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El comportamiento de no pocos legisladores a lo largo del tiempo, lo exorbitante de los recursos que malgastan y la falta de trasparencia en su ejercicio son causa del desprestigio del Congreso mexicano.

En contrapartida, es de justicia destacar el esfuerzo fecundo y generoso de muchos diputados y senadores. Valga un ejemplo: tuve el privilegio de asistir al segundo informe anual de la Comisión de Justicia del Senado, presidida por Roberto Gil Zuarth, quien evidenció la trascendencia de la tarea realizada por sus integrantes, con el auxilio de un selecto equipo de colaboradores.

Daré solamente algunos datos: las 43 reuniones celebradas, la aprobación de 183 asuntos legislativos y el procesamiento de 81 nombramientos o ratificaciones de funcionarios públicos —todo ello alcanzado prácticamente por unanimidad y con la aprobación del pleno del Senado— acreditan el talante democrático y la capacidad política de sus miembros.

La tarea incluye un número importante de cuerpos normativos, como las modificaciones al Código de Justicia Militar, que armonizó los derechos de los civiles con la disciplina castrense, preservando a ésta “como un bien jurídico-institucional a tutelar”.

Su presidente se refirió también a los asuntos en trámite, como la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Penal para Adolescentes, la de Ejecución de Penas, la humanización del sistema penitenciario sin que el Estado pierda su poder de castigo, pero buscando que las cárceles dejen de ser “calabozos de frustración o plazas anárquicas para el reclutamiento y la actividad criminal”. Recordó que “nos hemos acostumbrado a sustituir las deficiencias institucionales con restricción a los derechos humanos y a costa muchas veces de la dignidad de las personas”, pues “siempre es más fácil limitar un derecho que crear una nueva capacidad estatal”.

Hizo ver que Ayotzinapa reabrió la discusión sobre el modelo policiaco, la distribución de competencias y las responsabilidades penales y de seguridad, así como lo relativo a la intervención federal en estados y municipios bajo riesgos o amenazas; sin olvidar la mutación del crimen organizado, que pasó de la especialización corporativa en el trasiego de drogas, a la diversificación en delitos comunes y transacciones ilegales.

Nos recordó la ilusión generada por los procesos de cambio político, que suponían la modernización de las estructuras económicas y de las instituciones de seguridad y justicia; pero que no se ha cerrado la brecha de desigualdad, ni logrado hacer valer la ley ni privilegiado el interés público.

Destacó la urgencia de “aumentar la eficacia del poder coercitivo del Estado, pero no bajo la lógica simplista del castigo, sino bajo el paradigma de la reparación del daño que hace de la víctima el fin último del reproche social”. Y un largo etcétera.

Este ejemplo y muchos más honran al Congreso y deben estar en la balanza cuando se juzgue el desempeño del parlamento mexicano. ¡Lástima que las buenas noticias no suelen ser noticia!