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Luisa Ortega cree que todo lo derivado de la Asamblea Constituyente supone un “delito de lesa humanidad”.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, elevó este lunes el tono de sus acusaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusó de cometer un “delito de lesa humanidad” y de tener “ambición dictatorial”.
Un día después de la elección de los miembros de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente, Ortega, convertida en azote del gobierno desde dentro del Estado, aseguró desconocer al nuevo suprapoder, tal y como hace la oposición.
Ortega dijo desconocer “el origen, el proceso y el presunto resultado de la inmoral Constituyente presidencial”.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo el domingo que la elección, en la que no participó la oposición, superó los ocho millones de votos, cifra que, al igual que la oposición, la propia fiscal puso en duda.
Ortega denunció la “ambición dictatorial” del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ya ha mostrado su deseo de que la plenipotenciaria Constituyente reforme el Ministerio Público.
Se espera que una de las primera decisiones sea la destitución de la fiscal, que se considera chavista pero es crítica con el gobierno de Maduro.
El gobierno la acusa de “traidora” e “indigna”, de haberse pasado a la oposición y de haber fomentado la impunidad de lo que considera como acciones “terroristas”.
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Luisa Ortega fue muy cercana a Hugo Chávez, pero no a Maduro.
El prominente líder oficialista Jorge Rodríguez dijo el domingo que Ortega “ya es pasado”.
Pese a la amenaza que pende sobre ella, se mostró firme: “Me mantengo frente a este Ministerio y no lo voy a abandonar”.
Más de 120 muertes
“Estamos ante un delito de lesa humanidad que se ha venido cometiendo de manera sistemática y sostenida desde la convocatoria de la Constituyente presidencial”, denunció Ortega.
La fiscal aseguró que si es destituida llevará las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos a instancias jurídicas internacionales.
La fiscal dijo que ya ha habido 121 muertos en los cuatro meses de protestas contra el gobierno. Diez de ellos solo en la jornada del domingo.
De los 121, el 25% fueron víctimas de las fuerzas de seguridad, y el 40% cayeron a manos de civiles armados en contra de manifestantes, según los datos de Ortega.
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La jornada de la elección fue el día más cruento de la actual ola de protestas.
La Constituyente podría enconar aún más la polarización que vive un país en crisis económica y política dado que, con el control del oficialismo, tendrá poder absoluto y podrá destituir a la fiscal y disolver el Parlamento, de mayoría opositora.
Ortega cree que lo que busca el gobierno con la Constituyente es “mantenerse en el poder”.
“Poder absoluto en manos de una minoría”
“Veremos un poder absoluto en manos de una minoría, mucho poder pero un grupito detentándolo”, criticó la fiscal, firme defensora de lo que considera como el legado de Hugo Chávez, al que volvió a mencionar en su declaración de este lunes para contraponerlo a la gestión de Maduro.
Ortega anticipó que la plenipotenciaria Constituyente, que estará por encima de cualquier poder del Estado “acabará con el derecho al sufragio”.
“No hay más elecciones, no hay separación de poderes”, agregó.
Este lunes, Estados Unidos calificó abiertamente como “dictador” a Maduro, al que impuso como sanción su congelación de bienes y activos en el país.
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Sin nombrarlo, Luisa Ortega fue muy crítca con el presidente Nicolás Maduro, al que acusó de una “ambición dictatorial”.
“Todos los derechos políticos están en peligro, estamos ante una ambición dictatorial“, condenó Ortega, que hizo referencia a la severa crisis económica que vive Venezuela, “inimaginable incluso en los países en guerra”.
La fiscal mencionó con sarcasmo que la primera misión de la Constituyente vaya a ser su destitución en lugar de mejorar la situación de un país con carencia de alimentos y medicinas y con la mayor inflación del mundo.
Derechos humanos
Ortega fue especialmente dura ante lo que considera como “patrones de violaciones sistemáticas de derechos humanos”. “Forman parte de una lógica para ejercer el poder sin límite alguno, no es el proyecto de país que proponía Chávez”, afirmó.
La fiscal culpó a la iniciativa de la Constituyente de haber exacerbado la violencia y denunció la “extorsión” a funcionarios para que fueran a votar el domingo.
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La fiscal atribuye a la fuerzas de seguridad el 25% de las 121 muertes en cuatro meses de protestas.
Ortega anunció que abrió una investigación penal. “Pero si se cumplen las amenazas (de destitución), estoy evaluando acudir a instancias internacionales porque los delitos de lesa humanidad los pueden conocer los organismos internacionales con todo el cúmulo de pruebas para garantizar sanciones a los responsables”, dijo.
Ya varios altos cargos de la Guardia Nacional han sido citados por la fiscalía “por graves violaciones de derechos humanos”.
Odebrecht
Ortega también se refirió al problema de la corrupción, de la que dijo tener más de 36.000 investigaciones. Hizo especial referencia al escándalo del caso de pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en el que también se ha visto implicada Venezuela.
La fiscal dijo que el gobierno de Venezuela pagó a la compañía US$30.000 millones por 11 obras que no se han completado.
Ortega afirmó que el Ministerio Público no será sumiso y se despidió ante el aplauso de los trabajadores de la fiscalía, convertida en bastión de disidencia contra el gobierno de Maduro.
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