El Gobierno vasco pagó a finales de 2013 a cuatro medios de comunicación afines al nacionalismo institucional 20.415 euros para que incluyeran en sus contenidos informaciones en contra de la denominada Ley Wert.
Lo hizo poco después de que fuera aprobada definitivamente y semanas antes de que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu formalizara el recurso que, en febrero pasado, presentó contra ella ante el Tribunal Constitucional. Estas informaciones se insertaron no como publicidad explícita del Gobierno, sino como contenidos informativos de los propios medios.
El pago para su publicación se hizo a través de cuatro contratos, firmados todos ellos con empresas periodísticas pertenecientes al Grupo Noticias.
Tal y como reconoce en una respuesta parlamentaria el propio Gobierno del PNV, como contraprestación al citado contrato los diarios Deia, Diario de Noticias de Álava y Diario de Noticias de Gipuzkoa publicaron el 15 de diciembre de 2013 una información extensa -tres páginas- en las que, bajo el formato de mesa redonda, distintas personalidades del ámbito educativo debatían, siempre en tono crítico, sobre la ley.
Junto a los medios escritos, la emisora Onda Vasca, perteneciente al mismo grupo, también destinó como contenido informativo -previa firma de un contrato- un espacio para abordar de modo crítico la reforma educativa. Lo hizo en su programa estrella, Euskadi Hoy, en el que dedicó 35 minutos a entrevistar a cinco representantes del ámbito educativo vasco, navarro y catalán contrarios a la reforma educativa.
‘Inserciones publicitarias’
La inserción de estos contenidos informativos críticos con la Ley Wert la misma semana que se publicaba su aprobación en el BOE respondió a una estrategia del Departamento de Educación, que dirige Cristina Uriarte. En una respuesta parlamentaria, ésta los concibe como «inserciones publicitarias», si bien en la documentación que ella adjunta, y que reproduce las informaciones publicadas, no queda constancia de ello.
Uriarte justifica el pago de 20.415 euros para la compra de informaciones por las «situaciones de conveniencia» que se daban en esos momentos y por la necesidad de «informar y crear debate en torno a la Lomce» tras su aprobación. El debate, sin embargo, se encontraba ya plenamente instalado en la comunidad educativa.
Uriarte asegura que, para adjudicar los contratos, se tuvieron en cuenta «diversas propuestas recibidas» de algunos medios -que no cita- y que se seleccionaron «las más competitivas en base al criterio objetivo del binomio precio/audiencia». Curiosamente, los cuatro contratos corresponden al mismo grupo de comunicación, cercano al PNV.
Las adjudicaciones se formalizaron a finales de 2013 con la empresa Ediciones Izoria 2004, editora de Diario de Noticias de Álava por 3.374 euros. Por la misma información se suscribió un contrato con la empresa Urgull 2004, editora del Diario de Noticias de Gipuzkoa, por 4.723,84 euros. Hubo un contrato con Editorial Iparraguire, editora de Deia, a la que abonó por el mismo contenido 9.897,8 euros. El cuarto contrato lo firmó con Eusko Media SL, propietaria de Onda Vasca, por 2.420 euros.
En la crónica, titulada Miedo, control ideológico y esperanza, los diarios del Grupo Noticias justifican su publicación asegurando que lo hacen «prestando» sus páginas al debate y la reflexión sobre la reforma.
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