“No tengo idea si fueron nueve mil o treinta mil, si son los que están anotados en un muro o son muchos más”. “La horrible tragedia que fue esa guerra sucia”. “No es que no los apoye (los juicios contra los represores) es que no puedo interferir”. “Hebe de Bonafini está desquiciada”. Estas fueron las definiciones sobre las políticas vinculadas al proceso de memoria, verdad y justicia de los crímenes de la última dictadura que dejó una entrevista que dio el presidente Mauricio Macri al portal BuzzFeed. Las frases provocaron la respuesta de los organismos de derechos sociales y de dirigentes políticos, que destacaron que Macri mostró “un despreció por el tema”, alertaron sobre un retroceso en las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y advirtieron acerca de un objetivo no declarado del Gobierno para cambiar el paradigma sobre lo ocurrido en la década del 70 y acercarse a la teoría de los dos demonios.

El Presidente comenzó la entrevista contando que prefería a Lionel Messi por sobre Diego Maradona, el malbec sobre el fernet y el taxi sobre Uber (aunque esto último lo tuvo que pensar). Después de ese primer momento, la periodista Karla Zabludovsky le preguntó sobre el aborto (lo condenó), la relación con Estados Unidos, el tarifazo (ver página 2) y también acerca de las políticas vinculadas a los crímenes del terrorismo de Estado. “Tengo un secretario de recurs…de derechos humanos”, dijo el Presidente, en un fallido con el que equiparó a Claudio Avruj con alguien que administra el personal de una empresa.

Macri aseguró que está “de acuerdo” con “todo lo que sea esclarecer la verdad del pasado” y que “hay muchas víctimas y tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares”. Leídas con atención, sus palabras son suficientemente ambiguas para referirse tanto a los desaparecidos como a quienes hablan de investigar a los miembros de las organizaciones armadas. Siempre repite la palabra “verdad, nunca dice “justicia”, que es el objetivo central de los actuales juicio”. Sobre ellos, afirma que no interfiere y da a entender que impulsarlos, como hizo el gobierno anterior, implica “presionar” a los jueces.

Al ser consultado sobre si fueron 30 mil los desaparecidos, respondió: “Es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si fueron 9 o 30 mil. Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido”. Y se refirió a la última dictadura como “guerra sucia”.

“Parece que no le preocupa, no quiere entrar en el tema, pero le quiero decir que no es ´un muro´, es un espacio de Memoria”, respondió a Página12 la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, en referencia al Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado del Parque de la Memoria, donde figuran los nombres de los desaparecidos y al que –todo hace suponer– se refirió Macri, ya que lo conoció durante la visita del presidente norteamericano, Barack Obama.

Los organismos de derechos humanos criticaron la idea macrista de “no interferencia en los juicios” a los represores. El mismo concepto había usado el Presidente apenas asumió, cuando desde un editorial el diario La Nación pidió el fin de las condenas para los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. “Es un tema de la justicia”, dijo en ese entonces y ahora. Pero el Poder Ejecutivo puede tener (o no) un rol en impulsar los procesos, en acompañar a las víctimas –como hace el centro de asistencia Ulloa, cuyas funciones fueron recortadas– o en contribuir con investigaciones, como en su momento se hicieron en Cancillería, el ministerio de Defensa o en la Comisión Nacional de Valores. De hecho, el martes se supo que la secretaría de Derechos Humanos se retiraba como querellante en el caso Saiegh, en el que está involucrado el ex vicepresidente del Banco Central durante la dictadura Alejandro Reynal.

“Vemos un retroceso en estos temas. En el rol del Estado, en el acompañamiento de los querellantes”, señaló Carlotto. La presidenta de Abuelas se refirió a la diferenciación de Macri acerca de los derechos humanos del pasado y los del siglo XXI y la preferencia del Presidente por estos últimos, como si las preocupaciones fueran excluyentes: “Nosotros no somos indiferentes a esos derechos, apoyamos a las mujeres para que sean respetadas, pedimos por Milagro Sala, que es una presa política. Nos preocupa y duele la gente que no tiene para comer. Nuestra tarea no es pasado, es presente. Los que están enjuiciados saben dónde están nuestros nietos y no lo dicen. Macri es coherente, es un empresario y ve la frialdad de los números. La población sufre las consecuencias de la inflación, el tarifazo. Dicen que están aprendiendo, pero mirá si un piloto arriba de un avión dice ‘estoy aprendiendo’, si toman una responsabilidad, tienen que hacerse cargo”.

“No hubo una guerra ni sucia ni limpia, hubo terrorismo de estado. Repudiamos la palabra del presidente porque demuestran que no le importa el genocidio que hubo en el país. Si le importan los derechos humanos del futuro que se ocupe de la gente que no tiene trabajo, porque sin trabajo no hay educación, ni salud. Nosotras estamos junto a todos a los que les importan estas cosas”, dijo Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Al rechazo de los organismos de derechos humanos se sumaron el bloque de diputados del Frente para la Victoria que preside Héctor Recalde, el del presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, José Cruz Campagnoli y el del dirigente del MST Alejandro Bodart.

“No son declaraciones, sino políticas que se están tomando”, afirmó Mabel Careaga, de la Familiares y Compañeros de los 12 Desaparecidos de la Santa Cruz. “Quieren modificar el paradigma respecto a lo que pasó en década del 70 –aseguró– y volver a teoría de los dos demonios. No cuestionan el número, cuestionan la magnitud del terrorismo de estado. Nosotros no cuestionamos el número de tragedia sino que analizamos sus causas. Lo dijo la justicia en sus fallos, que hablan de terrorismo de estado en el marco de genocidio”, agregó la dirigente.

“¿De qué guerra se puede hablar cuando la mayoría de las víctimas fueron secuestradas totalmente desarmadas en sus lugares de trabajo, en la vía pública o en sus casas a plena noche? ¿De qué guerra cuando pensamos en las sesiones de tortura a alguien, desnudo y atado a una parrilla? ¿De qué guerra cuando pensamos en violaciones y esclavitud sexual, o en los chicos que nacieron en los campos de exterminio? El concepto de guerra que utiliza Macri es el mismo que se desprende de la doctrina de la seguridad nacional y los reglamentos militares secretos, en los que la guerra es la imposición del terror sobre la sociedad civil para que no pueda organizarse. Macri es la parábola perfecta. Un día dice que los jueces y leyes laborales tienen que proteger más al patrón, otro día acepta que torturadores y violadores desfilen; echa trabajadores e impone tarifazos mientras reduce y quita retenciones y da vía libre para girar divisas al exterior, disminuyendo la participación de los asalariados en el PBI para incrementar la de los grupos concentrados. Y otro día habla de guerra sucia, dejando en claro a qué sector pertenece donde la ignorancia por opción es moneda corriente”, señaló Rodolfo Yanzón, abogado querellante en juicios sobre el terrorismo de Estado. Yanzón también reclamó que el Presidente no agravie a las Madres de Plaza de Mayo y a Hebe de Bonafini en particular: “Mientras Hebe y las otras Madres lucharon con valentía, Macri y los suyos comían de la mano asesina. Que tenga un poco más de respeto, o al menos que calle”.

Desde HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) también repudiaron el maltrato a la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, a quien Macri llamó “desquiciada”, en una equiparación con el calificativo de “locas” que la dictadura eligió para las mujeres que marchaban alrededor de la Pirámide de Mayo para exigir respuestas sobre el destino de sus hijos.

HIJOS afirmó que Macri demostró un desprecio por el tema de los desaparecidos y que su desinterés se refleja en la falta de definición por parte del gobierno sobre las políticas de memoria, verdad y justicia y el debilitamiento de áreas para sostenerlas: “Hay algo en lo discursivo que es lo no nombrado, lo no dicho: Macri no nombra a las víctimas, no entra al tema ni siquiera en el terreno del lenguaje. Macri sostuvo que hubo “una guerra sucia”, así como el 24 de marzo pasado, a 40 años de la última dictadura cívico-militar, dijo que fue “violencia política” la que hubo en la década del 70 en la Argentina. De este modo, pretende minimizar un consenso social profundo que ya le puso nombre a ese horror: dictadura cívico-militar. Macri desconoce incluso fallos judiciales de nuestro país”. El organismo de derechos humanos también retrucó la idea que la investigación y sanción de los represores sean cosas del pasado. “Que lo demuestre encontrando a todos los nietos y nietas de las Abuelas, identificando a todos los genocidas, terminando con la impunidad para todos ellos, incluidos los civiles, y que nos diga ahora mismo a todas las familias dónde están los cuerpos de los desaparecidos”.

 Tanto en Estados Unidos como en Colombia, este segmento está impulsando el crecimiento de los usuarios de versiones ‘online’ de diarios y el uso de ‘apps’ pagas de noticias.

La rueda de la transición está en movimiento. De las “profecías apocalípticas” que condenaban a los periódicos a una extinción dolorosa, ahora se sienten vientos de adaptación, innovadoras tecnologías y diversificación de negocios en la industria editorial.

Una metamorfosis favorecida por un nuevo perfil de lector de noticias; un usuario que se balancea entre los hábitos analógicos del papel, la influencia de los ‘millennials’ y los encantos de la era digital.

Es así como recientes estudios sobre quién es el lector de noticias de hoy evidencian un factor común: son los hombres entre 35 y 55 años quienes impulsan el crecimiento de las suscripciones digitales a diarios y los responsables del auge de las aplicaciones pagas de noticias.

Por ejemplo, a inicios del 2016 el Pew Research Center realizó una encuesta sobre el consumo de noticias en los medios sociales en Estados Unidos. Los resultados arrojaron que, después de la televisión, las noticias digitales son la segunda fuente más frecuente para informarse. De hecho, cuatro de cada 10 adultos hombres estadounidenses, el 38 % de la muestra, manifestaron que a menudo consultan las noticias de medios digitales, ya sea en las versiones en línea de los diarios, ‘apps’ pagas de noticias o de las redes sociales.

En la misma vía estuvo la investigación de la consultora comScore, la cual reveló que en EE.UU. los periódicos digitales tienen una audiencia cercana a los 176 millones de lectores únicos, y de ellos 71 millones acceden desde dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o tabletas. A estos usuarios, comScore los denomina ‘lectores móviles’ de prensa digital y, según sus hallazgos, son en su mayoría hombres por encima de los 35 años.

Para la Newspaper Association of America (NAA) el fenómeno es similar: el grupo demográfico que más ha impulsado el consumo de diarios digitales desde dispositivos móviles ha sido el de los hombres de 35 a 44 años de edad, un 122 % al comparar la cifra actual con la del 2013.

La tendencia se expande a Colombia. Aquí, la masificación del EL TIEMPO Express, la primera ‘app’ paga de noticias en el país, es impulsada por hombres entre 35 y 55 años, quienes son los que han realizado la mayor cantidad de descargas.

EL TIEMPO Express tiene por objetivo entregarles a las personas en sus dispositivos móviles a las 6 de la tarde, cada día, una edición exclusiva con las noticias, contenidos e historias más relevantes de la jornada. Está disponible en Google Play y en la Apple Store.

TECNÓSFERA

La “Operación Jaque”, que puso fin a la estructura financiera de la MS, también desvirtió los señalamientos de que el gobierno central hubiera entregado dinero a las pandillas que participaron en la tregua de marzo 2012.

En reiteradas ocasiones se puso en duda el acuerdo entre los grupos criminales y una de las tesis para lograrlo -apuntaron algunos detractores del gobierno de ese entonces- fue la financiación o aportación de dinero.

Esta versión cobró fuerza el pasado 2 de agosto, durante la imposición de medidas contra los 27 detenidos de integrar “La fundación” -de la MS- y fue justamente la jueza que ventilaba el caso quien basada en declaraciones del principal implicado Marvin Adaly Quintanilla Ramos, alias “Piwa”, habló de $25 millones.

Según la jueza, el Piwa había sido “señalado por algunos miembros de la misma estructura como una de las personas beneficiadas por el gobierno, que recibieron 25 millones de dólares aproximadamente en el marco de la tregua de pandillas”.

La noticia fue reveladora y ocupó encabezados y noticias principales de medios tradicionales y digitales. Sin embargo, solo un día después de ese supuesto “bombazo noticioso” (el 3 de agosto) todo quedó aclarado. 

Uno de los fiscales responsables de la “Operación Jaque” (que montaron las autoridades en contra de la estructura financiera de la MS) aclaró que el tema de los $25 millones fue la “excusa” que expuso el Piwa para ajusticiar a tres de sus cómplices.

El representante del Ministerio Público dijo que el tema surgió durante la intervención de llamadas telefónicas al Piwa pero que todo se trató de una justificación para purgar a su propia estructura.

“Lo que pasa es que en la investigación hubo una intervenciones de telecomunicaciones. En ciertas llamadas de Piwa cuando él promovió una purga interna, hubo un homicidio de tres pandilleros de la Mara Salvadtrucha, del programa Fulton que se encontraban en el sector de Izalco, eso ocurrió en enero de este año, él para justificar la purga que estaba haciendo a los internos mencionó de que estas personas lo acusaban a él y a la ranfla histórica de haber recibido 25 millones de dólares”, señala el fiscal.

Y añade: “Realmente la información de la intervención nos dio ese dato, pero lo que Piwa manifestó que decían los del programa Fulton para justificar la purga de ellos y de por sí el homicidio de ellos sucedió como un acto de purga en la pandilla, ese es el contexto del tema de los 25 millones”.

En redes sociales se publican claramente las declaraciones del fiscal, quien es cuestionado por un grupo de periodistas que siguen de cerca el desarrollo de la operación Jaque.

“La realidad es que el contexto es ese, es algo que Piwa mencionó para justificar el ajusticiamiento y la muerte que se hizo de tres internos en el penal de Izalco en el mes de enero de este año y, por lo tanto, no es una información que esté corroborada si no que fue el motivo, la excusa, que él puso para matarlos”, concluye.

La grabación dura 1.24 minutos y pese a que el fiscal derrumba las versiones del supuesto financiamiento a las estructuras criminales por parte del gobierno, la aclaración no logra el impacto de la primera vez que se habló del tema, es decir, ya no mereció encabezados ni noticias principales. Es más, algunos medios de comunicación han casi invisibilizado el tema pese a que tiene una gran relevancia. 

 

#URGENTE

Fiscal de operación Jaque contra la MS, desmiente que “Piwa” haya recibido $25 millones en tregua pic.twitter.com/Lir6C7vKY8

— Noti Cortos (@noti_cortos) 3 de agosto de 2016

 

De la Operación Jaque

El pasado 28 de julio, la Fiscalía General de la República incautó carros y buses, allanó restaurantes y moteles propiedad de cabecillas y colaboradores de la MS en Sonsonate y San Salvador.

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, dijo que el operativo se ejecutó por medio de un nuevo grupo élite llamado “Grupo 300” formado por fiscales e investigadores de la PNC.

Las investigaciones arrojaron, dijo Meléndez, que la MS había mutado a nuevas formas de organización criminal, la mayor y más poderosa de las cuales fue identificada como “La Federación”.

Meléndez explicó que el operativo se atacaron los bienes, fondos y la mayor cantidad de formas de inversión que tiene la MS.

“Determinamos la estructura criminal, la estructura de la pandilla como una empresa. Vimos sus flujos e inversiones e investigamos a sus líderes”, dijo Meléndez.

Detalló que los mareros los estaban moviendo sus fondos: “lavando el dinero en la compra-venta de vehículos traidos de Estados Unidos; tienen vinculaciones con restaurantes, casas de citas, talleres automotrices y taxis piratas”, dijo.

Por su lado, el director de la Policía, Howard Cotto, agregó que esta es “una nueva modalidad de investigación; un tipo de investigaciones que significa un salto de calidad, un reto por cuanto que la investigación financiera de las estructuras criminales demanda un régimen de prueba complejo”.

La intervención de las autoridades contra la estructura MS fue denominada “Operación Jaque”, que ha terminado con prisión preventiva para 75 implicados.

Hugo Coya es el nuevo presidente del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). La noticia me alegra. Conozco a Coya y sé que es una persona correcta y creativa que conoce la profesión. Espero pueda realizar cambios de fondo que hagan a TV Perú y Radio Nacional verdaderos medios públicos, con mayor autonomía e influencia. Me centro en TV Perú, que es el espacio que conozco mejor.

Es importante reconocer lo hecho por la administración que desde el 2012 ha estado a cargo del IRTP, sobre esos avances es que debe construirse. María Luisa Málaga, la presidenta saliente, ha trabajado en silencio para darle otro nivel a los medios estatales. Su administración logró convocar a buenos presentadores, como Josefina Townsend, Farid Kahhat, David Rivera, Óscar Vidarte. Se mantuvieron programas de calidad y se realizaron otros nuevos muy interesantes. El nivel de los noticieros es excelente y los espacios electorales han sido de muy buen nivel. Participé en un proyecto corto del canal en el 2013 y me consta el profesionalismo de sus miembros y la autonomía con la que nos dejaron trabajar.

Sin embargo, faltó más. Y ello no puede lograrse sin apoyo, tolerancia y voluntad del gobierno para lanzar una reforma de fondo. Desde que tengo memoria los gobiernos han visto al canal como su propiedad, el instrumento que tenían a disposición para presentar sus agendas y defenderse de sus opositores. Una programación sobona en los ochenta e infame en los noventa, cuando se usó para destruir opositores. Y por lo general bastante aburrida en sus contenidos culturales.

Los gobiernos postransición mejoraron la calidad, especialmente el último, pero todavía lejos de ser considerado un medio público autónomo que no es un difusor de las actividades del presidente. Evidencia de ello es que el actual canal tiene pocos espacios de debate e investigación política. O incluso de humor político, como sucede en otras cadenas públicas.

Impulsar una reforma de fondo pasa por entender un par cosas. Lo primero es que en el mediano plazo no basta hablar de libertad de los medios estatales, se necesitan garantías que aseguren que la autonomía no dependerá del capricho de un presidente. Mientras el directorio dependa del Poder Ejecutivo no se podrá ejercer esa libertad plenamente. Se requiere, en mi opinión, reformas que den garantías a la oposición de que hay pluralidad en los contenidos.

Si bien necesarios, estos cambios legales no son urgentes. Más importante hoy me parece lanzar un proceso que muestre lo que puede lograrse con una televisión realmente libre, plural y creativa que luego haga difícil revertir el cambio. Hay cinco años para plantear una reforma completa. Todo ello requiere amplia tolerancia y visión del actual Ejecutivo.

Lo segundo es reconocer que hoy es un gran momento para intentarlo. Existe el espacio para construir una alternativa a la pésima televisión privada que sufrimos cotidianamente. No se requieren altos recursos para darle otro vuelo a la televisión pública, basta con pensar en una suerte de antitelevisión privada que ponga en la parrilla exactamente lo contrario que está dominando la pantalla hoy. Crear programas de calidad en las horas en que los privados nos bombardean con concursos y realities.

Una televisión pública que recupere la discusión política entre semana, que refuerce e innove en los espacios culturales, que busque públicos nuevos, marcaría un contraste virtuoso. No se trata de lograr los ratings de los privados, pero sí de mostrar que otra televisión abierta es posible y no necesariamente con bajos niveles de audiencia.

Este empobrecimiento de la pantalla afecta en mayor medida al sector más pobre de la población que no puede ni siquiera escapar al cable. Justificar la ganancia y la construcción sostenida de ignorancia cotidiana en la libertad de expresión, entendida como el dominio de la mayoría a toda hora, es infame y tiene consecuencias. Puede combatirse con una televisión estatal diferente. Ojalá se anime el gobierno.