Los beneficios empezaron en el 2010 y nunca frenaron. Primero, Gustavo Prellezo consiguió la prisión domiciliaria. Luego, se fueron acumulando los permisos especiales: la Justicia lo autorizó a salir a caminar una hora por día para tratar su hernia de disco, después le permitió ir sin custodia al hospital y a cursar en la facultad de derecho de la Universidad Nacional de La Plata. En los hechos, el asesino del fotógrafo de NOTICIAS José Luis Cabezas vivía en libertad. Sin embargo, la sucesión de concesiones no había terminado y el pasado 21 de diciembre la Cámara Penal de Dolores le otorgó la libertad condicional. A días de cumplirse el vigésimo aniversario de uno de los crímenes más graves de la Argentina, la palabra impunidad cobra cada vez más fuerza.
Prellezo recibió la noticia de la libertad condicional en su casa de Los Hornos (en La Plata), donde vive junto a su nueva pareja y su hija pequeña. En la cuadra, algunos vecinos lo protegen y le advierten la presencia de periodistas. Desde ningún punto de vista quiere ser fotografiado. Por estos días se encuentra escribiendo un libro en el que contará su versión de los hechos. Aunque parezca mentira y a pesar de las pruebas y de la condena, tanto él como su entorno más íntimo insisten en que la condena a reclusión perpetua fue injusta.
Libertad condicional
Según la investigación judicial, Prellezo fue el autor material de los dos disparos que mataron a José Luis el 25 de enero de 1997 en Pinamar. Además, se comprobó que fue él quien había reclutado a “Los Horneros” y que había actuado bajo las órdenes del empresario Alfredo Yabrán (con quien había mantenido reuniones) y de Gregorio Ríos, el jefe de custodios del empresario. Sin embargo, en estos veinte años todos los condenados lograron reducir sus penas a través de diferentes artilugios legales y sólo uno permanece detenido (Sergio Gustavo González) pero no por el crimen del reportero gráfico, sino por haber cometido otro delito vinculado al narcotráfico.
Cuando la defensa del ex comisario pidió la libertad condicional, la Fiscalía General Departamental se opuso: “Sin perjuicio del cumplimiento del requisito temporal, no corresponde incluir a Gustavo Daniel Prellezo en el régimen de libertad asistida. Ello así, por cuanto ha sido condenado por un delito extremadamente grave, con serias connotaciones sociales que fueron más allá de su perpetración”, fue el argumento del fiscal Diego Escoda. Sin embargo, esto no fue tenido en cuenta por los camaristas Fernando Sotelo y Susana Miriam Yaltone.
Los jueces consideraron que Prellezo cumplió los dos requisitos requeridos, de conducta y de tiempo. En cuanto al primero, la resolución resaltó que Prellezo “estudia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, realiza labores como gestor desde su domicilio, realiza actividades físicas, concurre a la Iglesia Adventista, habiendo fortalecido los lazos familiares y sociales en general”. En relación con el tiempo de la pena, los jueces consideraron que luego de cumplir el plazo de detención de 19 años, 8 meses y 5 días, con los informes carcelarios y de conducta correctos, Prellezo podía acceder a la reducción de la pena.
“Por más repugnante que parezca, es legal”, afirmó a NOTICIAS el fiscal Escoda acerca de la decisión de los camaristas. “Desde la Fiscalía siempre nos hemos opuesto a los beneficios que le fueron otorgando pero lo cierto es que esta libertad condicional está dentro de la ley. Lo beneficiaron leyes que estuvieron vigentes, como la del dos por uno, y otras nuevas como las que les achican la pena a las personas que estudian o trabajan dentro de las cárceles”, explicó.
Durante todos estos años, la Justicia sólo le rechazó un pedido. Hace poco más de un año, Prellezo pidió autorización para ampliar sus salidas para trabajar en una empresa de seguridad privada y la fiscalía presionó para que no se le concediera. “Es un ex policía condenado por un asesinato y justamente pidió trabajar en seguridad. Parecía mucho. Eso no lo consiguió”, contó Escoda.
El fiscal coincide en que la cantidad de beneficios a los que accedió Prellezo mientras cumplía la prisión domiciliaria fueron demasiados. Sin embargo, Escoda insiste en que este es sólo un ejemplo del funcionamiento de la Justicia en la Argentina: “Hay que replantear muchas cosas, tanto desde lo legislativo como desde el ámbito de aplicación de la ley. Tenemos que cambiar no sólo en la forma sino también en la imagen que damos, porque así es imposible que la gente confíe en la Justicia”, agregó.
Vecino protegido
En los últimos años su última mujer, Romina, se convirtió en su sostén y escudo. De hecho, fue ella la que al observar la presencia de una guardia periodística de NOTICIAS fuera de su casa salió a fotografiar al vehículo en el que se encontraban los periodistas y luego decidió llamar a la policía.
Un efectivo que se presentó como “Alejandro, de la comisaría tercera” (que no quiso dar a conocer su apellido) le pidió el documento a los periodistas y les recomendó irse del lugar: “Yo sé que están haciendo su trabajo pero este es un lugar inseguro. Acá a dos cuadras hay una villa. Va a venir un pibito y te va a robar la cámara. Les conviene irse”, dijo.
Según la mujer de Prellezo, quien afirmó que su marido no quiere hablar con periodistas, tanto el llamado a la policía como las fotos que le sacó a vehículo fueron para “resguardar la intimidad”. Ella dice estar harta de la prensa y asegura que su pareja “no se esconde de las cámaras sino que no le interesa salir en los medios. Le interesa rehacer su vida –dice– y poder tener una reinserción social como marca la ley y es su derecho”.
A veinte años del asesinato de José Luis Cabezas, Prellezo consiguió la libertad y suma protección. Su mujer, sus amigos del barrio y la misma policía lo ayudan para que su pasado quede en el olvido. Lo más triste es que la Justicia parece tener la misma intención.
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