La familia de la Reina Letizia tiene una nueva cita para sentarse ante el juez. Acusados de un delito de insolvencia punible y alzamiento de bienes, Menchu Álvarez del Valle, Henar Ortiz y Jesús Ortiz –abuela, tía y padre de la consorte real–, se enfrentan a una pena de dos años y seis meses de cárcel y una multa de 10 euros diarios durante 16 meses, tal y como solicita la acusación particular. Además, la jueza instructora del caso ha requerido para ellos que presten una fianza solidaria de 41.149 euros.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís ha decretado este viernes un auto de apertura de juicio oral contra la familia directa de Doña Letizia por unos hechos acontecidos el pasado 17 de agosto de 2009. Además de la pena de cárcel y la multa a la que se enfrentan, también se solicita para la tía y el padre de la Reina la inhabilitación especial para el desempeño del cargo de administrador o apoderado de cualquier persona jurídica, así como para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure su condena.
El origen de la polémica
Henar Ortiz junto a su madre, Menchu Álvarez del Valle (Gtres)
El procedimiento se inició cuando Sandra Ruiz, proveedora de la tienda que la tía de Doña Letizia poseía en Cangas de Onís, le requirió el pago de una deuda de 22.600 euros por el encargo de unas joyas. Sin embargo, según la demandante, la deuda contraída era más elevada, pero que la cifra que le reclamaba judicialmente era sólo la que podía demostrar al presentar unos pagarés firmados por la tía díscola. Al no poder hacer frente a dicha cuantía, Henar Ortiz se declaró insolvente. Años más tarde, tras fallecer su padre, heredó una propiedad en Sardéu, momento en el cual la proveedora aprovechó para volver a reclamar lo que consideraba que le correspondía.
Al parecer, tal y como denuncia la Fiscalía, tanto Henar Ortiz como su hermano cedieron su parte de dicha propiedad a su madre, Menchu Álvarez del Valle para eludir su responsabilidad de hacer frente al pago de la deuda contraída en 2009, lo que constituye un delito de alzamiento de bienes para salvar la casa de un posible embargo judicial.
En julio de 2013, Henar recibió aliviada la noticia del sobreseimiento de la causa que abrió contra ella la Fiscalía, pero tan sólo cuatro meses después el caso se volvió a abrir, como así rezaba en el auto con fecha de 20 de noviembre al que tuvo acceso Vanitatis. En este escrito se explicaba que “a pesar de lo consignado en la resolución recurrida, en esta alzada se considera procedente su revocación (…) No puede obviarse que los hechos denunciados vienen referidos a la transmisión de un bien, adquirido por herencia, por la deudora María del Henar Álvarez impidiendo con dicha transmisión la satisfacción de una deuda que la entidad Henarmonia S.C., de la que la misma era administradora, mantenía con la denunciante Sandra María Ruiz Vázquez como consecuencia de anteriores relaciones comerciales”.
En su día, los magistrados detallaban cómo se realizó la cesión supuestamente fraudulenta de la vivienda de Sardéu a Menchu Álvarez del Valle: “La transmisión por la deudora Henar Ortiz de la parte del bien de su propiedad tuvo lugar el 14 de mayo de 2009, mediante la adjudicación a su madre María del Carmen Álvarez Valle de la cuarta parte de la vivienda adquirida por herencia de su padre José Luis Ortiz Velasco, sita en el término de Sardéu, inscrita en el registro de la propiedad de Cangas de Onís al tomo 1294, libro 325, folio 51, finca 34.078, valorada a esos efectos en 34.700 euros, como compensación a una deuda que afirmaba mantener con la misma, por cuantía cifrada en 7.460,50 euros, lo mismo que hizo su hermano Jesús Ortiz Álvarez con su parte, no obstante ser perfectamente conocedores, de que dicho bien tenía un valor considerablemente superior, a pesar de que el otorgado se correspondiera con el asignado al presentar la liquidación del impuesto sucesorio y que fuera similar a su valor catastral al año 2009 establecido en 33.282,39 euros, como lo acredita que dicho inmueble hubiese sido tasado en 554.507,20 euros el 7 de mayo de 2009, como paso previo a que sobre dicha finca, el 17 de agosto de 2009, hubiese sido constituida una hipoteca inversa a favor de la Caja de Ahorros de Galicia, en garantía del saldo de la cuenta corriente de crédito abierta en dicha entidad hasta el importe máximo de 400.000 euros, por María del Carmen Álvarez del Valle”. Ante esto, la familia de la Reina Doña Letizia deberán responder de nuevo ante un juez en el banquillo de los acusados.
