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Gianluigi Nuzzi (izquierda) y Emiliano Fittipaldi (derecha) son los autores de sendos libros que denuncian la “forma escandalosa” en la que se manejan las finanzas de la Santa Sede.
“Lo único que hemos hecho es publicar la información, que no ha sido negada, y los documentos que revelan el escándalo”.
Así ha declarado el periodista italiano Emiliano Fittipaldi este martes, antes de entrar al Tribunal del Vaticano.
Allí enfrenta, junto a su colega, el también italiano Gianluigi Nuzzi, la primera audiencia de un juicio por la filtración y revelación de documentos reservados.
Ambos son los autores de sendos libros, Via Crucis y Avaricia- publicados este mismo mes-, que denuncian la “forma escandalosa” en la que se manejan las finanzas de la Santa Sede.
Y de acuerdo a la investigación del Vaticano, mucha de la información incluida en los textos proviene de la comisión de estudio y orientación sobre la organización de la estructura económico-administrativa de la Santa Sede (Cosea).
Este grupo fue instituido por el papa Francisco en julio de 2013 para sanear las finanzas del Vaticano, y hoy está disuelto.
“Estamos serenos”, dijo por su parte Nuzzi. “Hay un evidente interés por distraer la atención de una revelaciones embarazosas”.
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Junto a ellos se sentaron en el banquillo el monseñor español Lucio Vallejo Valda (primero a la derecha) y Francesca Chaouqui (segunda por la derecha).
Junto a ellos se sentaron en el banquillo de la única sede judicial del microestado el monseñor español Lucio Vallejo Valda, el secretario particular de éste, Nicola Maio, y la relacionista pública italiana Francesca Chaouqui.
“Filtración y revelación”
Vallejo Balda y Chaouqui fueron detenidos el primero de noviembre, acusados de obtener y filtrar varios documentos reservados de la Santa Sede, a los que habrían tenido acceso por su pertenencia a la Cosea.
El Vaticano acababa de denunciar el intento de robo de la computadora perteneciente al revisor general de la Santa Sede, Libero Milone, encargado de supervisar la contabilidad de la Curia Romana, según informó el diario italiano Il Corriere della Sera.
El sacerdote español, perteneciente al Opus Dei, era el único religioso de la comisión de ocho miembros, y la experta en relaciones públicas italiana la única mujer.
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El juicio arrancó este martes, en la única sede judicial del Vaticano.
Tras prestar declaración ante la gendarmería vaticana, Vallejo Balda quedó detenido.
Chaoqui fue puesta en libertad tras alegar que el cura español era el único responsable de las filtraciones.
Pero aunque entonces evitó la detención, hoy se sienta en el banquillo acusada de formar una organización criminal para sustraer y filtrar documentos confidenciales.
Vallejo Balda, por su parte, no ha respondido públicamente a las acusaciones.
Y tampoco lo ha hecho su asistente personal, Nicola Maio, de cuya presunta implicación en el caso se ha sabido hace solo tres días, al cierre de la investigación vaticana.
Aún con la investigación en marcha y antes incluso de que la Fiscalía emitiera una acusación concreta, el papa Francisco ya emitió un duro juicio sobre el tema.
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El papa Francisco emitió su juicio sobre el caso el 8 de noviembre.
Lo hizo el 8 de noviembre, tras rezar el Ángelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.
“Sé que muchos de ustedes están turbados por las noticias que han circulado en los últimos días a propósito de los documentos reservados de la Santa Sede que han sido sustraidos y publicados”, dijo ante una multitud.
“Quiero decir, antes que nada, que robar estos documentos es un delito. Es un acto deplorable y que no ayuda”.
Proceso “rápido”
Fue el 11 de noviembre, días después de la detención de los exmiembros de la Cosea, cuando el Vaticano anunció que la Fiscalía también había decidido acusar a los periodistas Nuzzi y Fittipaldi.
A estos les achacó una posible “complicidad en el delito de difusión de noticias y documentos reservados”, explicó entonces el portavoz de la Santa Sede, monseñor Federico Lombardi.
Hoy, además de ese cargo, enfrentan el de “solicitar y hacer presión, sobre todo Vallejo Balda, para obtener los documentos y otras informaciones reservadas”.
Los reporteros niegan haber ejercido presión, pero han reconocido haber hecho “lo que haría cualquier periodista, poner a disposición de los lectores una serie de documentación de indudable interés”.
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Nuzzi y Fittipaldi han reconocido haber hecho “lo que haría cualquier periodista, poner a disposición de los lectores una serie de documentación de indudable interés”.
Cuando la Fiscalía los llamó a declarar, Fittipaldi decidió acudir y Nuzzi no.
Pero hoy se presentaron ambos en el Vaticano, para “tratar de entender las acusaciones y para reportar al mundo lo que vaya a tener lugar”.
Y es que, tal como señalaron horas antes del inicio de la audiencia, ni ellos ni sus abogados tuvieron acceso al acta del tribunal en el que se detalla la acusación.
Además, Nuzzi habló por primera vez con el abogado que le asignó el Vaticano este lunes. Y había sido procesado el viernes.
Por eso, muchas voces han criticado la rapidez en la que ha actuado esta vez la justicia de la Santa Sede, en comparación con procesos que implican a curas presuntamente pederastas.
Situación “kafkiana” y “extradición improbable”
Sea como sea, de ser hallados culpables, de acuerdo a la legislación vaticana, los periodistas podrían enfrentar una pena de cárcel de hasta ocho años.
Según el artículo 116 bis del Código Penal del Vaticano, introducido por el papa Francisco en 2013, se considera delito la divulgación de noticias reservadas.
Este delito puede ser penado con entre seis meses y dos años de prisión, o una multa de entre US$1.000 y US$5.000.
Y en el caso de que los documentos filtrados fueran “de interés fundamental o de relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado, se aplicará la pena de cuatro a ocho años de reclusión”.
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Según el artículo 116 bis del Código Penal del Vaticano, introducido por el papa Francisco en 2013, se considera delito la divulgación de noticias reservadas.
Sin embargo, al ser Nuzzi y Fittipaldi ciudadanos italianos, el Vaticano no tiene poder sobre ellos a menos que sean extraditados.
Existe un acuerdo de extradición entre Italia y el Vaticano, pero tomar esa decisión generaría “una situación diplomática extraña”, señala la corresponsal de asuntos religiosos de la BBC, Caroline Wyatt.
“Para poder juzgarlos el Vaticano tendría que extraditar a los periodistas de Italia por algo que en ese país no es delito”, explica.
Y es que, a diferencia del Vaticano, la Constitución italiana protege la libertad de prensa.
Los propios periodistas han hecho incapié en ello, y han insistido en lo “kafkiano” del proceso.
Nuzzi y Fittipaldi creen de que ningún juez italiano firmará su extradición, y que Italia “estará poco dispuesta a extraditar a dos de sus ciudadanos a un estado que no respeta los derechos fundamentales como la libertad de expresión”.
Reclamo de organismos de prensa
Ante esto, Nuzzi ha creado una etiqueta o hashtag en las redes sociales, #NoInquisizione (no a la Inquisición), que ha sido compartido miles de veces.
En otros, lo han utilizado varios organismos internacionales de prensa, quienes han criticado al Vaticano y le han pedido retirar los cargos contra los periodistas.
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Nuzzi ha creado una etiqueta o hashtag en las redes sociales: #NoInquisizione.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), un ente independiente con sede en Nueva York, Estados Unidos, emitió este lunes un comunicado con ese objetivo.
“A los periodistas se les debería permitir llevar a cabo su papel como organismo de control e investigar presuntas irregularidades sin temor a represalias”, dijo Nina Ognianova del programa para Europa y Asia Central del CPJ.
Dunja Mijatovic, la representante para la libertad de prensa de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) -un organismo formado por 57 países, incluidos todos los de la Unión Europea y la Federación Rusa- hizo unas declaraciones similares.
Subrayó que “a los periodistas se les debe permitir informar sobre asuntos de interés público sin miedo a las repercusiones”.
Y la oficina de la Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés), recordó que “la Convención Europea de los Derechos Humanos- en vigor desde 1953- incluye la libertad de religión, tantas veces invocada por la Iglesia católica y el Vaticano, junto a la de expresión”.
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