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La defensa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, perdió su primer encuentro ante la Procuraduría General de la República (PGR).

El abogado Marco Antonio del Toro no pudo evitar que su cliente fuera vinculado a proceso, resolución judicial que marca el primer paso para tratar de enjuiciar al ex mandatario veracruzano por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que se le imputa en dos modalidades distintas.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, también resolvió que el ex gobernador permanezca en prisión preventiva durante el resto del proceso penal en su contra y otorgó a la PGR un plazo de seis meses para que concluya la investigación complementaria, término que se vence el 22 de enero del 2018.

La audiencia de vinculación a proceso sirvió para conocer más a fondo las imputaciones del Ministerio Público Federal en contra de Javier Duarte, así como las declaraciones de tres testigos que forman parte de los 82 datos de prueba presentados por la fiscalía en contra del ex mandatario.

Los testimonios corresponden al presunto prestanombres, Alfonso Ortega López; al abogado fiscalista, José Juan Janeiro Rodríguez, y a su ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

En los dos primeros casos, son testigos que aceptaron testificar contra Duarte a cambio de beneficios en sus propios procesos penales, mientras que Bermúdez está preso por imputaciones del fuero común en el estado de Veracruz.

Entre los testimonios presentados por la PGR destacan las afirmaciones de que Duarte de Ochoa presuntamente compró tres departamentos en Santa Fe para sus hijos, la supuesta orden que dio a uno de sus colaboradores para entregarle un departamento y una camioneta de lujo marca Land Rover a su “compañera sentimental” y la petición que él mismo hizo para entregar 300 juegos de placas de taxi a uno de sus hermanos, Cecil Duarte de Ochoa.

Los expedientes personales de Duarte: la esposa, los hijos, la amante y el hermano

La declaración de Juan José Janeiro fue una de las armas principales de la PGR durante la audiencia. El abogado fiscalista era socio de Moisés Manzur Cysneiros, un empresario que ha sido señalado por el Ministerio Público Federal cómo uno de los principales testaferros de Javier Duarte.

Janeiro reveló que el 15 de enero 2016 y sin importar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había presentado las primeras denuncias contra el ex gobernador, Duarte solicitó a funcionarios de su gobierno que le transfirieran 350 millones de pesos provenientes del gobierno de Veracruz, argumentando que los necesitaba “para gastos personales”.

Ese dinero se transfirió de manera directa a las cuentas de un grupo de compañías fantasmas sin que se simularan contratos o licitaciones, por lo que el propio Janeiro y el representante de una de las empresas fachada, Juan Manuel del Castillo, le advirtieron que no iban a tener justificación legal para expedir facturas o justificar la transacción.

Tras múltiples reuniones contadas por el propio Janeiro, finalmente Duarte de Ochoa dio por cerrado el problema señalando que había ordenado borrar los registros contables y electrónicos de estas transferencias realizadas desde el gobierno de Veracruz a las empresas fantasma.

Janeiro también expuso que una ocasión el ex gobernador de Veracruz le pidió su apoyo para la compra de tres departamentos en un desarrollo de lujo en Santa Fe, los cuales serían destinados a sus hijos, utilizando los recursos que se desviaban del erario. Los registros de PGR señalan que la compra si se realizó.

Mediante ese mismo esquema, Duarte adquirió dos departamentos en unas torres de Ixtapa Zihuatanejo, en el estado de Guerrero.

Por su parte, el ex abogado de Duarte, Alfonso Ortega, reveló que el ex gobernador le solicitó en una ocasión la adquisición urgente de un departamento en Xalapa, Veracruz, para dárselo a Xochitl Tress Rodríguez, ex candidata del PAN a una alcaldía en esa entidad federativa y ex funcionaria de servicios educativos en el gobierno de Javier Duarte.

El ministerio público responsable del caso, Pedro Guevara, identificó a la mujer como “compañera sentimental” de Duarte y no especificó si la operación se concretó.

En el caso del ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, este narró a la PGR que el ex gobernador le pidió otorgar 300 concesiones de taxi a su hermano, Cecil Duarte de Ochoa, petición a la que no se negó pero que tampoco cumplió al pie de la letra, puesto que solo le entregó 100 placas para prestar el servicio de taxi.

Cecil Duarte fue el líder de una organización priista de corta duración denominada “Juventud Dinámica” que en 2010 hizo campaña por el propio Javier Duarte y en 2012 por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Bermúdez es también el testigo de la PGR para demostrar que el ex mandatario adquirió tres tiempos compartidos en el Hotel Saint Regis de Nueva York.

El ex secretario de Seguridad hizo una revelación adicional. Karime Macías, la esposa de Duarte, participaba en las reuniones de gabinete y también tenía el poder de acordar con los secretarios del estado, las operaciones que se hacían a través de las empresas fantasma.

El debate entre PGR y la defensa: del nintento a los testigos contra JDDO

Dos puntos centraron el debate entre el fiscal de la PGR encargado del caso, Pedro Guevara, y la defensa del ex gobernador, encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro.

En el inicio de la audiencia también estuvo presente el titular de la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, Israel Lira Salas, el cual presentó un documento con el cual se buscó acreditar ante el juez que las acusaciones por lavado de dinero contra Duarte de Ochoa tienen un monto mínimo de mil 670 millones de pesos desviados del gobierno veracruzano.

El presunto desvío de recursos públicos incluyó presupuestos de las Secretarías de Salud, Desarrollo Social y Educación a nivel local; así como la compra y adquisición de inmuebles mediante una red de prestanombres en la que están involucradas en total nueve personas, incluyendo al propio ex gobernador.

En total, la PGR tiene contabilizadas 308 transferencias de dinero que se hicieron mediante la simulación de contratos públicos con empresas fantasma carentes de empleados y de compra o venta de productos, por lo que tampoco pagaban impuestos y no tienen domicilios ni accionistas reales.

Andrés Lira explicó durante la presentación que la investigación continúa abierta y que el monto de los mil 670 millones de pesos que la PGR acreditó de manera inicial, podría aumentar conforme avances las investigaciones.

De hecho, en la presentación que se hizo ante el juez de control, el monto total de los depósitos y transferencias que se hicieron entre 27 empresas fachada, tres de ellas creadas en el extranjero, es de 3 mil 148 millones de pesos.

Esta presentación fue desestimada e impugnada por la defensa que se refirió a ella como “un nintendo”, sobrenombre que se utilizó para burlarse de las conclusiones presentadas por el ex Procurador General de la República, Jorge Carpizo, para tratar de esclarecer el asesinato del Cardenal, Juan Jesús Posadas Ocampo en el año 1993.

Para el abogado Marco Antonio del Toro, el “nintendo” de la PGR contra Javier Duarte equivalía a “reformular” la imputación contra Javier Duarte de Ochoa, puesto que en la audiencia inicial, en medio de pifias y falta de preparación, los fiscales de esa dependencia hablaron de que se había acreditado solamente el desvío de 38.5 millones de pesos.

Por lo tanto, el monto de los mil 670 millones de pesos representaba una nueva imputación para su cliente, lo que a juicio de Del Toro era una clara violación al derecho de una defensa adecuada que tiene el ex gobernador.

Por el contrario, Pedro Guevara explicó que no se estaba presentando una nueva acusación, sino que solamente se habían dado más detalles de la imputación contra Duarte a petición de la propia defensa, debido a que el abogado defensor se había quejado en la primera audiencia de la falta de datos para sustentar la causa penal.

La resolución del juez de control, Gerardo Moreno, es que, efectivamente, sólo se estaban presentado más detalles de la imputación y que no se trataba de nuevas imputaciones, por lo que desestimó la impugnación de la defensa.

Otro argumento que perdió la defensa fue la posible ilegalidad en los testimonios de los abogados Alfonso Ortega y Juan José Janeiro, ya que ambos gozan de los llamados criterios de oportunidad que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), es decir, que gozan de beneficios en sus propios procesos penales a cambio de su testimonio contra el ex mandatario veracruzano.

Ortega y Janeiro llevan su proceso en libertad, por lo que la defensa de Duarte argumentó que “a cambio de no pisar la cárcel, ambos podrían decir lo que sea” para quedar bien con el Ministerio Público Federal.

El fiscal respondió que la decisión de la PGR era completamente legal y que no se violaba ningún derecho del imputado. Nuevamente, el juez de control le dio la razón a la dependencia federal,.

Tras casi horas de discusión, con apenas dos recesos de 15 minutos y otro de hora y media, el Juez de Control del Reclusorio Norte dijo que no necesitaba un cuarto descanso para dictar su resolución y que contaba con todos los elementos para definir la situación jurídica del ex gobernador.

El abogado Marco Antonio del Toro y su cliente, Javier Duarte de Ochoa, anticiparon con sus gestos, lo que se respiraba en la sala: habían perdido el primer encuentro ante la PGR, pese a los errores de la fiscalía en la audiencia inicial. También perdieron la sonrisa.