Los simpatizantes del gobierno consideran el fallo del juez Griesa un ataque a la soberanía. Foto: Reuters
Después de 13 años de altibajos en su economía, los argentinos escucharon de nuevo una palabra temida: default (o cesación de pagos).
Este miércoles está por cumplirse el plazo para que Argentina pague a un grupo de tenedores de deuda estructurada, convirtiéndose en la segunda vez en el siglo XXI que el país se encamina a la suspensión de pagos, luego del masivo default de 2001, que fue el más grande en la historia.
A pesar de que medios locales todavía plantean la opción de un acuerdo entre bancos argentinos y holdouts, el fracaso de las negociaciones con el gobierno hicieron que el mediador designado por la Justicia estadounidense, Daniel Pollack, asegurara que “la Argentina entrará inminentemente en default”.
El default “no es una condición meramente técnica sino un evento real y doloroso que dañará a personas reales: estas incluyen ciudadanos argentinos, los bonistas que entraron al canje y lo houldouts”, aseguró el mediador.
Eso sí, esta vez será un default sui géneris, pues no sería un cese de pagos voluntario sino obligado por falta de alternativas para depositar su dinero, completamente distinto a lo ocurrido hace 13 años.
BBC Mundo le ofrece las claves del llamado “default selectivo” argentino, las opciones del gobierno para vivir con él y sus posibles implicaciones.
¿Por qué es un “default selectivo”?
Así lo calificó la agencia de medición de riesgo Standard and Poor’s (S&P), quien declaró este miércoles a Argentina en “default selectivo” luego de que venciera el plazo del país para pagar US$539 millones.
Esta cantidad corresponde a ese pago concreto previsto para un grupo de tenedores de deuda, que en realidad Argentina había transferido ya hace un mes, pero que nunca llegaron a manos de los bonistas.
¿La razón? Un fallo de la Justicia de Estados Unidos determinó que no puede pagar sus bonos reestructurados hasta que pague también unos US$1.500 millones a un grupo de fondos especulativos que demandaron al país por el valor total de sus papeles.
Es selectivo porque se refiere a este pago concreto, con vencimiento original del 30 de junio, y que estaba sujeto a un periodo de gracia de 30 días que expiraba al finalizar el miércoles.
Además, hay bonos argentinos pagables bajo ley de Estados Unidos, otros en Argentina, e incluso en diferentes monedas: pesos, dólares, yenes… En medio de esta complejidad de la deuda argentina aún no está claro todavía qué bonistas podrán recibir los pagos de Argentina y cuáles no, según la decisión del juez Thomas Griesa.
Pero como aclara la agencia de medición de riesgo Standard and Poor’s, podría revisar su clasificación si finalmente se anunciara una manera de efectuar los pagos.
¿Por qué, según Argentina, “no es un default”?
El gobierno argentino asegura que no existe ningún default, argumentando que no cabe cesación posible cuando el propio estado sigue pagando voluntariamente a sus deudores.
“No es default porque Argentina paga. El default de un país es la consecuencia de los problemas de un país, de solvencia, de divisa… no la causa. Que el juez impida cobrar es un problema que carga sobre las espaldas del juez, no relativo a la posición del país”, dijo este miércoles el ministro de Economía, Axel Kicillof.
“¿Quién creen en las agencias calificadoras todavía? ¿Quién cree que son todavía referís imparciales?”, dijo durante una conferencia de prensa en Nueva York.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner insiste en que seguirá pagando sus deudas, y califica el término de “default selectivo” como un “eufemismo, una situación novedosa e insólita”.
Más allá de los fondos bloqueados por Griesa, existen otros acuerdos por los que Argentina podrá seguir pagando a otras instituciones, como la española Repsol -indemnizada por la nacionalización de YPF- o el Club de París -al que Argentina pagó US$650 millones apenas esta semana-.
¿Cómo llegó Argentina a esta situación?
La presidenta argentina, Cristina Fernández, dijo que su país quiere pagar y que el juez Griesa se lo impide.
Mientras que Argentina logró reestructurar el 93% de la deuda de cerca de US$100.000 millones que había entrado en cesación de pagos en 2001, aún debe negociar con el 7% que se rehusó a entrar en los canjes de deuda de 2005 y 2010, conocidos como “holdouts” o “fondos buitre” según el gobierno argentino.
Se trata de un grupo de fondos de inversión extranjeros que demandaron a Argentina ante la Justicia estadounidense y a los que el juez de Nueva York Thomas Griesa les dio la razón.
Son apenas un pequeño grupo, representan el 0,45% del total de acreedores, pero Argentina mantiene que si les paga el 100% del valor de sus bonos a estos demandantes, el resto de los holdouts exigirá lo mismo, algo que el país considera impagable.
El juez Griesa falló que Argentina debe pagar a todos sus acreedores en lugar de ser selectiva.
Es decir, impide al país seguir pagándole al 93% de los bonistas que sí aceptaron reestructurar sus bonos si no le paga también a los demandantes, por lo que Argentina ya había advertido que un fallo adverso generaría una nueva cesación de pagos o default técnico.
Aunque el gobierno intentó depositar el pago previsto a los tenedores de deuda reestructurada, el juez ordenó frenar esa transferencia, lo que en la práctica ya dejaba a Argentina en una cesación de pagos oficiosa.
¿Es esta crisis parecida a la de 2001?
Ni la situación económica ni el tipo de default se parecen a la crisis de 2001.
No. En primer lugar, las condiciones de partida son muy diferentes. Aunque Argentina ha vivido en los últimos años una desaceleración de su economía y se ha visto afectada por los altos índices de inflación, su economía es aún significativamente más robusta que hace 12 años y la deuda representa un porcentaje del Producto Interior Bruto mucho menor.
Pero es que además la naturaleza de este default sería muy distinta a la de aquella crisis.
“Este sería un defaul extraño, porque no se produce porque Argentina sea incapaz de pagar, como en 2001, sino por el fallo de la corte y las dificultades que introduce en el calendario de pagos de Argentina al resto de deudores”, le explica a BBC Mundo el economista Alan Cibils.
“El default de 2001 fue en aquel momento una buena decisión y acabó ayudando a Argentina a salir de la crisis, con varios años de crecimiento”, dice el profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Entre 2005 y 2010 Argentina logró reducir en más de un 60% el valor de su deuda. Ahora, para pagarle a los holdouts el total de lo que reclaman tendría que destinar más de dos tercios de sus reservas, según las estimaciones oficiales.
Qué tanto contribuiría un default a “desandar” el camino recorrido por Argentina nos lleva a la siguiente pregunta.
¿Cuáles son los efectos que podría tener este default en la economía?
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, pidió el apoyo internacional contra los “fondos buitre”. Foto: AP
Según el gobierno, el aumento de la deuda podría conllevar un aumento del desempleo, una de las mayores preocupaciones de los argentinos en una economía en recesión. Es por eso que la presidenta dijo que no estaba dispuesta a firmar “cualquier cosa”.
Cristina Fernández ha hecho llamados a potenciar el consumo en el país para fortalecer la economía en época de turbulencias.
“Necesitamos fortalecer más que nunca el mercado interno. Compren una moto si es que puede, compren una plancha o un lavarropa si es que lo necesitan, porque estarán fortaleciendo el trabajo de los argentinos”, dijo recientemente Fernández de Kirchner.
Algunos analistas aseguran que además podría poner en riesgo inversiones extranjeras clave, como las del yacimiento de Vaca Muerta.
Algo que el ejecutivo niega: “Los acuerdos desde el punto de vista de las inversiones extranjeras directas se respetan claramente en virtud de los compromisos preexistentes”, según el jefe de gabinete, Jorge Capitanich.
En realidad, Argentina lleva ya más de una década excluida de los mercados internacionales de crédito. Es por eso que el país tendrá que seguir buscando otras fuentes de financiación alternativas.
Como lo fue, por ejemplo, el reciente acuerdo entre el Banco Central argentino y el gobierno chino para contar con un apoyo a las reservas de hasta US$11.000 millones.
“Mañana será otro día y el país seguirá andando”, dijo Kicillof para tranquilizar al país.
¿Afecta esta situación al resto de países?
Otros países en default podrían elegir otros mercados, no el de EE.UU., para reestructurar sus deudas. Foto: AFP
Sí. “Es uno de los aspectos clave de este fallo. Implica que cualquier país que esté contemplando un default debería ser muy cuidadoso con dónde decide reestructurar su deuda”, explica Cibils.
“Y Nueva York parece un lugar que deberían evitar, lo que tendrá un impacto en los mercados financieros de Estados Unidos”, añade.
Y es que, según el Fondo Monetario Internacional, al ofrecer a los holdouts un mecanismo para extraer la recuperación fuera de un canje de deuda voluntario, las decisiones incrementarían los riesgos de que los holdouts se multipliquen.
Por otro lado, “los acreedores, quienes de otra manera están inclinados a acordar una reestructuracion, podrían ser menos propensos a hacerlo” en futuras ocasiones y en otros países, según el FMI.
Es por eso que Argentina cuenta con el apoyo del FMI, pero también de numerosos gobiernos, del grupo del G77+China y de la Organización de Estados Americanos.
¿Todos pierden con esta situación?
No. También hay quienes saldrían beneficiados si el país se ve nuevamente imposibilitado de pagarle a sus acreedores, incluso si esta vez la falta de pago se da como consecuencia de un fallo de la justicia de EE.UU. y no por decisión del gobierno, como ocurrió en 2001.
Los principales ganadores serán quienes posean seguros contra default (credit default swap o CDS, por sus siglas en inglés), que se activarán no bien la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, en inglés) confirme la situación de Argentina.
Se desconoce con exactitud quiénes y cuántos serán estos beneficiados, ya que los CDS son contratos entre privados.
Muchos en Argentina creen que los “fondos buitre” que demandaron al país poseen estos seguros, por lo que obtendrían una ganancia incluso si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se niega a pagarles los cerca de US$1.500 millones que reclaman por sus bonos.
Pero lo cierto es que es imposible saberlo, debido a lo secreto de estas transacciones.
Con información de Verónica Smink e Ignacio de los Reyes
