Familiares del fallecido líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, están entre los muertos en un accidente de aviación que tuvo lugar el viernes en el sur de Inglaterra.

La noticia fue confirmada este sábado en un mensaje en árabe en Twitter por el embajador de Arabia Saudita en el Reino Unido, el príncipe Mohammed bin Nawaf Al Saud.

El representante diplomático saudita ofreció sus condolencias a la familia Bin Laden y agregó que las autoridades de su país trabajan con las británicas para investigar las causas del accidente y repatriar los cuerpos.

El mensaje menciona “la gran pérdida que ha sufrido (la familia Bin Laden) como resultado del accidente del avión”.

Fabricación brasileña

Cuatro personas -tres pasajeros y el piloto- fallecieron cuando el jet privado en el que viajaban explotó al intentar aterrizar en el aeropuerto de Blackbushe, en la localidad de Yateley, en el condado de Hampshire.

La aeronave, que había partido de Milán, se estrelló contra vehículos de subasta exhibidos en una explanada al iniciar el descenso en el aeródromo.

El jet modelo Phenom 300 había sido fabricado por la empresa brasileña Embraer. Este tipo de aeronave de unos 15 metros de longitud puede transportar hasta ocho ocupantes y alcanzar alturas de cerca de 13.000 metros.

El jet privado pertenecía a una empresa de aviación propiedad de la familia Bin Laden, que posee una vasta red de compañías en Arabia Saudita.

Familia Bin Laden

El padre de Osama bin Laden, Mohammed bin Laden, era originariamente de Yemen y se radicó en la década de 1910 en Arabia Saudita, donde fundó un imperio de la construcción.

Mohammed Bin Laden tuvo muchas esposas y se calcula que fue padre de al menos 50 hijos, entre ellos Osama bin Laden, quien fue desheredado tras organizar los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos.

La familia, muchos de cuyos miembros viven en Estados Unidos, cortó lazos con Osama bin Laden tras los ataques.

El exlíder de Al Qaeda fue asesinado por Estados Unidos en 2011 en Pakistán.

Una computadora capaz de hacer un trillón de cálculos por segundo, es decir: 1000.000.000.000.000.000.

Ese es el ordenador que quiere construir Estados Unidos antes de 2025, el más rápido del mundo, y para ello el presidente Barack Obama firmó este miércoles una orden ejecutiva.

La orden, titulada Creating a National Strategic Computing Initiative (Creación de una iniciativa nacional y estratégica de computación), permitirá unir en un solo organismo los esfuerzos de varios departamentos gubernamentales que llevan años investigando sobre la materia.

El nuevo ente tendrá la tarea de construir el primer sistema de cómputo a exaescala del mundo, un superordenador que pueda realizar 1.000 pentaflops, un trillón de cálculos por segundo.

Esa velocidad de procesamiento es 20 veces superior a la de la computadora más potente de la actualidad, una máquina china, y mil millones de veces superior al de un ordenador personal.

Y podría revolucionar campos tan variados como la biología molecular o la predicción meteorológica.

Los investigadores de una iniciativa de la Casa Blanca llamada Precision Medicine (Medicina de precisión) aseguran que esa velocidad de procesamiento podría ayudar a crear medicamentos personalizados.

Mientras, el Human Brain Project, una iniciativa de la Comisión Europea para investigar el cerebro humano, considera que permitiría desentrañar los secretos de ese campo.

“Carrera por el liderazgo con China”

En la actualidad Estados Unidos ya tiene supercomputadoras.

Es el país del mundo con más ordenadores de ese tipo, según la lista publicada este mes por TOP500, una organización que clasifica el rendimento de estas máquinas.

Las utiliza para un gran número de proyectos de investigación científica y de defensa.

Entre otros, los ingenieros aeroespaciales estadounidenses las usan para hacer modelos de aviones y armas, y los climatólogos para predecir el posible impacto de huracanes y los efectos a largo plazo del cambio climático.

Sin embargo, aunque EE.UU. es el país con más supercomputadoras, no posee la más rápida.

Ese supercomputador está en China, en el Centro de Computación Nacional, en Cantón, en el sur del país. Se llama Tianhe-2 y tiene una capacidad de procesamiento de 33,86 pentaflops, el doble de la máquina estadounidense más rápida, Titan.

Así, ante la última decisión de Estados Unidos, los expertos ven una clara competencia entre este país y Pekín por el liderazgo tecnológico.

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“Estados Unidos se ha despertado y ha visto que si quiere mantenerse en la carrera (por el liderazgo en el campo de la tecnología) tiene que invertir”, explicó Mark Parsons, del Parallel Computing Centre (EPCC) de Edimburgo, Escocia, a la BBC.

Aunque el país lleva años invirtiendo en ello. En 2012 la Administración Obama ya destinó US$126 millones para el desarrollo de la computación a exaescala, seis veces más que el año anterior.

“En el clavo, en términos de estrategia”

Por su parte, Richard Kenway, profesor de física matemática y subdirector de computación de alto rendimiento de la Universidad de Edimburgo cree que el plan de EE.UU. da “en el clavo” en términos de estrategia.

“Da en el clavo al unir la ambición de desarrollar un nuevo hardware al de mejorar el Big Data (los sistemas informáticos basados en la acumulación a gran escala de datos y de los procedimientos usados para identificar patrones recurrentes dentro de esos datos)”, señaló a la BBC.

Y al igual que los expertos del proyecto Precision Medicine de la Casa Blanca, Kenway insistió que la computadora podría ayudar a diseñar fármacos a la medida de cada paciente.

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“Hoy las medicinas se diseñan para el humano promedio y funcionan bien para algunas personas, pero no para todas”, dijo.

“El verdadero reto es diseñar fármacos para cada individuo, porque ya se puede conocer su genoma y su estilo de vida”.

La supercomputadora también permitiría predecir el clima a largo plazo, señaló Parsons.

Y dará a Estados Unidos una capacidad de investigación mayor que la de cualquier país, incluida China.

Una camioneta blanca avanza con dificultad en una carretera de Laguna Salada, a medio camino entre la ciudad dominicana de Santiago y Dajabón, en la frontera con Haití.

Sillas, mesas, colchones, armarios, ollas, garrafas de agua , un neumático, una bombona de gas, un televisor… un enjambre de objetos apilados de manera caótica pero magistralmente colocados para que nada se caiga triplica la altura del vehículo.

Al volante, un inmigrante haitiano que, por miedo a perderlo todo, ha decidido reunir a su familia y regresar a su país con la casa a cuestas.

Es una imagen que se repite decenas de veces cada día en los numerosos puntos fronterizos que separan ambos países desde que culminase a mediados de junio el registro del plan de regularización de extranjeros al que se han acogido más de 288.000 indocumentados, la mayoría haitianos.

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Los otros, los que no consigan reunir los requisitos para quedarse legalmente, viven bajo la amenaza de ser deportados que está dejando medio vacías algunas de las numerosas comunidades de inmigrantes haitianos en el país.

“Nos estamos yendo porque siempre vemos por la televisión que la cosa va a estar caliente y yo, con mi familia, no puedo dejar a mi hija aquí botada. Yo me voy”, le dice Rafael a BBC Mundo nada más sellar el papel que le certifica como inmigrante retornado en el puesto fronterizo de Ouanaminthe (Haití).

Tras pasar más de 4 años trabajando en campos de caña de azúcar y en la construcción en la localidad dominicana de Villa los Almácigos, este joven de 22 años ha decidido regresar junto con su mujer Joselyn, de 20, y su hija Janeire, de sólo 7 meses.

Vivir bajo la sombra de la deportación

Acaba de cruzar la frontera sobre el río Dajabón (río Masacre en Haití), que separa ambos países, y apostado delante de la moto con remolque que alquiló para trasladar sus pertenencias, Rafael sabe que el futuro que le espera en su país, el más pobre del continente, es incierto.

“Vamos a ver qué sale por allá para ponernos a trabajar. No sé todavía qué va a resolver uno allá”, lamenta el joven que presume de haber tenido una buena relación con sus vecinos dominicanos.

Los oficiales de inmigración haitianos que le han puesto el sello en sus documentos no pueden ocultar su enfado por la situación de sus compatriotas en República Dominicana mientras hablan con Jean Mari Josef, un haitiano de 52 años que asegura que fue deportado pese a tener una visa de trabajo.

Aunque las autoridades dominicanas dicen mantener el periodo de gracia previo a las temidas deportaciones de quienes no han conseguido regularizar su situación, este trabajador asegura que lo detuvieron y lo expulsaron a Haití cuando salía de su trabajo en un complejo hotelero en Puerto Plata.

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“Voy a subir a un motor (carro) y hay tres hombres que me llaman y me dicen: ven acá, moreno, dame tu cédula, y le dije: yo no tengo cédula pero tengo mi pasaporte y también yo voy a tener residencia. Y me deportan con doce personas”, afirma.

Indignado por que dice que los funcionarios que lo detuvieron no le dieron la oportunidad de ir a buscar sus documentos, Josef está dispuesto a tirar la toalla tras 17 años viviendo en el país donde tiene dos hijos, ambos con carrera universitaria.

“Voy a volver para vender lo que yo tengo, me dan mi liquidación. ¡Yo salgo de ese país y vengo para mi país ya! No puedo hacer nada porque no voy a coger vergüenza de acá para allá”, le dice a BBC Mundo, refiriéndose a cómo se sintió cuando fue expulsado.

Entre el miedo y la indignación

En el municipio dominicano de Guayubín, a 69 kilómetros de la frontera por donde expulsaron a Josef, otro inmigrante haitiano, Lance Neville, comparte ese sentimiento de hastío.

Sentado a la sombra de un árbol mientras deshace las pequeñas trenzas que lleva su esposa, Neville afirma que está tratando de reunir los papeles para conseguir regularizar su situación, pero que si tuviera que irse lo haría “sin problemas y tranquilo”.

“¿Tú ves cómo estoy ahora”?, pregunta el hombre apuntando al suelo de tierra de la comunidad de Ranchadero donde reside, un empobrecido conjunto de casas de latón y madera construidas de manera rudimentaria donde vive con un centenar de sus compatriotas.

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“Cualquiera que me diga: ¡Vámonos para Haití ahora!… Yo me voy”, exclama el inmigrante que asegura que llegó con la idea de trabajar unos meses en el país para ganar unos pesos, pero que su estancia ya se extiende por más de una década.

Como la mayoría de sus vecinos, Neville se busca la vida trabajando en los campos de guineo (banano) y yuca, en la construcción, o en lo que surja, donde gana lo justo para sobrevivir y mantener a su mujer y sus cinco hijos –cuatro de los cuales estudian en Haití-.

“Alguna vez no puedes comer bien para que los hijos vayan a la escuela y no pasen hambre”, lamenta el inmigrante.

Precisamente los altos costos es uno de los principales problemas con el que se han encontrado muchos inmigrantes haitianos a la hora de registrarse en el plan de regularización.

Amenazas

A Neville lo está ayudando una organización de trabajadores a reunir los papeles, pero con los 250 pesos dominicanos que gana al día (unos US$5,5), no podría pagar los hasta 15.000 pesos (US$ 333) que pide un abogado para hacer los trámites.

Pero no todos sus vecinos están tan tranquilos.

De hecho, en su comunidad, muchas casas se han quedado vacías después de que las familias huyeran por miedo a las deportaciones forzosas.

“La mayoría ¿tú sabes por qué se fueron?”, explica Jackson Lorrain, el líder sindical que ayuda a Neville a reunir los papeles de los vecinos.

“Porque (algunos policías) llegan a la puerta de donde viven los migrantes y les dicen ¡ay!, ¿cuándo ustedes se van? Entonces contestan que ya pronto va a comenzar la deportación y que los van a devolver a todos. Los amenazan. Por eso la gente se está yendo de sus comunidades. No porque se quiera ir voluntariamente”, apunta.

Prefieren volver a su país con sus pertenencias y sus familias antes de que un oficial de migración los detenga en medio de la calle y los expulse.

El ministro del Interior dominicano, José Ramón Fadul, aseguró que se dieron instrucciones a la policía y las Fuerzas Armadas “para el trato a las personas y que no haya atropellos” a partir del 1 de agosto, la última fecha dada de cuando podrían comenzar las deportaciones.

Pero la posibilidad de que se produzcan agresiones u otras violaciones de derechos humanos en las eventuales expulsiones y un vacío de la ley que hace que algunos inmigrantes se queden en situación prácticamente de apátridas, hizo saltar las alarmas en los despachos de los organismos internacionales y las ONGs.

Residentes después de medio siglo

El plan que levanta las susceptibilidades a nivel internacional y en República Dominicana (que defiende su derecho a decidir sus propias políticas migratorias), para sus principales destinatarios –los haitianos, que son el 87% de los inmigrantes en el país- tiene muchos sentimientos y significados.

Como la justicia que le evoca a Osmán Noel, un haitiano menudo con una incipiente barba blanca que tras medio siglo exacto en República Dominicana -la mayoría de esos 600 meses picando caña de azúcar- por fin tiene un carnet que lo reconoce como residente legal en el país.

Con una camisa blanca impoluta y un sombrero marfil que contrastan con su piel oscura, Noel viajó desde el batey (finca) en el que vive en la provincia oriental del Seibo a Haina, ciudad aledaña a Santo Domingo, para recoger su tarjeta de residencia.

Muy elegante, como el resto de los cerca de 60 trabajadores de la caña jubilados con los que compartió un autobús verde algo destartalado, no puede ocultar su satisfacción:

“Este carnet es un derecho que me da el país y algo que dejaré a mis tres hijos”, le dice Noel a BBC Mundo delante de la puerta del “Centro de acogida vacacional Haina”, al lado del mar Caribe, y que, paradójicamente, se convertirá en una especie de centro de detención cuando comiencen las deportaciones.

Pero para quien Osman tiene palabras de agradecimiento es para Epifania Saint Charles, una joven dominicana de origen haitiano que trabaja en una organización que ayudó a los cañeros de los bateyes del Seibo a legalizar su situación y les costeó los trámites.

Para ella, la entrega de los carnets a los trabajadores de la caña jubilados –un sector ampliamente beneficiado por el plan de regularización- también es un acto de justicia.

“Son personas que tienen entre 40 y 60 años viviendo en el país. Yo nací y crecí en el batey y me encontré con ellos”, afirma en declaraciones a BBC Mundo. “Esas personas han echado toda la vida aquí, ya son de aquí. ¿Pa dónde van esos viejitos, pa dónde los van a llevar? Tienen familia, hijos… No es necesario que los deporten “.

Sin embargo, Saint Charles reconoce que el plan deja fuera a mucha gente –se estima que al menos 180.000 personas-, como los hijos de inmigrantes haitianos que nacieron después del año 2007 y que no pudieron registrarse por no poder demostrar la estadía legal de sus padres.

La OEA advirtó en un informe emitido esta misma semana y que fue fuertemente criticado por República Dominicana que esas personas corren el riesgo de quedar apátridas, de “no contar con ninguna nacionalidad conocida”.