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Germán*, un contrabandista colombo-venezolano, cruza la frontera a pie como quien está en su casa a pesar del cierre fronterizo impuesto por Nicolás Maduro hace 20 días.

En una lujosa oficina en uno de los municipios venezolanos donde se vive en estado de excepción desde hace dos semanas, Germán habla con BBC Mundo en condición de anonimato sobre la actividad ilegal que reina en esta zona montañosa compartida por dos países.

El contrabandista, que aunque creció en Venezuela tiene acento colombiano, posee una finca en plena frontera, por la que cruza sin apuro no solo ahora: lo ha hecho así durante los últimos años, en los que ha acumulado una fortuna gracias al contrabando de carne, azúcar y gasolina, productos que en Colombia se venden cientos de veces más caros que en Venezuela.

“Incluso con la frontera cerrada, hoy voy a pasar unos kilitos de carne porque la conseguí barata”, dice, para sorpresa de cualquiera que pase por el ahora militarizado río Táchira.

“Mira: acá todo está infectado por donde lo mires, empezando por las autoridades del Estado venezolano; acá todo tiene su precio“, asegura, citando a manera de ejemplo los supuestos sobornos que él como contrabandista debe pagar a la Guardia Nacional Bolivariana o al ejército venezolano.

También, asegura, les paga vacunas y vigilancia a las bandas armadas que ejercen control sobre esta zona Andina de la frontera y son consideradas un reducto del paramilitarismo colombiano.

Los paramilitares por los que Maduro cerró la frontera.

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Polémico cierre

El presidente venezolano justificó la medida con la necesidad de combatir los grupos paramilitares colombianos que según él generan la delincuencia y la crisis económica que se viven actualmente en toda Venezuela.

Según el gobierno venezolano, al menos 100 personas fueron arrestadas por supuestos vínculos con grupos paramilitares y miles de toneladas de productos –así como armamento– han sido incautados.

El cierre fronterizo es la nueva fase de una polémica política denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que busca “liberar a Venezuela del paramilitarismo”, en palabras de Maduro, y con la que se han allanado decenas de barrios populares que están controlados por bandas armadas.

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Al menos un centenar de presuntos delincuentes han muerto en los operativos policiales, según cifras oficiales.

La arrolladora llegada de la OLP a los barrios de invasión fronterizos –donde derrumbaron casas que estaban marcada con una ‘D’– generó una ola de migraciones de colombianos en Venezuela hacia el país que los vio nacer: casi 1.400 colombianos han sido deportados y más de 18.000 personas cruzaron por su propia voluntad, según la ONU.

“Me trataron como paramilitar, como criminal, solo porque soy colombiana”, le dijo a BBC Mundo Yolanda*, una madre de tres niños que fue deportada pero había vuelto ilegalmente a Venezuela a recoger sus pertenencias.

Su denuncia se agrega a muchas otras que alegan la violación por parte de autoridades venezolanas de los derechos humanos de personas humildes que hace años vivían en estas zonas; y, lejos de ser paramilitares, dicen ser desplazados de la violencia que flagela a Colombia hace más de medio siglo.

El gobierno venezolano sostiene que estos barrios de invasión eran bases de paramilitares que sometían a la gente al trabajo criminal.

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“Yo, como mucha gente de acá, no te voy a negar que alguna vez compré algo en Venezuela y lo vendí en Colombia, pero lo hice porque es una forma de sobrevivir acá”, dijo Yolanda, quien niega ser paramilitar, pero se siente perseguida como si fuera el más poderoso de ellos.

Para este reportaje BBC Mundo solicitó entrevistas con el ministro venezolano del Interior, Gustavo González, y con el gobernador del Táchira, el oficialista José Gregorio Vielma Mora, pero no obtuvo respuesta.

Paramilitarismo en Colombia

Los grupos civiles y armados que se organizaron en Colombia en los años 80 para combatir a la guerrilla –en alianza con el narcotráfico y algunas unidades militares– fueron denominados paramilitares en ese país.

En 2003, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se inició un proceso de negociación que dio como resultado un masivo proceso de desmovilización, en el que miles de combatientes abandonaron las armas.

Sin embargo, en los último años, cientos de estos desmovilizados volvieron a organizar bandas criminales –como los Urabeños y Los Rastrojos– que operan en gran medida en la frontera y se lucran del narcotráfico, del contrabando de productos que vienen de Venezuela y la extorsión de habitantes y comerciantes.

“Si antes de la desmovilización la situación de la frontera era grave, ahora es mucho peor, porque estas bandas delincuenciales ya no tienen una estructura jerárquica que los controle u organice sino que todo es un desorden, una anarquía”, le dijo a BBC Mundo en condición de anonimato un funcionario de la fiscalía colombiana que ejerció en Cúcuta como fiscal de paramilitares desmovilizados.

Jorge Restrepo, director del independiente Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos en Bogotá, dice que este “neoparamilitarismo” tiene dos facetas.

“Hay un paramilitarismo de vigilancia armada que no es ofensivo, ni antiestatal ni antiinsurgente, sino que corresponde a una seguridad privatizada, muy común en la gran mayoría del campo colombiano”, dice el investigador.

“Otro paramilitarismo es el funcional al crimen organizado, de carácter ofensivo y violento, más notorio y muy cercano al poder en aquellas zonas donde se arraigó el paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2003: en la costa Caribe, el norte del Valle del Cauca y el Catatumbo y Cúcuta”.

“En todos los anteriores la frontera no existe“, concluye Restrepo. “Son proyectos que utilizan la frontera”.

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El paramilitarismo en Venezuela

Mientras el paramilitarismo en Colombia ha sido documentado y estudiado por todo tipo de organizaciones, en Venezuela la información se reduce a la versión oficial.

El oficialismo culpa al paramilitarismo de la crisis económica y de inseguridad que padece Venezuela en los dos años que coinciden con el gobierno de Maduro, pero hay varios casos puntuales que el gobierno usa como “prueba de la incursión paramilitar”.

El más representativo es el caso del joven diputado chavista Robert Serra, quien murió a puñaladas en su casa en Caracas en octubre de 2014.

El presunto autor material del homicidio, Leiver Padilla, alias ‘El Colombia’, fue extraditado desde su país y se declaró en medios colombianos “víctima de un chivo expiatorio del gobierno venezolano”.

Por su parte, el presunto autor intelectual del crimen de Serra, un concejal de Cúcuta llamado Julio Vélez, fue arrestado en Venezuela después de dos años prófugo de la justicia colombiana, según anunció Maduro.

El Ministerio Público, sin embargo, no lo ha imputado por homicidio; según medios locales citando fuentes de la fiscalía, porque no tiene pruebas para dicho señalamiento.

Medios venezolanos de oposición reportaron que el móvil del asesinato de Serra fue, según fuentes policiales, un altercado entre él y su jefe de escoltas, que supuestamente decidió robarlo y matarlo.

Otro caso que tuvo repercusión mediática fue el de Liana Hergueta, una mujer de 53 años que apareció hace un mes descuartizada en un carro en Caracas.

El homicidio se añade a otros casos de descuartizamiento de cuerpos que fueron noticia recientemente.

Dos jóvenes venezolanos, José Pérez Venta y Carlos Trejo, son acusados por la justicia del homicidio de Hergueta.

Y el oficialismo los acusa de ser paramilitares y activistas de la oposición venezolana, después de que Maduro divulgó fotos de ellos con líderes opositores y videos en los que llamaban a derrocar al mandatario.

La oposición y la prensa opositora, sin embargo, denunciaron que eran infiltrados del gobierno en partidos opositores.

En los últimos meses el gobierno también ha acusado a los revendedores de productos básicos –conocidos como “bachaqueros”– y a los líderes de bandas criminales –o “Pranes”– de tener vínculos con paramilitares.

Personas que cumplen esos perfiles negaron ser colombianos, paramilitares o, incluso, opositores en varias conversaciones con BBC Mundo.

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“Lo mismo que crimen organizado”

Saúl Ortega es un diputado oficialista que preside una comisión parlamentaria sobre política exterior y una subcomisión de temas fronterizos.

En un receso de la cuarta campaña parlamentaria que hace, el diputado explicó a BBC Mundo que para él el cierre de la frontera se tornó necesario después de años de “negligencia” del gobierno colombiano ante la emergencia de paramilitares en la región.

“Estos paramilitares son pequeños grupos con armas y prácticas de guerra, que operan desde la frontera y entran al resto del país para delinquir”, le dijo a BBC Mundo.

“Acá no los hemos visto haciendo política, aunque sí trabajando para políticos. Pero fundamentalmente se dedican a delinquir. Es crimen organizado trasnacional”.

“¿Pero crimen organizado y paramilitares son lo mismo?”, le preguntó BBC Mundo.

“Sí, son lo mismo”, respondió Ortega.

Asimetría, impunidad y corrupción

El exgobernador del Táchira y opositor César Pérez Vivas coincide con Ortega en que Venezuela ha sido víctima de la violencia colombiana durante años, pero asegura que la profundización del problema en los últimos años se debe a las “malas políticas” del gobierno bolivariano.

Una, dice, son los controles de cambio y precios, que para él generan una distorsión cambiaria que fomenta el contrabando; la otra razón es una supuesta “orden de Hugo Chávez de permitirles actuar con salvoconducto a grupos ilegales en Venezuela”.

Por un lado, estudios académicos e imágenes satelitales divulgadas por el gobierno colombiano han documentado que en Venezuela se refugian frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), las dos guerrillas más importantes de Colombia que comparten ideología con el gobierno bolivariano.

Por otro lado, el gobierno venezolano apoyó la creación de colectivos armados “para la defensa de la revolución” que operan como policías paralelas en algunas urbanizaciones; “son los paramilitares del chavismo”, dice Pérez Vivas.

“Ese nivel de impunidad les dio mal ejemplo a todas las fuerzas armadas, que empezaron a colaborar con las bandas criminales que controlan la frontera”, dice el exgobernador.

“Aquí lo que tenemos no es paramilitarismo, sino bandas delincuenciales de colombianos y venezolanos que se aprovechan de la asimetría económica y han creado mafias para el tráfico de drogas y bienes”.

“El mismo fenómeno se ve en la frontera con Brasil y en las costas, donde no hay Uribe, ni paramilitares, ni historia violenta de un país”, dice Pérez Vivas.

Por eso el exgobernador, así como otros dirigentes opositores, no ve el cierre de la frontera como una medida que busca solucionar el problema de fondo: “Esto es un show para generar un enemigo común cuando estamos en campaña electoral en Venezuela y el gobierno sabe que puede perder”, opina.

Extorsión y desplazamiento

Francisca* es una de las miles de personas en la frontera que se plantea irse de su país por adopción y regresar a su país natal: está empacando su casa en dos maletas para cruzar el río Táchira y volver a Colombia.

De 55 años, dice que lleva toda su vida huyendo de la extorsión de los grupos criminales que han dominado estas tierras desde que tiene uso de razón.

“Primero fueron los guerrilleros, después los ‘paracos’, después los ‘guerrillos’ otra vez y ahora son los Guardias Nacionales”, dice, en medio del llanto, sentada en una mecedora de plástico al frente de una de las casas que esperan ser demolidas.

“Yo lo único que he querido siempre es que me dejen en paz; he pagado por eso con mi trabajo”.

“Y mira: ahora me vuelven a sacar de donde estaba”, dice, riendo, entre lágrimas.

*Los nombres con asterisco son ficticios para proteger la identidad de la fuente.