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“El gobierno de Cristina Kirchner deberá afrontar el cuarto paro general de su segundo mandato. Las principales centrales obreras resolvieron ir a la huelga en virtud de la negativa de la presidenta a ceder en el cobro del impuesto a las Ganancias a los trabajadores. ‘Maldito impuesto al trabajo’, denuncian afiches que mandaron a pegar los gremios”. La medida de fuerza se concretó el 31 de marzo de 2015. Fue la última hasta el momento. La tasa de desocupación estaba en 7,1 por ciento, con una tendencia declinante que la llevaría al piso de 5,9 en el tercer trimestre, el nivel más bajo en 28 años. La ex presidenta no tuvo que soportar paros generales entre 2007 y 2011, lo mismo que Néstor Kirchner, el único mandatario invicto desde Juan Domingo Perón. La CGT tardó dos años en realizar la primera medida de esas características durante la dictadura, pero finalmente paralizó el país en seis oportunidades. Con Raúl Alfonsín los paros generales fueron 13, que tuvieron lugar en 11 semestres de gestión, lo que arroja un promedio de 1,2 paros nacionales por semestre. La primera huelga se produjo en septiembre de 1984, a nueve meses de haber arrancado el gobierno. Con Carlos Menem hubo más paciencia. El primer paro general llegó a los 40 meses de su desembarco en Casa Rosada, en noviembre de 1992. Luego habría otros siete hasta 1999, a un promedio de uno cada 15 meses. Fernando De la Rúa enfrentó el primer paro general en febrero de 2000, con tres meses recién cumplidos como presidente. Hasta diciembre de 2001 se sucederían otros ocho, a razón de 2,25 paros por semestre en promedio. Finalmente, la CGT de Hugo Moyano le hizo un solo paro general a Eduardo Duhalde. Fue el 14 de mayo de 2002, cuando iban cinco meses del interinato del senador al frente del Poder Ejecutivo. La convocatoria fue “en contra de la política económica y social del gobierno nacional y en rechazo al sometimiento de la Argentina al FMI”.

Entre ese paro de 2002 y el último de 2015, la motivación pasó de ser la política económica y el sometimiento al FMI a la incidencia del impuesto a las Ganancias sobre una porción aproximada del 10 por ciento de los trabajadores. Moyano tiene otros antecedentes de medidas de fuerza en contra de las políticas neoliberales de Menem y De la Rúa. En 2001, cuando Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, el camionero se defendió de las acusaciones de la funcionaria de buscar un clima de desestabilización con el siguiente argumento: “El paro no lo hacemos nosotros, lo hace el Gobierno, nosotros solo le ponemos fecha”. Es un concepto que bien podría repetir en las circunstancias actuales, de avance irrefrenable de medidas que atentan contra el empleo, el salario y provocan una transferencia millonaria de recursos de los trabajadores a sectores concentrados del capital. “Prat-Gay decía que los sindicatos iban a tener que optar entre salarios y empleo. Avísenle que cae el salario y cae el empleo”, resumió esta semana Carlos Tomada, ex titular de la cartera laboral. El FMI, por otra parte, regresará al país a mediados del mes que viene, apenas unos días después de la audiencia pública convocada por el Gobierno para resucitar el tarifazo del gas.

A la CGT no le faltan motivos para llamar a un paro general. La fecha que empieza a barajar la nueva conducción es noviembre, mediando entre sectores sindicales que reclaman hacerlo mucho antes y otros que piden esperar un poco más, para darle una nueva oportunidad al Gobierno de enderezar el rumbo. Los dirigentes que llegaron a la central unificada de la mano de Luis Barrionuevo están esperanzados en que sean ciertas las promesas del Gobierno de reactivar la obra pública y generar una corriente de inversiones a partir del blanqueo de capitales. Si fuera por ellos, habría que demorar la definición de una huelga nacional hasta 2017. Del otro lado del arco gremial, las dos CTA apuran el paso para lanzar la medida de fuerza de inmediato. Lo mismo sostiene la Corriente Federal, el sector que lidera el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, que resolvió no integrarse a la CGT que conducen Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. El Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), adonde confluyeron sindicatos como la Unión Ferroviaria, Smata, Luz y Fuerza, Taxistas y APL, está expectante a lo que haga la CGT. Finalmente Moyano, que conserva el poder de fuego del gremio de los camioneros e influencia dentro de la CGT, hace equilibrio entre las críticas al Gobierno y la preservación de un canal de diálogo con el Presidente, como cuando se mostraba con él en la campaña electoral. Esa heterogeneidad del movimiento obrero termina siendo funcional al Gobierno, que va logrando esquivar el paro general.

La falta de resolución de las estructuras sindicales le deja el campo libre a los movimientos sociales y a expresiones espontáneas de la sociedad para hacer visible un clima espeso de descontento con el Gobierno. Piquetes, acampes, ruidazos o miles de personas pasando a buscar peras y manzanas por Plaza de Mayo son ejemplos de ese estado de situación. También las cámaras empresarias están movilizadas por los aumentos de tarifas, al igual que los clubes de barrio, las cooperativas y las asociaciones de consumidores. El paro general serviría para darle un cauce institucional a la protesta social. El riesgo que corre la CGT si sigue dando vueltas es resultar desbordada por una corriente que crece desde abajo, que le terminará reprochando haber abandonado a los trabajadores por la plata para las obras sociales que le muestra el macrismo. De todos modos, en la central obrera también pesa el temor a los medios hegemónicos y a las denuncias del Gobierno de identificar sus acciones como parte de un supuesto plan de desestabilización. Ante la falta de recuperación de la economía y la agudización de los problemas, la única reacción que entrega la Casa Rosada es imaginar estrategias para ponerse como víctima del caos que provocaron sus propias políticas.

El aumento del desempleo a 9,3 por ciento a fines del primer semestre es motivo más que suficiente para convocar a un paro general. Más cuando las centrales obreras ya se bajaron de una medida de esa naturaleza tras el veto del Presidente a la ley antidespidos, por la que habían militado con una concentración histórica el 29 de abril. Además, el Gobierno ratifica a cada paso la política económica y sus planes en relación al mundo del trabajo. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, dijo anteayer que para generar inversiones habrá que reducir el costo del empleo. Su par de Modernización, Andrés Ibarra, anunció que a fin de año dejará en la calle a 10.500 trabajadores contratados por el Estado, ya que sobre un total de 13.000 a quienes se les vencen sus contratos –algunos vienen soportando ese régimen precario hace más de una década– solo se realizarán concursos para retener a 2500. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, prepara al mismo tiempo un proyecto de reforma de flexibilización laboral. Si la CGT va a esperar a que todo eso pase sin hacer nada, después más que quejarse por las consecuencias deberá asumir su cuota de responsabilidad.