La Administración Nacional de Puertos (ANP) resolvió licitar la oferta de servicios para contenedores en los muelles públicos de la terminal de Montevideo, entre ellos los servicios de frío que provocaron varios enfrentamientos públicos entre los dos principales operadores portuarios: la firma belga Katoen Natie que a través de Terminal Cuenca del Plata (TCP) —de la que ANP es propietaria del 20%— posee la única terminal especializada de contenedores, y Montecon, el mayor usufructuario de los muelles públicos.

En una reunión extraordinario realizada el viernes, el directorio de la ANP votó por unanimidad una resolución que establece que el llamado será para tres áreas ya designadas de las zonas de almacenaje del puerto de Montevideo.

El director de la ANP, Juan Curbelo (Partido Nacional), representante de la oposición en el organismo, informó a El País que “la intención es que (las licitaciones) sean antes de fin de año”. A su vez, detalló que se busca “que el pliego de la licitación sea lo más amplio posible” es decir no solo para brindar servicios de refrigeración de contenedores sino también otros “que los operadores consideren necesarios”.

La cuestión central que intenta resolver esta medida de la ANP está vinculada a la refrigeración de contenedores y la instalación en los muelles públicos de pasarelas para tomas eléctricas para dicho servicio. Montecon había sido autorizada en 2015 a instalar esa infraestructura, pero en diciembre pasado la autoridad portuaria le revocó el permiso —esto llevo a la empresa a presentar una demanda judicial— y llamó a una licitación que ya fue adjudicada aunque la firma elegida (Dervalix) aún no está brindando el servicio.

Esta situación derivó en denuncias de Katoen Natie, que sostuvo semanas atrás que su competidora mantiene las pasarelas en los muelles públicos de forma irregular y cuestionó que haya pedido nuevamente una autorización a la ANP con este fin.

Al respecto, el vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez, había explicado a El País que se permitía a Montecon mantener las tomas para refrigeración porque “no podemos dejar de dar frío” cuando la mercadería lo requiere. Reconoció que “hay una cantidad enorme de reefers (contenedores refrigerados) funcionando” en los muelles públicos, y aclaró que no se trata de una excepción hecha solo con Montecon, aunque los de esta empresa son mayoría porque es la principal operadora.

Además, Domínguez consideró que la situación “no es la recomendable” porque “es medio caótico como se está llevando el frío” en los muelles públicos, lo que quedaría resuelto cuando Dervalix empiece a brindar el servicio —tiene autorización por el plazo de un año— y más aún cuando se concreten las otras tres licitaciones anunciadas.

Curbelo indicó que lo resuelto por la ANP ayudará “al mejor funcionamiento de las áreas públicas” de la terminal de Montevideo y añadió que “es el camino” para culminar con las autorizaciones provisorias vinculadas a la refrigeración de contenedores que desde hace años viene otorgando la autoridad portuaria.

El representante de la oposición en el directorio también señaló que “la idea es que sean distintos los tres operadores” elegidos para cada área así “hay competencia” y se logran precios más convenientes. Otra de las denuncias de Katoen Natie era que la ANP cobraba a Montecon precios por debajo de los que surgían de la licitación, además de que le permitía brindar el servicio de refrigeración de contenedores sin necesidad de invertir en una terminal especializada sino solo siendo un permisario de las áreas públicas.

Acerca de esto, otra reciente resolución de la ANP —a la que accedió El País— establece que se autoriza a brindar los servicios de frío a los agentes marítimos “solo en las áreas de transferencia o zonas contiguas al muelle” si no tienen la calidad de concesionario o permisario. Asimismo, aclara que “no se otorgarán autorizaciones para brindar servicio de frío” fuera de dichas áreas.

Para cumplir con esta nueva política, la autoridad portuaria rechazó un pedido de Montecon para volver a instalar en los muelles públicos las pasarelas para tomas eléctricas que proporcionan refrigeración.

El documento de la ANP indica que la decisión forma parte “de los ajustes operativos de la política de maneja de carga refrigerada” y permitirá “ordenar la operativa portuaria dedicada al manejo de frío en las zonas pertinentes”. También subraya el objetivo de que “los muelles y áreas públicas operen en la modalidad de multi-operador y multi-propósito”, al tiempo que remarca que “la carga refrigerada se maneja por depósitos habilitados en primer lugar por concesionarios y permisarios en segundo término”.

Actividad creció en febrero

Según los datos divulgados por la ANP, en febrero el puerto de Montevideo movilizó 42.592 contenedores y registró un aumento de la actividad de 2,5% (1.062 contenedores más) en relación al mismo mes de 2016. Aunque en comparación con enero, el movimiento en la terminal disminuyó 7% al movilizarse 2.998 contenedores menos.

Estas cifras incluyen todas las operaciones que se efectúan en la zona portuaria ya sean de exportación, importación o transbordo. Del total de contenedores que pasaron en febrero por la terminal, 21.168 fueron descargados y 21.424 cargos. El puerto de Montevideo cerró el 2016 con un aumento de la actividad de 5% respecto al año anterior.

Las imágenes que mostraban la alimentación a la fuerza de Jijad Diyab, el refugiado sirio que llegó a Uruguay desde Guantánamo en 2014, nunca se verán. Así lo dispuso un tribunal estadounidense. Diyab realizó múltiples huelgas de hambre durante su cautiverio que se extendió de 2002 a 2014, y militares estadounidenses lo alimentaron a la fuerza reiteradas veces para evitar que muriera. La resolución judicial no es apelable.

Jon Eisenberg, el abogado estadounidense que representó a Diyab en el reclamo a las autoridades estadounidenses de que esa imágenes fueran exhibidas (el pedido también fue realizado por varios medios de comunicación), explicó a El País que la resolución judicial adoptada el viernes pasado no tuvo el consenso total de los jueces, pero explicó que “la principal razón de la decisión es que el tribunal debía tomar en cuenta la preocupación de los militares de que la difusión pública de las imágenes podría facilitar la resistencia de los detenidos a ser retirados de sus celdas y ser alimentados a la fuerza”. Según Eisenberg, los jueces “también entendieron que se podría alentar la violencia antiestadounidense en otros países”. En primera instancia la jueza Gladys Kessler había accedido al reclamo de Diyab quien, por otra parte, ha realizado también prolongados ayunos en Uruguay.

Diyab es, claramente, el refugiado de Guantánamo que ha presentado más dificultades para adaptarse a Uruguay y de hecho ha intentando salir del país sin éxito.

El gobierno ordenó filmar la alimentación a la fuerza del cautivo para utilizar esas filmaciones en las tareas de entrenamiento de los guardias de la cárcel de Guantánamo y las catalogó de “secretas”. Entendió que su difusión podía afectar “seriamente” la seguridad nacional.

Un total de 16 medios de comunicación, amparándose en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pidieron su difusión. En octubre de 2014, un tribunal de distrito accedió al pedido, aunque condicionándolo a la edición de las imágenes para que con ellas no se pudiera identificar a personal militar.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia entiende que no se puede sostener que se deban divulgar las imágenes y recuerda que corresponde al presidente de Estados Unidos como cabeza del Poder Ejecutivo y comandante en jefe clasificar la información y controlar el acceso a información que se vincule a la seguridad nacional.

“Incluso si los querellantes tuvieran un derecho de acceso bajo la Quinta Enmienda, aún así revertiríamos la decisión de la corte de distrito. Su fallo en el sentido que el gobierno no logró mostrar una “probabilidad sustancial” de daño a un valor más importante, fue un claro error”, dice la decisión judicial. Los jueces entienden que los militantes jihadistas podrían estudiar con tiempo las técnicas de los militares estadounidenses para detectar en ellas errores no identificables con descripciones escritas o narraciones de quienes las hayan sufrido.

Guantánamo como un arma de propaganda

Los jueces recuerdan que los guardias de Guantánamo han sido pateados, empujados, golpeados y mordidos por algunos de los detenidos que incluso les han arrojado heces y orina.

“No hace falta decir que el tribunal de distrito no tiene una experiencia cotidiana con las personas que están detenidas en Guantánamo y no tiene un conocimiento especial de su forma de pensar. El almirante Butler sí lo tiene”, dicen los magistrados. Se referían al almirante Richard Butler, comandante de Guantánamo, que había desaconsejado la difusión de las imágenes de Diyab recibiendo alimentos a la fuerza.

“Las imágenes son más provocativas que las descripciones verbales o escritas. Los extremistas han utilizado imágenes de Guantánamo en su propaganda. Por ejemplo, el Estado Islámico decapitó periodistas estadounidenses con mamelucos naranjas comúnmente asociados con los detenidos de Guantánamo”, recuerdan los jueces. Antes de que fuera asesinado por militantes del Estado Islámico que lo habían capturado, el periodista Steven Sotloff debió mencionar como razón de su muerte la actuación estadounidense en la cárcel de la base de Guantánamo.

El cambista y exdirigente colorado Francisco Sanabria Barrios pasó la primera noche luego de su regreso al país incomunicado en dependencias de la seccional 10ª de Punta del Este por disposición del juez penal Marcelo Souto.

Hoy de mañana fue trasladado desde la seccional 10ª al juzgado para comenzar lo careos luego de que se declarara ayer inocente. Fuentes del caso afirmaron a El País que el acusado dijo desconocer que en el cambio hubiese depósitos rentados, así como también el destino de los cheques librados firmados en blanco. Sanabria declaró que estaba dispuesto a asumir las obligaciones que tenía pero que no estaba al tanto de las irregularidades. 

Lo mismo ocurrió, pero en otras instalaciones policiales con tres contadoras públicas y otros dos hombres citados en la víspera como indagados.

Luego de ser interrogadas ayer estas personas quedaron detenidas a disposición del juzgado donde se investiga el cierre del Cambio Nelson.

Además del cambista, quedaron detenidos el contador y expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Humberto Capote; el exgerente de la firma y exoperador de cambio, Nelson Calvette; la responsable del sistema de información contadora María Soledad Ubilla Moraes; la contadora Beatriz Silva; y la contadora María Langoni.

Esta última fue citada ayer por primera vez en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Souto. Fuentes del caso señalaron que se trata de una contadora pública que ofició de auditora externa del cambio de Sanabria.

Las actuaciones fueron interrumpidas por un momento en las primeras horas de la noche cuando una de las indagadas, la contadora Beatriz Silva, sufrió una leve quebranto de salud. Silva fue atendida por un equipo médico que llegó al lugar a pedido por el propio juez.

Funcionarios de organismos públicos fueron los últimos en declarar luego de una extensa audiencia de varias horas. En las últimas horas del jueves, el juez Souto había dispuesto la citación de funcionarios del Banco Central del Uruguay que participaron de la investigación del caso del cambio Nelson.

Trámite.

Sanabria llegó al juzgado de Maldonado desde el aeropuerto internacional de Carrasco en un automóvil de color blanco de Interpol.

El automóvil fue custodiado de cerca por la misma camioneta Toyota Hilux doble cabina empleada por los efectivos de Interpol para llevar adelante los operativos y allanamientos dispuestos por el juez Souto tras la fuga del cambista.

Sanabria tenía colocado un chaleco antibalas y las manos esposadas.

El móvil policial ingresó al patio trasero de la sede judicial para permitir el ingreso directo de Sanabria al lugar. La Policía de Maldonado colaboró montando un dispositivo de seguridad que incluyó el cierre de un par de calles alrededor del juzgado para el tránsito automotor.

Sanabria Barrios ingresó de inmediato al despacho del juez Souto donde se encontraban además el fiscal Rodrigo Morosoli y su abogado defensor, Jorge Barrera.

Además, se encontraban abogados que asesoran a otros de los indagados en la causa.

Fuentes del caso señalaron a El País que Sanabria Barrios en todo momento se declaró inocente de los cargos de los que se le acusa —libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida y, eventualmente, estafa— y que aseguró que tiene la voluntad de colaborar con la Justicia.

Los informantes dijeron que el cambista sostuvo que los problemas que causaron la quiebra del Cambio Nelson forman parte de un proceso iniciado cuando su padre, el exsenador Wilson Sanabria, se encontraba al frente de los negocios.

Wilson Sanabria padecía una enfermedad terminal y se autoeliminó en diciembre del año 2015.

Sanabria Barrios aseguró que mientras gestionó el cambio a partir de la muerte de su padre firmó la documentación de la empresa —entre ella el propio balance y otro tipo de documentos— sin conocer su contenido, comprometiendo así a los profesionales que se encargaban de la contabilidad de la empresa.

Se espera que hoy sea careado con los otros detenidos para poder determinar el grado de responsabilidad de cada uno en las maniobras que llevaron al cierre del Cambio Nelson.

Como informó El País en su edición de ayer, la firma Camvirey SA, razón social de Cambio Nelson, presentó su último balance, con fecha 30 de junio de 2016, con una significativa ganancia. A tal punto que a pesar de los pagos mensuales a cuenta del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) que grava las utilidades de las empresas, tuvo que pagar un millón de pesos más.

El hecho llamó la atención tanto del juez como del fiscal de la causa, Rodrigo Morosoli, que consultaron tanto a Sanabria como a Capote y a las tres contadoras sobre el asunto.

Las respuestas no colmaron las expectativas del magistrado. Por esta razón se espera que en la presente jornada las actuaciones continúen con la realización de careos entre todos los involucrados.

El juez Marcelo Souto dispone de plazo hasta mañana domingo por la mañana para decidir el procesamiento de Sanabria o liberarlo.

Pagó el pasaje “con millas”.

Un pasajero que viajó desde Miami en el mismo avión que trajo a Francisco Sanabria a Uruguay contó que en una conversación con él, le aseguró: “No tengo un mango, pagué el pasaje con millas y lo pueden comprobar”. El hombre fue entrevistado por el informativo de Televisión Nacional del Uruguay (TNU) y agregó que Sanabria le aseguró que volvió al país para dar su versión de los hechos que llevaron a la quiebra de Cambio Nelson. Le dijo que es ciudadano italiano y que podría haber optado por viajar a ese país de donde “no traen a los milicos asesinos” que viajaron allí, en referencia al capitán de navío Jorge Trocolli que viajó de Uruguay a Italia para evitar ser enjuiciado por violaciones a los derechos humanos. El hombre agregó que antes de subir al avión que lo trajo a Montevideo, Sanabria le comentó que sufre una gran depresión asegurándole estar “todo empastillado”.

Por estos días alguien se tomó el trabajo de sentarse a enumerar todas las empresas conocidas que han cerrado sus puertas en los últimos años. La lista, que se remonta a más de 10 años y contiene unos 40 nombres, circula en Facebook y crece en comentarios porque —es innegable— algunas de las caídas en desgracia fueron referentes en sus rubros, lo cual entristece y sorprende a muchos.

Esta semana se supo que la “lista negra” agregó a La Spezia y al Molino Florida. En este mes de marzo también se sumaron Foto Martín y Mr. Bricolage. En febrero fue el polémico cambio Nelson, y antes cayeron Fanapel y el Molino Dolores. Este 2017 parece estar arrasando con el ánimo empresarial uruguayo. ¿O es una sensación?

Hay un dato que puede resultar relevante para saberlo, y es el número de empresas que se presentaron a concurso de acreedores por no poder afrontar sus deudas. En lo que va del año van exactamente 21 empresas, según informaron en la Liga de Defensa Comercial. Son seis más que las que había a esta altura el año pasado. Es un aumento, aunque no parece sustancial.

Los números que maneja la Liga muestran que desde 2008 hasta ahora la solicitud de concurso de acreedores ha ido en aumento. Tuvo picos de crecimiento en 2012 y en 2015, aunque en 2016 sorprendentemente registró una baja. Fernando Cabrera y Gabriel Hernández, del área jurídica de la Liga, le quitan importancia a ese último dato porque entienden que la realidad comercial no siempre se refleja inmediatamente en esa cifra. Hay que mirar la tendencia.

Además, se debe tener en cuenta que los concursos pueden extenderse durante años. Federico Barreto, integrante del Departamento de Desarrollo Productivo del Pit-Cnt contó para este informe que según averiguaciones que han hecho en los juzgados, a mediados de febrero había 74 empresas en proceso de concurso, lo cual trepó a 90 a principios de marzo y a más de 100 esta semana.

Más allá de un posible “boom”, para Barreto esto es reflejo también de una “modalidad empresarial nueva” que no le gusta: “hay más facilidades para cerrar, es más fácil bajar cortina, pido créditos y no pago, me presento a concurso, cierro y después se verá”.

Por supuesto que sigue habiendo empresas que resuelven su salida sin llegar al punto de cargar con deudas, como es el caso de Mr. Bricolage, cuyo director se esmeró en lograr “un cierre ordenado”. En ese sentido, otro indicador posible lo aporta el Banco de Previsión Social: ¿cuántas empresas hay registradas hoy y cómo ha evolucionado esa cifra en los últimos años?

La información que ofrece el Banco de Previsión Social (BPS) no está tan actualizada, pero igual permite sacar algunas conclusiones. Primero, si uno mira el número general, año a año aumentan las empresas cotizantes, aunque en los últimos años se ha enlentecido el crecimiento. Las empresas de mediano y pequeño porte han disminuido, pero han aumentado (poco) las grandes y las unipersonales. A nivel departamental, el único que registró una baja en 2015 fue Rivera.

En términos generales no saltan a la vista mayores problemas, hasta que se pone el foco en la actividad privada. Entonces, ahí sí, los datos de la Asesoría General en Seguridad Social revelan que los puestos de trabajo disminuyeron entre 2014 y 2015, y que la cantidad de puestos “patronos” enlenteció claramente su crecimiento, llegando a ser hoy casi nulo. De 2002 a 2008 creció alrededor de 3% anual. De 2008 a ahora, apenas alcanza el 1%.

Los datos de la industria manufacturera, en particular, acusan el golpe. En Montevideo la caída de ese tipo de emprendimientos es sostenida desde 2011. A nivel país hay menos empresas que elaboran bebidas, que fabrican prendas de vestir, que hacen productos de caucho y plástico, que fabrican productos informáticos o electrónicos (aquí la caída es notoria y sostenida) o que fabrican maquinaria y equipos de transporte.

Los puestos de trabajo en el sector industria y comercio crecieron en 2015, pero la tendencia muestra un crecimiento cada vez menor desde 2010. La construcción, en tanto, está claramente en problemas desde 2013, aunque es un sector de fluctuaciones históricas. En el medio rural los puestos bajan desde 2010.

Causas del “desastre”.

La ley que regula la presentación a concurso exige a la empresa un texto al que llama “memoria explicativa sobre las causas del desastre”. Allí los empresarios suelen hacer todos sus descargos. Las memorias constituyen, al fin y al cabo, tristes relatos de los intentos por sacar a flote empresas golpeadas por distintos motivos.

En la Liga de Defensa Comercial han leído cientos de memorias porque en ocasiones participan de los concursos en el rol de síndico (quien ocupa el lugar de un directivo) o interventor (quien administra la empresa junto al director), o bien integran comisiones de acreedores en representación de alguna de sus 500 empresas asociadas. Por eso saben que allí muchas veces los empresarios “remiten a generalidades”: el efecto tequila, la crisis de Brasil, las restricciones a las importaciones de Argentina. “La realidad es que hay causas endógenas y exógenas”, dice Cabrera, jefe del área jurídica de la Liga. “A veces, tener una empresa sobredimensionada con una cantidad de costos laborales inflexibles, como el caso de La Spezia, te marca el desenlace. Por cada 100 pesos que le entraban, La Spezia gastaba 130; no estaba ni en el punto de equilibrio”.

Es evidente que poner a todas las empresas en una misma bolsa conduce a generalizaciones injustas. En ese sentido, la economista Ana Laura Fernández, asesora de la Cámara de Comercio, insiste en aclarar que en ciertos casos “hay causas que tienen que ver con la gestión”, y en otros las que pesan son “variables ajenas a la empresa y en las que no tiene incidencia: las tarifas, los precios que paga, los impuestos, los trámites burocráticos, los costos salariales, la cantidad de mercados que haya abierto el país”.

Según cuenta, muchos empresarios sienten que los costos que impone el Estado son muy altos: la presión tributaria, los costos laborales y, sobre todo, las múltiples regulaciones que implican dinero, tiempo y personal. Se ve, por ejemplo, en el sector alimenticio. “Está bien que haya controles, porque estamos hablando de la salud de las personas, pero (queremos) que esa disposición no se transforme en trabas al empresario. Creo que ahí falta ponerse en el lugar del otro. Hay que cumplir con esto y con lo otro, ok, pero ¿cómo podemos hacerlo sin entorpecer la actividad del empresario?”, plantea la economista. Esto último se ha convertido en “un reclamo constante” de los socios de la Cámara, reconoce Fernández.

En la Cámara de Comercio sienten que en el Estado no hay alguien que esté viendo el asunto con una mirada integral. Fernández mencionó que la creación del Sistema de Competitividad, que recién está dando sus primeros pasos, es un avance, pero lamentó que no se haya incluido a la gremial en ese organismo.

Para las empresas exportadoras las variables ajenas o exógenas son más y están realmente pesando en términos de competitividad. No es nuevo: la consolidación de nuevos mercados —China, sobre to-do— como centros fabriles en los que los salarios son magros y los niveles de producción altísimos, con la consiguiente caída del precio de los commodities, sumada a la crisis financiera internacional y la caída del dólar. Las exportaciones uruguayas están en un mal momento —en 2016 cayeron 7,3%— y reflejo de ello es el cierre de Fanapel, de los molinos de Dolores y Florida, de varias lácteas y textiles.

Según Barrios, del Pit-Cnt, la única posibilidad de que estas empresas salgan adelante es que inviertan en tecnología, con la paradoja de que, a su entender, eso siempre trae aparejada una reducción del personal y a la larga la consecuencia es la depreciación de los salarios. En Uruguay eso no sucede pero, según él, “es cuestión de tiempo”.

Fripur, la emblemática empresa pesquera, hace en su memoria explicativa de solicitud de concurso una completa exposición de todos esos factores y de cómo fueron determinantes para el cierre, según su parecer. El texto rememora las épocas en las que Fripur exportaba en forma directa a más de 20 países y fija en 2008, con la crisis económica mundial, el inicio de la debacle. La pesca es un sector particularmente golpeado por el descenso de la demanda mundial.

Pero el descargo de Fripur también dedica espacio a quejarse de los factores internos: “incremento del costo de la mano de obra, aumento del costo de los permisos de pesca, incremento de la energía eléctrica e incremento de los costos financieros”. La empresa asegura que sus costos de producción crecieron entre 2008 y 2013 un 83% en relación al índice medio de salarios, 40% en relación al índice de precios mayoristas y 50% en relación al índice de precios al consumo. Fripur fue adquirida por la canadiense Cooke Aquaculture en diciembre de 2015, pero la empresa aún no ha reabierto.

Los malestares de los empresarios están recogidos en una encuesta del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica, que en junio de 2016 preguntó: ¿En qué medida cada uno de los siguientes elementos es un obstáculo para los negocios en Uruguay? Entre los obstáculos mayores se destacan los costos de transporte (54%) y las regulaciones laborales (40%). Los empresarios también ponderan la conflictividad laboral (más del 50%) y la falta de acuerdos comerciales fuera del Mercosur (48%).

Es cierto: algunos elementos parecen reafirmar que el empresariado en Uruguay no está de parabienes. Pero por el momento los indicadores no permiten hablar de un “boom de empresas caídas”. En la Liga creen que ahora los cierres “tienen más repercusión” que antes en los medios. Las redes sociales agregan su granito de arena, opina Ferdinando Cuturi, de Mr. Bricolage, multiplicando la información y las expresiones. Para él, lo que ha aumentado es la “sensibilidad”. A los uruguayos nunca nos gustó decir adiós.

Concurso, una herramienta con tendencia al alza.

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