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Dos estudiantes venezolanos críticos del presidente Nicolás Maduro son expulsados de Colombia, entregados a las autoridades venezolanas en plena frontera y se desata una polémica que, cinco días después, no para de crecer.

Tanto, que el debate llegó el martes al Salón Elíptico del Congreso colombiano, donde el senador y expresidente Álvaro Uribe repartió carteles pidiendo perdón a los venezolanos por la decisión -para él equivocada- del presidente Juan Manuel Santos de deportar a los jóvenes.

Mientras tanto, la madre del estudiante Lorent Gómez Saleh, Yamilé, protestaba al otro lado de la frontera frente al Palacio de Justicia de Valencia -donde procesan actualmente los estudiantes, que están detenidos- con carteles que exigían la libertad del activista.

No es la primera vez que esto ocurre: Gómez Saleh y su compañero activista, Gabriel Valles, se añaden a la lista de diez venezolanos que el gobierno colombiano ha expulsado en los últimos dos años.

Sin embargo, el arresto de estos estudiantes ha alcanzado una atención que tiene a Caracas y a Bogotá hablando de lo mismo.

Aunque cada cual -sea opositor u oficialista, colombiano o venezolano- según sus intereses y contexto.

Las razones a favor

De acuerdo a los comunicados emitidos por la Cancillería colombiana, ambos estudiantes estaban en condiciones migratorias irregulares.

Primero, porque sus visas habían expirado. Segundo, porque estaban estudiando y realizando actividades políticas, lo cual es ilegal en condición de turista.

La Cancillería cita un decreto colombiano según el cual el gobierno puede expulsar a una persona cuando “atenta contra la seguridad nacional”.

El comunicado no cita acciones que parezcan amenazar la seguridad de los colombianos, pero sí un duro encontrón que tuvo Gómez Saleh con el senador de izquierda Antonio Navarro, que se puede ver en YouTube.

El decreto también establece que Colombia puede expulsar a alguien “cuando se haya comunicado por autoridad extranjera al Estado colombiano que, en contra de la persona se ha dictado en ese país providencia condenatoria o una orden de captura, por delitos comunes”.

Y es que, del otro lado de la frontera, los activistas también tenían líos con la justicia, pues en 2010 fueron arrestados durante unas protestas contra el gobierno en la ciudad de Valencia.

Desde entonces tenían que presentarse a la justicia cada 21 días y, por estar en Colombia, no lo hicieron, según la Fiscalía venezolana.

Así que ahora enfrentan cargos de entre 2 y 5 años de cárcel.

Las razones en contra

Tanto la oposición colombiana como la venezolana han salido criticar al gobierno de Santos por entregar a unos jóvenes activistas a un gobierno que consideran autoritario en un país donde, dicen, la justicia está politizada.

De hecho, el senador uribista José Obdulio Gaviria y el editorial del diario opositor venezolano El Nacional citaron el mismo artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de opiniones políticas”.

Los opositores de ambos países, pues, basados en las experiencias de los más de 3.000 estudiantes que fueron arrestados en Venezuela durante las protestas antigubernamentales de este año, creen que los derechos humanos de Gómez Saleh y Valles pueden ser violados por las autoridades venezolanas.

Por otra parte, Gómez Saleh manifiesta varias veces en sus intervenciones en las redes sociales que no entraba a Venezuela porque “enfrentaba amenazas”.

Quiénes son

Pero lo que aún no queda muy claro es qué hacían estos jóvenes en Colombia y cuáles eran sus métodos para hacer oposición al gobierno venezolano.

Según la Cancillería colombiana, no habían solicitado asilo político.

Los activistas llegaron a Colombia después de las protestas en Venezuela, y lanzaron una ONG llamada Operación Libertad.

“Su única tendencia es la defensa de los derechos humanos, la libertad y la democracia”, le dice a BBC Mundo la directora de comunicaciones de la organización, Luisa Gómez.

Ambos eran muy cercanos a la derecha colombiana y férreos críticos de Juan Manuel Santos, según se puede ver en sus perfiles de redes sociales.

En una foto, por ejemplo, Gómez Saleh abraza a Uribe en un mitin político.

Sin embargo, Luisa Gómez dice que “él no realizaba proselitismo político, pues no pertenecía a ningún partido político”.

Y añade: “La situación de Lorent acá (en Bogotá) era muy difícil porque no tenía mucha plata, ya que al no haber resuelto su condición legal no podía conseguir trabajo”.

Aunque Gómez dice que los activistas estaban realizando estudios de Defensa en la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares, reportes en los medios locales colombianos aseguran que los jóvenes no se pudieron matricular en dicha institución.

En un artículo de julio de 2013 en el diario El Espectador, el periodista colombiano Gustavo Rugeles afirma que Gómez Saleh fue vocero de un evento de Alianza Nacionalista por la Libertad (ANL), un grupo que supuestamente tiene tendencia neonazi.

En su Facebook, Gómez Saleh aparece en fotos con varios de los integrantes de Tercera Fuerza, un grupo colombiano abiertamente neonazi.

Sobre esto, Gómez Saleh le dijo a El Espectador en 2013: “Fui invitado (al evento de ANL) como he sido invitado a varios eventos con diferentes movimientos…”

“Soy Latinoamericano, de familia palestina. No puedo creer en posturas nazis, neonazis, o radicales de ningún tipo”.