en minoría en ambas cámaras del Congreso y el PMDB se fijó el pasado sábado un plazo de 30 días para decidir si continuaba o no en el gobierno, algo que podría empujar a otros partidos a hacer lo mismo.
Lograr mantener el apoyo del PMDB se antoja fundamental no sólo para mantener la gobernabilidad del país, actualmente sumergido en una profunda recesión económica, sino también para frenar el juicio político (impeachment) en el Congreso contra Rousseff que podría terminar obligándola a entregar la banda presidencial antes del 31 de diciembre de 2018, como estaba originalmente planeado.
El proceso está actualmente congelado a la espera de que el Supremo Tribunal Federal defina la forma en la que se elegirán a los 65 miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes que deberá emitir un dictamen a favor o en contra de la apertura del proceso, lo que empezará a hacer esta semana.
En caso de un dictamen favorable, el mismo será sometido a la votación de la cámara baja que, de aprobarlo, traspasaría la responsabilidad de la decisión final al Senado, que tiene 180 días para llegar a una decisión.
Más allá, algunos expertos señalan que este nombramiento pone a Lula en una posición perfecta para sustituir a Rousseff y presentarse como candidato del PT en las próximas elecciones presidenciales dentro de dos años, ya que Rousseff no puede volver a presentarse y que actualmente el PT no tiene ninguna figura alternativa.
2. ¿De qué acusan a Lula?
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Lula también fue blanco en las manifestaciones masivas contra el gobierno este fin de semana.
Lula, mentor político de Rousseff, está acusado de beneficiarse de la corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
Los investigadores indicaron que entre los indicios hallados hay donaciones y pagos por conferencias de Lula por unos US$8 millones.
El dinero habría sido aportado por constructoras involucradas en la corrupción de Petrobras al Instituto Lula y a una empresa de conferencias del expresidente.
Asimismo, la Fiscalía de Sao Paulo pidió la semana pasada prisión preventiva para Lula por presuntos delitos de lavado de dinero mediante ocultación de patrimonio y falsedad documental. La juez del caso todavía debe analizar la petición de la fiscalía.
En la denuncia, los fiscales acusan a Lula y su esposa, Marisa Letícia, de ser dueños de un apartamento triplex ubicado en la exclusiva localidad costera de Guarujá, en Sao Paulo.
El mismo habría sido reformado por la empresa constructora OAS, que vio cómo uno de sus antiguos ejecutivos era sentenciado en la causa de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
El expresidente, sin embargo, alega que no es dueño del apartamento y que tanto él como su esposa visitaron el inmueble sólo una vez para evaluar comprarlo, pero que luego desistieron, y afirmó que los cargos tienen motivaciones políticas.
3. ¿Es Lula ahora inmune contra cualquier juicio?
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Existe la duda sobre cuánto podrá en realidad Lula ayudar a Rousseff, ambos salpicados por el escándalo de corrupción ligado a la petrolera estatal Petrobras.
Ser ministro proporciona a Lula el estatus de protección judicial del que disfrutan los altos cargos del gobierno y cientos de miembros del Congreso.
Esto quiere decir que ahora sólo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo Federal, la instancia judicial más alta del país.
Ello no debería suponer en teoría ninguna diferencia ya que, a fin de cuentas, Lula podría ser juzgado en caso de que haya indicios en su contra.
Sin embargo, algunos expertos dudan de que este tribunal, muchos de cuyos miembros fueron nombrados por Lula y Rousseff, muestre el mismo entusiasmo contra los altos cargos del PT que el juez federal Sergio Moro.
Éste actualmente lidera la investigación del caso por el escándalo de corrupción en Petrobras y ya no podrá investigar los posibles vínculos de Lula con esta trama ilegal, ya que el caso pasaría directamente al Tribunal Supremo Federal.
4. ¿Se trata, por tanto, de un intento de obstaculizar la justicia?
Para muchos, este nombramiento podría ser visto como un intento de obstaculizar el devenir de la justicia en el caso Petrobras, alimentando las dudas sobre el gobierno que desembocaron en manifestaciones masivas en su contra.
Según el periódico Folha de Sao Paulo, el exmandatario de hecho originalmente habría declinado esa posibilidad precisamente porque no quería que la protección que acompañaría a un nombramiento ministerial fuera interpretada como una admisión de culpabilidad.
No obstante, según Pedro Serrano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad PUC-SP, Lula ahora de hecho podría estar en peor situación que antes.
“Judicialmente es peor para él porque después de la decisión del Tribunal Supremo Federal, no podría apelar su sentencia ya que la decisión de esta corte es definitiva”, afirmó Serrano a la BBC.
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