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Hasta ahora sólo había sido llamado a declarar en calidad de testigo, pero ahora lo acusan de estar directamente involucrado en el esquema de corrupción.
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue conducido este viernes por la policía a un interrogatorio ante sospechas de que recibió “pagos disimulados” procedentes de la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, informó la fiscalía de este país.
“Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio de la destinación y reforma de un apartamento triplex y de un sitio (casa de campo) en Atibaia”, señaló en un comunicado la procuraduría de Paraná, el estado brasileño donde se investiga la causa.
Agregó que “también son investigados pagos al expresidente, hechos por empresas bajo investigación” en la causa de sobornos de la petrolera, “a título de supuestas donaciones y conferencias“.
La fiscalía precisó que los posibles delitos que se investigan son de corrupción y lavado de dinero. El exmandatario siempre ha sostenido que actuó de acuerdo a la ley.
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El escándalo ha salpicado a numerosas figuras de la política brasileña.
Lula, un exsindicalista de 70 años que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 con una amplia popularidad a nivel mundial, fue llevado por la Policía Federal al aeropuerto de Congonhas, en la ciudad de São Paulo, cumpliendo una orden de conducción coercitiva para interrogarlo.
La policía realizó además operativos en un domicilio del exmandatario y en la sede del Instituto Lula en São Paulo, autorizados por el juez Sérgio Moro que conduce la causa de sobornos en Petrobras.
Algunos incidentes se registraron entre partidarios y críticos de Lula que manifestaban en el aeropuerto de Congonhas y frente a la casa del expresidente.
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La vinculación de Lula con el escándalo de corrupción de Petrobras ha detonado varias protestas.
En los últimos meses Lula ha negado reiteradamente haber cometido delito alguno en los casos por los que está siendo investigado.
Sin embargo, el comunicado de la fiscalía sostuvo que “el expresidente, además de líder partidario, era el responsable final por la decisión de quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de los delitos”.
“De hecho, surgieron evidencias de que los crímenes lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y la caja de su agremiación política”, agregó.
“Arbitraria e injustificable”
Un comunicado del Instituto Lula señaló que “la violencia practicada hoy” contra el expresidente y allegados a él que también son investigados supone “una agresión al Estado de Derecho que alcanza a toda la sociedad brasileña”.
El texto calificó la acción a la que fue sometido Lula como “arbitraria, ilegal, e injustificable”.
“Nada justifica un mandato de conducción coercitiva contra un expresidente que colabora con la Justicia, espontáneamente o siempre que lo invitan”, sostuvo el instituto del expresidente.
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Un policia custodia la entrada del Instituto Lula en São Paulo.
Las investigaciones del caso Petrobras procuran desmantelar un esquema de desvío de dinero y sobornos multimillonarios que beneficiaba a directores de la petrolera, empresas constructoras y políticos.
El escándalo ha derrumbado la popularidad de la actual presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta un pedido de juicio político para destituirla en el Congreso y denuncias ante el tribunal electoral de que realizó campaña con fondos ilícitos.
Rousseff, que al igual que Lula integra el Partido de los Trabajadores (PT), ha negado que conociera la red de corrupción en Petrobras antes de que el escándalo estallara públicamente.
Sin embargo, la revista brasileña “IstoÉ” informó el jueves que un senador del PT procesado por la misma causa realizó un acuerdo de delación premiada con la policía en el que acusa directamente a Rousseff y Lula.
Según la publicación, el senador Delcídio Amaral sostuvo que la mandataria intentó interferir en las investigaciones de Petrobras y que Lula intentó comprar el silencio de un exdirector de la petrolera.
No obstante, tras divulgarse la noticia Amaral dijo que no reconocía los documentos publicados por la revista. Para que la supuesta delación tenga validez debería ser homologada por un ministro de la máxima corte de justicia de Brasil.
Rousseff divulgó el mismo jueves un comunicado en el que afirmó que su gobierno respeta la ley y repudia “el uso abusivo” de filtraciones de datos “como arma política”.