La llaman la fiesta del fútbol latinoamericano, pero para una treintena de dirigentes y empresarios ligados a este deporte, la Copa América se transformó en una pesadilla.
El miércoles la Fiscalía de EE.UU. hizo pública una investigación donde acusa formalmente a 14 personas –nueve autoridades de la FIFA y cinco empresarios o ejecutivos- de haber recibido o pactado sobornos por unos US$150 millones a cambio de derechos de transmisión, publicidad y patrocinio de torneos de fútbol y adjudicar sedes de campeonatos.
En un mediático despliegue, varias autoridades de la FIFA fueron arrestadas el miércoles en Zúrich.
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Más de dos tercios del monto total de sobornos correspondían a pagos ilegales por los derechos de transmisión y publicidad de la Copa América.
La Copa América es un torneo internacional que se realiza cada 4 años y reúne a las selecciones nacionales masculinas de fútbol más importantes de Sudamérica: las diez selecciones que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Además, suelen participar dos equipos invitados, generalmente México y EE.UU.
Y en junio de este año, Chile será sede del evento, cuyos derechos de difusión son hoy mirados bajo lupa.
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Los 14 acusados
Jeffrey Webb – Islas Caimán
Eduardo Li – Costa Rica
Julio Rocha – Nicaragua
Costas Takkas – Reino Unido
Jack Warner – Trinidad y Tobago
Eugenio Figueredo – Uruguay/EE.UU.
Rafael Esquivel – Venezuela
José María Marín – Brasil
Nicolás Leoz – Paraguay
Alejandro Burzaco – Argentina
Aaron Davidson – EE.UU.
Hugo Jinkins – Agentina
Mariano Jinkins – Argentina
José Margulies – Brasil
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¿Dos décadas de corrupción?
Desde 1987 la compañía Traffic, del conocido periodista deportivo y empresario brasileño José Hawilla, adquirió los derechos de transmisión y marketing de la Copa América.
El documento de la Fiscalía estadounidense, una persona denominada como “coconspirador #2” y descrita como “el fundador y dueño de Traffic Group, una compañía multinacional de marketing deportivo con sede en Sao Paulo, Brasil” comenzó a principios de los 1990s a pagar “decenas de millones de dólares” en sobornos requeridos por las autoridades de la Conmebol para continuar como titular de los derechos de transmisión.
“Coconspirador #2 utilizó varias técnicas sofisticadas de lavado de dinero para pagar sobornos y comisiones ilegales”, asegura el documento.
Así, según la investigación del FBI, Traffic mantuvo los derechos de transmisión de la Copa América por 20 años.
Sin embargo, en abril de 2010, la Conmebol llegó a un acuerdo con Full Play, compañía perteneciente a los argentinos Hugo y Mariano Jinkis que le concedía los derechos de transmisión de los siguientes 3 torneos: 2015 (Chile), 2019 (Brasil) y 2023 (Ecuador), además de otros torneos menores.
Viendo peligrar su lucrativo negocio, Traffic demandó en una corte de Florida a la Conmebol y a Full Play argumentando que el convenio violaba un acuerdo firmado entre la compañía brasileña y la confederación en 2001. Según Traffic, el acuerdo les otorgaba los derechos del torneo 2015 y una opción prioritaria de adquirir los de las siguientes tres copas.
Lo que no sabía la opinión pública era que el fundador de Traffic buscaba con los Jinkins y con Alejandro Burzaco –socio de Full Play a través de la empresa Torneos y Competencias- una salida conveniente para todas las partes del conflicto.
Y la solución pronto tuvo nombre: Datisa.
Según la información recopilada por el FBI, en marzo de 2013 los cuatro hombres tuvieron una corta reunión en Buenos Aires. Los argentinos le dijeron al representante de la brasileña que Full Play y Torneos y Competencias ya habían quedado de acuerdo con la Conmebol en el pago de una serie de sobornos relacionados con los derechos de la Copa América. Le pidieron al representante de Traffic contribuir con US$10 millones a lo que este accedió.
Dos meses después de la reunión nacía Datisa, empresa cuya propiedad se dividió en tres partes iguales, para Traffic, Full Play y Torneos.
Sólo cuatro días después de su creación, Datisa celebraba en Londres un contrato con Conmebol que le otorgaba la exclusividad mundial de los derechos comerciales de los torneos de 2015, 2019 y 2023, además de un apetecido cuarto torneo extra: la Copa América Centenario, que se jugará en 2016 en EE.UU. para celebrar los 100 años del torneo.
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El centenario
El contrato, por US$317,5 millones (US$75 millones por la de 2015, US$77,5 millones por la de 2016, US$80 millones por la de 2019 y US$85 millones por la de 2023), fue firmado por representantes de los tres propietarios de Datisa y por 12 autoridades de Conmebol.
Eso, según las cifras oficiales.
Porque según la investigación estadounidense, Datisa se comprometió a pagar US$100 millones en sobornos para las autoridades de la Conmebol quienes, además, son miembros de la FIFA.
Las comisiones ilegales se ejecutarían en cinco pagos: US$20 millones durante la firma del contrato y US$20 millones por copa.
Supuestamente cada pago, a su vez, se dividía entre los distintos miembros: US$3 millones para cada uno de los oficiales “top” de la Conmebol, es decir, su presidente y los presidentes de las federaciones de Brasil y Argentina, y US$1,5 millones para cada uno de los siete otros presidentes de la Conmebol. Los US$500.000 restantes se le entregarían a una onceava autoridad.
Posteriormente, al sumarse la Confederación de Fútbol Centroamericana y del Caribe (Concacaf) al torneo centenario, Datisa se comprometió a desembolsar US$35 millones por los derechos, más unos US$10 en sobornos.
Según la información publicada por la Fiscalía estadounidense, se alcanzaron a ejecutar dos de los cinco pagos convenidos. Es decir, las autoridades de la Conmebol ya recibieron, según la investigación del FBI, US$40 millones en sobornos.
El modus operandi incluyó transacciones a través de bancos estadounidenses y suizos y la creación de subsidiarias cuyo fin específico, según el documento de la Fiscalía de EE.UU., era el pago de sobornos.
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El escándalo en cifras
- 47 cargos
- US$150 millones en sobornos recibidos por autoridades de la FIFA para facilitar derechos de transmisión, publicidad y patrocinio de torneos de fútbol y adjudicar sedes de campeonatos.
- 14 acusados de 11 países
- 25 coconspiradores
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Reacciones
Según información publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU., en diciembre de 2014 José Hawilla, dueño y fundador de Traffic Group se declaró culpable de los cargos de conspiración para estafa, fraude, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.
Dado el curso de la investigación, el hecho permaneció confidencial hasta la publicación del informe el miércoles.
Hawilla acordó entonces pagar una multa de US$151 millones, de los cuales US$25 millones fueron pagados al momento de declararse culpable.
Tras hacerse pública la investigación el actual presidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Napout aseguró a través de un comunicado su repudio a “todo acto de corrupción”.
Aseguró también que apoya “irrestrictamente las investigaciones iniciadas respecto de supuestos actos irregulares” comprometiéndose a colaborar “abierta y enfáticamente”. Sin embargo, no hubo mención respecto de las acusaciones de soborno por los derechos de los últimos torneos de la Copa América.
El que sí respondió sobre el tema fue Sergio Jadue, presidente de la Federación de Fútbol de Chile. Jadue comentó a los medios locales que efectivamente la federación recibió dinero de Datisa, pero como pago por los derechos de transmisión, dinero que se encuentra en las arcas de la federación. “Estoy tranquilo, está el comprobante de depósito”, declaró el dirigente.
Por su parte, el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, aseguró que “todo mal comportamiento dentro de la FIFA debe parar ya y debe ser castigado. Vamos a cooperar con las autoridades para lograrlo”.
Lea el informe completo de la Fiscalía de EE.UU. (en inglés)
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