El aumento del IRPF será mayor para las familias con hijos. Por ese motivo, expertos sostienen que el ajuste es inconstitucional, ya que no respeta el principio de igualdad al gravar más a los que tienen mayores cargas familiares.

La afirmación surge de un análisis elaborado por el tributarista Gianni Gutiérrez (socio de Ferrere Abogados) que forma parte de un trabajo académico sobre el tratamiento fiscal de la familia en Uruguay. En el estudio —al que accedió El País— se indica que el IRPF no considera en forma adecuada las cargas económicas asociadas con las familias.

Si no puede ver el contenido haga click aquí

Por eso, “el ajuste fiscal propuesto por el gobierno hace más dramática la inequidad en el tratamiento fiscal de las familias con hijos. El proyecto de Ley de Rendición de Cuentas actualmente a consideración del Parlamento prevé una limitación adicional en las deducciones y trae como consecuencia un aumento más importante del impuesto para las familias con hijos” (ver ejemplos).

Si no puede ver el contenido haga click aquí

Es por ese motivo que Gutiérrez sostiene que con el ajuste del impuesto “se violará el principio de igualdad establecido en el artículo 8 de la Constitución porque no se establece un mecanismo adecuado para reconocer las cargas familiares que inciden sobre la renta. En efecto, el mínimo no imponible entre una persona con hijos y otra que no los tiene debe ser diferencial porque el mismo representa aquella parte del ingreso destinado a cubrir los gastos básicos. Si la persona tiene hijos los gastos básicos son necesariamente superiores”.

En el análisis se indicó que en Uruguay el monto de ingresos gravados no disminuye por el número de hijos. “Las deducciones por hijo se computan aparte, lo que hace que se deduzcan a una tasa marginal menor. Esto, junto al hecho de que los montos admitidos en concepto de deducción por cada hijo son significativamente menores, hace que en Uruguay las familias con hijos paguen en ciertos casos más impuestos que en países con tasas de impuestos más elevadas”, explicó.

Pero ahora, con los cambios introducidos ese problema se agrava ya que las deducciones serán computadas a la tasa del 10% u 8% según el nivel de ingresos (y no de manera progresiva como es ahora), perjudicando más a las familias con mayor cantidad de hijos, sostuvo Gutiérrez.

El documento afirmó que “este desconocimiento de la incidencia de los hijos en la base imponible del impuesto viola el principio de capacidad contributiva y también el principio de protección de la familia previsto en los artículos 40 y 41 de la Constitución”.

Añadió que “no resiste discusión la incidencia de las cargas familiares en la capacidad contributiva de los contribuyentes. El artículo 40 manda al legislador tener un trato especial respecto a la familia, aspecto que el IRPF no cumple ni siquiera nominalmente”.

Pero la limitación en las deducciones prevista en el ajuste fiscal “hace la situación aún peor”, ya que “no solo no se le da un trato más beneficioso a las familias con hijos según manda la Constitución sino que se las penaliza por la vía de no deducir las cargas familiares del monto imponible y por la vía de limitar las deducciones”, dijo.

Consultado por El País, Gutiérrez señaló que “a las familias no se las puede castigar por tener hijos. Si el proyecto no cambia en el Parlamento, le va a doler mucho a las familias”.

El abogado del estudio Posadas, Posadas & Vecino, Diego Gamarra coincidió con Gutiérrez en que se viola el artículo 8 de la Constitución.

“De alguna manera —el proyecto— castiga la posibilidad de deducir por hijos. No se podrá deducir íntegramente y eso sería violatorio desde el punto de vista del principio de igualdad. El proyecto crea categorías, que son las franjas, a los efectos de gravar, pero no respeta esas categorías a los efectos de permitir las deducciones”, expuso.

Se paga más que en Argentina y EE.UU.

El análisis indicó que en Estados Unidos, Argentina, y en otros países como Alemania, el hecho de que los contribuyentes tengan hijos es considerado un factor relevante en su capacidad contributiva y por ello su cómputo incide en forma muy significativa en su pago de impuestos.

Los montos fictos que admiten de deducción por carga familiar son significativamente mayores que en Uruguay, si bien debe admitirse que hoy en día, el costo de vivir en el Uruguay no difiere mayormente del costo de vivir en dichos países.

“Los efectos de la comparación no cambian si se toman en cuenta las opciones de liquidación de núcleo familiar de Uruguay y otros países. Uruguay sigue siendo, después de España, el que tiene el mayor impuesto”, señaló el estudio.

El director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de Jubilados y Pensionistas, Sixto Amaro, habló hoy sobre el anuncio que realizó el gobierno luego del Consejo de Ministros, en el que se decidió unánimemente que se mantendrán las pautas salariales ya plateadas y que el adelanto para las jubilaciones mínimas será de $200, a cuenta del aumento que recibirán en enero de 2017.

Amaro dijo en declaraciones a El Espectador que dicho aumento “es más que insuficiente” y que “esta muy lejos del plateamiento que nosotros realizamos” y por lo tanto “no estamos de acuerdo, más allá de que esta es una decisión del Poder Ejecutivo”.

“El gobierno se aleja de los jubilados y de los pensionistas” con las medidas anunciadas, dijo Amaro al señalar también que hay “falta de sensibilidad” por parte del gobierno.

El representante de los jubilados ante el BPS opinó también que el anuncio de que no se modificarán las pautas salariales es una medida que perjudicará a todo el conjunto de los trabajadores y también a todos los jubilados y pensionistas.

El Banco Central Uruguayo (BCU) informó este viernes que los comercios no tendrán que solicitar la firma o cualquier otro dato personal, como el número de cédula o teléfono, al momento de abonar con tarjetas de crédito o dinero electrónico. 

La medida fue tomada para “facilitar la utilización de los medios electrónicos de pago” y agilizar el proceso de compra.

El cliente solo deberá ingresar el pin de su tarjeta para efectuar la transacción, siempre y cuando no supere los UI 5.000 (cinco mil unidades indexadas), que en el cambio actual equivale a $ 17.191.

La medida rige a partir de este viernes, pero el BCU informa que los comercios tendrán plazo para realizar la adecuación tecnológica hasta el 31 de diciembre de 2016.

Por otra parte, se podrán realizar retiros de efectivo por hasta un máximo de UI 500 diarias ($ 1.719) , en establecimientos comerciales no financieros, para realizar compras tanto de bienes como de servicios con tarjetas de débito y dinero electrónico. 

“Ambas operativas -que serán admitidas exclusivamente para las tarjetas de débito y dinero electrónico- contribuirán a la profundización de la estrategia de inclusión financiera, al fomentar la modernización, flexibilización y desarrollo del sistema de pagos y de los medios electrónicos”, finaliza el comunicado del BCU.