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“La investigación”, aseguran los expertos, “arroja nuevas visiones tanto sobre lo sucedido en la agresión directa sufrida por los normalistas como en su posible destino posterior”.
A casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos, una investigación independiente divulgada este domingo pone en entredicho elementos centrales de la versión que el gobierno ha mantenido sobre lo ocurrido ese funesto 26 de septiembre de 2014.
La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha sostenido una versión sobre el destino de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero:
Fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero del municipio de Cocula, vecino al sitio donde desaparecieron, pero esto que la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) catalogó de “verdad histórica” del caso empieza a tambalearse.
Lea: Así reaccionó el gobierno al informe sobre los estudiantes de Ayotzinapa
En un informe de 550 páginas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición del gobierno mexicano para analizar el caso, asegura que no hay evidencias de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido ni que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero.
“Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó”, aseguró en conferencia de prensa el experto español Carlos Beristáin.
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Los padres de los estudiantes han rechazado la versión del gobierno de que los normalistas fueron incinerados.
En su primer informe tras seis meses de trabajo en México, los expertos señalan además que no se hizo todo lo posible para localizar a los estudiantes.
En las conclusiones advierten que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas y que se cometieron errores.
Los investigadores no señalan responsables, pero hacen hincapié en elementos que pueden ayudar a determinar el destino de los jóvenes y hacen hincapié en que la pesquisa debe retomarse con nuevas líneas de trabajo.
- “La investigación”, aseguran los expertos, “arroja nuevas visiones tanto sobre lo sucedido en la agresión directa sufrida por los normalistas como en su posible destino posterior”.
- Sin embargo, el GIEI “lamenta no poder ofrecer (…) un diagnóstico definitivo de lo sucedido” y espera que el informe “sea una oportunidad de retomar el rumbo de la investigación”.
- Los investigadores aseguran que las circunstancias del caso y sus hallazgos muestran los “déficits” en la indagación y las tareas pendientes, y subrayan que el destino de los normalistas “es aún incierto”.
Errores y omisiones
El “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” se apoya en datos de la investigación oficial (revisaron los 115 tomos del expediente judicial del caso, cada uno de entre 1.000 y 2.000 páginas).
Pero los expertos también solicitaron peritajes independientes, tanto médicos como forenses y de las distintas escenas de crimen.
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes está integrado por cinco personas:
Carlos Beristáin, experto español en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Ángela Buitrago, colombiana, abogada, exfiscal ante la Corte Suprema de Justicia y experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos.
Francisco Cox Vial, abogado chileno que trabajó en apoyo de la extradición de Augusto Pinochet a España.
Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, especializada en derecho penal, jueza durante 18 años, responsable del primer juicio al exmandatario Efraín Ríos Montt.
Alejandro Valencia Villa, experto colombiano en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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Desde marzo de este año entrevistaron a sobrevivientes del ataque, supuestos agresores y autoridades.
Los estudiantes desaparecieron después que se los llevaron agentes de las policías de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero, en el sur del país.
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Los estudiantes desaparecieron después que se los llevaron elementos de las policías de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero, en el sur del país.
La fiscalía mexicana responsabilizó del crimen a la banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos, una escisión del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
Desde octubre del año pasado han sido detenidas más de 100 personas, entre ellas el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. La lista incluye a su esposa, María de los Ángeles Pineda, a quien la fiscalía acusa de ser una de las principales líderes de la banda de narcotráfico.
Pero el GIEI señala que la investigación se fragmentó desde el inicio —llegaron a haber 52 fiscales trabajando por separado—, lo cual dificultó la pesquisa.
BBC Mundo presenta los principales puntos del informe de los expertos:
La dudosa cremación en el basurero
La PGR señala que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y Cocula, y posteriormente entregados a sicarios de Guerreros Unidos.
Ellos los habrían llevado al basurero de Cocula, donde según declararon ante la PGR asesinaron a los jóvenes y luego improvisaron una pira para quemar los cuerpos.
Durante al menos 12 horas alimentaron la hoguera con llantas, madera, basura, diésel y otros combustibles. Luego machacaron los huesos hasta convertirlos en ceniza, y después juntaron los restos en bolsas de plástico que arrojaron a un río.
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes está integrado por Carlos Beristáin, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
Esta es la versión oficial.
Pero el grupo de investigadores solicitó un peritaje independiente al experto peruano José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) y miembro de la Academia Australiana de Tecnología e Ingeniería.
Entre sus conclusiones se establece:
- “No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”.
- En ese lugar sólo hubo “fuegos de pequeñas dimensiones” pero que no se puede saber la fecha en que ocurrieron.
- De acuerdo con el experto, en los alrededores del basurero no había combustibles suficientes para cremar cuerpos, “inclusive uno”.
- Según el experto, los peritajes de la PGR no se basaron en la evidencia material, y sus conclusiones son erróneas.
Según el estudio de Torero, para incinerar 43 cuerpos se deberían haberse usado 30 toneladas de madera y el fuego tuvo que haber ardido por 60 horas, y no las alrededor de 12 que había dicho el gobierno en base a la confesión de los inculpados.
Además, la llama tendría que haber alcanzado siete metros y el humo, 300, lo que habría llamado la atención de la gente de localidades cercanas.
Por todo esto, “el GIEI se ha formado la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula”.
La cremación de los estudiantes es uno de los ejes principales de la investigación de la PGR.
El misterio del quinto autobús
El GIEI reconoce que desde el inicio de su investigación tuvo dudas sobre el número de autobuses utilizados por los estudiantes de Ayotzinapa.
En el expediente oficial se establece que fueron cuatro unidades, pero el testimonio de las víctimas mencionó siempre a cinco.
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La desaparición de los 43 estudiantes en septiembre del año pasado escandalizó a México y generó manifestaciones en distintas partes del mundo.
En la averiguación de los expertos se determinó que sí existió ese autobús, que los estudiantes tomaron sin permiso en las afueras de Iguala.
El chofer los llevó a la central de autobuses de Iguala. Luego bajó de la unidad y los dejó encerrados. Los jóvenes pidieron ayuda a sus compañeros quienes fueron al sitio a rescatarlos.
Esa fue la razón por la que viajaron a Iguala, pues originalmente ellos no querían ir a la ciudad.
El autobús pertenece a la empresa Costa Line. Al inicio de la investigación fue incluido en el expediente, pero luego no se volvió a mencionar su existencia.
¿Por qué es importante?
El GIEI obtuvo información de que en Iguala opera una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus cargamentos en autobuses comerciales.
Los estudiantes tomaron tres unidades de la central camionera la noche del 26 de septiembre y las agresiones en su contra al parecer tenían la intención de impedir que las unidades abandonaran la ciudad.
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Familiares de los estudiantes desaparecidos asistieron a la conferencia de prensa este domingo.
“El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”, establece el informe.
Otros datos señalan, por ejemplo, que ese autobús en particular no fue atacado, como sí ocurrió con las otras unidades que tenían los estudiantes.
Y cuando el GIEI solicitó a la empresa transportista revisar esa unidad, la compañía presentó un autobús distinto. Las autoridades no realizaron investigaciones sobre ese autobús en particular.
Tampoco averiguaron si existe relación entre las compañías de transporte que operan en Iguala, con las relacionadas en Estados Unidos con el trasiego de heroína.
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Casi 200 víctimas
A nivel oficial se ha hablado de cinco muertos, 43 desaparecidos y 22 heridos en los ataques. Sin embargo, los investigadores aseguran que son 180 las “víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos” en los diferentes ataques de la noche del 26 de septiembre. La gran mayoría de ellos eran jóvenes y muchos menores de edad.
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Los expertos de la CIDH no establecen responsabilidades, pero creen que la decisión de los normalistas de tomar autobuses en Iguala explica la violencia extrema contra ellos.
“Podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús, Estrella Roja”.
El quinto autobús, dicen, “podría ser un elemento clave para explicar los hechos”.
El rol de militares y policías federales
Desde la tarde del 26 de septiembre, cuando los estudiantes salieron de su escuela, sus movimientos fueron monitoreados por policías federales y militares y fueron una presencia constante.
Testimonios recabados por los investigadores refieren que hubo agentes de inteligencia del Ejército en al menos dos de los escenarios donde los estudiantes que luego desaparecieron fueron detenidos por policías municipales.
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Los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido seis meses más para continuar con la investigación.
También existen testimonios de que uno de los autobuses de donde se llevaron a parte de estos jóvenes fue detenido por policías federales.
Además, un grupo de soldados interrogó a estudiantes que llevaron a un compañero herido a una clínica particular.
Los expertos de la CIDH solicitaron hablar con integrantes del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es el grupo militar asignado a Iguala y sus alrededores. El gobierno mexicano no permitió los interrogatorios.
Hasta ahora, el papel de policías federales y militares en las escenas de los ataques y desapariciones no ha sido investigado por completo.
“El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios (…) da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (…) que intervinieron esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes“, se asegura en el informe.
“No hubo un uso adecuado, necesario, racional, ni proporcionado de la fuerza”, dicen los investigadores, “todo ello supone que la acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se consideró una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de alto nivel“.
C4, el centro de mando que se quedó callado
El informe señala que entre la noche del 26 de septiembre y las primeras horas del día siguiente los estudiantes sufrieron nueve ataques distintos.
En algunos casos se realizaron al mismo tiempo, e incluso se detectó que varios perpetradores se movieron de un lugar de agresión a otro.
Esto significa que los ataques fueron coordinados y que alguien se encargó de organizarlos.
En Guerrero, como en otros estados del país, existe un área que concentra las comunicaciones de policías estatales, municipales y del gobierno federal.
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El informe de los expertos cuestiona elementos centrales de la investigación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Se llama C4. En el caso de Iguala los expertos de la CIDH establecen que se mantuvo en operación continua el 26 de septiembre.
Pero extrañamente interrumpió su funcionamiento “a ciertas horas”, especialmente las que siguieron a la detención de los estudiantes que luego desaparecieron.
También se destaca un informe de la unidad de protección civil de Chilpancingo (capital del estado).
El documento dice que “no tiene acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos porque la comunicación está intervenida por Sedena” (Secretaría de la Defensa Nacional).
Un dato adicional es que el excalde José Luis Abarca se comunicó más de diez veces con su secretario de Seguridad Pública, Felipe Torres.
Los teléfonos donde se realizaron o recibieron las llamadas coinciden con los sitios y la hora en que se detuvo a los estudiantes desaparecidos.
Abarca dijo inicialmente que la noche de los ataques “estaba dormido” en su casa.
La hipótesis del tráfico de drogas a EE.UU.
Hasta ahora la versión oficial indicaba que los estudiantes iban a entorpecer un acto del alcalde de Iguala y su esposa y que fueron confundidos con miembros de Los Rojos, un grupo criminal rival de Guerreros Unidos.
Las “explicaciones posibles”, dicen, como “confusión con un grupo del narco o la delincuencia organizada es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos”.
Los investigadores aseguran que la hipótesis “más consistente” de la violencia desatada contra los estudiantes es que:
- “La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas, a pesar de que tenía otros objetivos, como era obtener transporte para que los normalistas provenientes de diferentes escuelas normales pudieran participar en la marcha del 2 de octubre, podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses”.
En la ciudad se ubica una de las entradas principales por carretera a la región montañosa de Guerrero.
El informe señala que, de acuerdo con la información pública, Iguala “es un lugar de comercio y transporte de estupefacientes, especialmente heroína, hacia Estados Unidos y concretamente Chicago”.
“Esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora”, aseguran los expertos.
Pero es también un lugar hostil a los estudiantes, un elemento que deriva en indiferencia de los habitantes a los problemas ajenos, especialmente los estudiantes.
“Es probable que entre los factores que explican la agresión se encuentren también los estereotipos sobre los ‘ayotzinapos’ como de forma despectiva que se ha señalado en muchas ocasiones”, indica el documento.
“A juicio de GIEI éste sería un factor facilitador de la agresión, dado que el desprecio por el otro promueve la violencia”.
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Los expertos aseguran que los ataques fueron coordinados y que alguien se encargó de organizarlos.
Pero hay otros elementos.
Algunos de los ataques contra estudiantes ocurrieron frente a los asistentes a un concierto masivo en la plaza central de Iguala. Es un elemento que llamó la atención de los expertos.
Por un lado, las agresiones frente a testigos pueden ser una muestra de la impunidad que mantienen los presuntos perpetradores en la región.
Pero también una señal de que su objetivo real era “de alto nivel”, y eso justificaba cualquier tipo de violencia, “aunque fuera indiscriminada y con urgencia de realizar las acciones”.
Los expertos destacan que tuvieron dificultades para hablar con testigos, incluso meses después del ataque a estudiantes. Y advierten: “Hay un enorme nivel de miedo en Iguala”.
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