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El domingo en la noche, Maduro celebró la realización de la elección de la ANC.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de sanciones en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien además calificó de “dictador” tras las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El comunicado del Tesoro asegura que la ANC “aspira a usurpar de forma ilegítima el rol de la Asamblea Nacional electa democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario sobre el pueblo de Venezuela”.
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Así decretó que todos los bienes que Maduro tenga en territorios bajo jurisdicción estadounidense serán congelados y que quede prohibido a personas e instituciones de ese país realizar transacciones con el presidente venezolano.
La medida fue anunciada un día después de la celebración de las elecciones para la ANC que debe reformar la Constitución venezolana y que no ha sido reconocida por la oposición y una parte importante de la comunidad internacional.
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El gobierno de Trump considera que el Ejecutivo de Maduro ha hecho un mal manejo de la economía y ha generado una corrupción sistemática.
La semana pasada, EE.UU. ya había anunciado una nueva ronda de sanciones contra 13 altos funcionarios de Venezuelapor su papel en la organización de la elección a la Asamblea Constituyente, la represión de las protestas y el manejo de áreas clave de la economía.
En su momento, Maduro reaccionó a la noticia de las sanciones acusando a Estados Unidos de usar las amenazas para intentar quebrar la democracia en Venezuela.
“Las sanciones para nosotros representan una victoria del Estado venezolano rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente“, dijo el mandatario.
“Dictador”
Las autoridades estadounidenses afirman que la creación de la Constituyente se produce tras años de esfuerzos de parte de Maduro para debilitar la democracia y el estado de derecho.
Para el gobierno de Estados Unidos, la ANC “representa una ruptura del orden democrático y constitucional de Venezuela“.
“El gobierno de Maduro siguió adelante con la ANC a pesar de que los venezolanos y gobiernos democráticos de todo el mundo se habían opuesto mayoritariamente a ello por ser un ataque fundamental sobre las libertades del pueblo de Venezuela”, señaló en un comunicado el Departamento del Tesoro.
“Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que desprecia la voluntad de los venezolanos. Al sancionarlo, Estados Unidos deja clara su oposición a las políticas de su régimen y su apoyo a los ciudadanos de Venezuela que buscan que su país retorne a una completa y próspera democracia”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Advirtió que cualquiera que participe en la ANC podría ser objeto en el futuro de sanciones de parte de Estados Unidos, por su papel en el debilitamiento de las instituciones y de la democracia en Venezuela.
Según el gobierno de Estados Unidos, durante la presidencia de Maduro, el gobierno de Venezuela ha violado de forma deliberada y repetida los derechos de los ciudadanos a través de la violencia, la represión y la criminalización de las protestas.
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La jornada de elección se convirtió en el día con más muertes, al menos 10, desde que iniciaron las protestas en abril.
“Bajo su dirección, las fuerzas de seguridad han reprimido sistemáticamente y criminalizado a los partidos de oposición a través de detenciones arbitrarias, el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares y el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes”, señaló el Departamento del Tesoro en una declaración de prensa.
“Cualquier miembro de la oposición o crítico del régimen corres el riesgo de ser detenido, encarcelado, atacado, torturado o asesinado“, agregó.
El gobierno estadounidense también considera que el Ejecutivo de Maduro ha hecho un mal manejo de la economía y ha generado una corrupción sistemática.
Destacan que pese a ser uno de los países del mundo con las mayores reservas de petróleo, millones de venezolanos pasan hambre “porque el gobierno se niega a importar suficiente alimento para la gente, participa de una corrupción desenfrenada en torno a la moneda y el régimen cambiario; y rechaza los ofrecimientos de ayuda humanitaria”.
¿Paz o poder?
Venezuela vive una ola de protestas antigubernamentales que se inició en abril luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos polémicas sentencias en las que asumía temporalmente todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (AN), que está en manos de la oposición y a la que el propio TSJ considera en desacato.
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El gobierno de Maduro ha responsabilizado a Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, en numerosas ocasiones por la ola de protestas en Venezuela.
Aunque días después el TSJ suprimió varias partes de los fallos, las manifestaciones continuaron en todo el territorio nacional con un saldo hasta la fecha de, al menos, 110 fallecidos.
A comienzos de mayo, Maduro convocó a elegir una Asamblea Nacional Constituyente con el argumento de que se trata de un mecanismo para recuperar la paz en el país.
La oposición rechazó la propuesta por no haber sido consultada con la población en un referendo previo y porque considera que se trata de una argucia del mandatario para aferrarse al poder.
La Constitución venezolana otorga amplios poderes a la ANC, al punto de establecer que “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente”.
El domingo en la noche, tras conocerse los resultados de la elección calificada de fraudulenta por la oposición, Maduro anunció que la ANC “levantará la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarla” y se hará con el mando de la Fiscalía “para que haya justicia”.
Se trata de dos acciones que afectarían a dos instituciones críticas con el gobierno: el Parlamento, controlado por la oposición; y la Fiscalía, cuya titular, Luisa Ortega Díaz, denunció la ruptura del orden constitucional en el país.
El gobierno, por su parte, atribuye la grave crisis que vive el país -donde escasean bienes básicos y se registra una inflación de tres cifras- a una “guerra económica” fomentada por la oposición y Estados Unidos.
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