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La mujer ya había recibido el tratamiento y había retornado a sus funciones en una mutualista privada en la que sigue trabajando actualmente.

Cecilia Labandera, hoy con 35 años, ingresó a trabajar a principios del 2010 a esa área administrativa tras un concurso abierto. Tras quedar tercera, trabajó casi dos años. En octubre de 2011 le diagnosticaron cáncer de mama, lo que la obligó a abandonar temporalmente su puesto de trabajo. Su tratamiento lo hizo en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Mamario de la Asociación Española, institución en la que también trabajaba, en donde recibió quimioterapia, radioterapia y una operación.

Durante ese proceso, en noviembre de 2012 esta cartera del Estado la declaró “incapaz” para trabajar en toda tarea.

Casi dos años después, en septiembre de 2013, finalizó su tratamiento. Su oncóloga, Patricia Suárez, presentó un escrito en el que dejó constancia que estaba apta para trabajar, y así volvió a hacerlo en la Asociación Española. Pero no en el Hospital Policial. El Ministerio del Interior la siguió certificando desde 2013 a 2016.

Hasta que en septiembre de 2016, el ministro Bonomi tomó la decisión final de apartarla de su cargo. Según la resolución de destitución, Labandera aportó informes médicos de especialistas de la órbita privada, cuando es la Junta Médica Nacional de Aptitud, del Ministerio del Interior, “la competente para dirimir la aptitud para el desempeño del cargo del funcionariado”.

Según una denuncia hecha pública, la mujer siempre manifestó voluntad de continuar trabajando y presentó informes que establecían que podía trabajar, pero no fueron considerados.

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, nucleado en el Pit-Cnt, divulgó un comunicado de prensa en el que critica el proceder de esta cartera. Calificó el hecho como una “extrema falta de empatía y respeto” a un funcionario.