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El primer procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, decidido el viernes por el juez Claudio Bonadio en la causa por las operaciones con el dólar futuro al final de su mandato, ponen al borde del precipicio la estrategia defensiva de la ex presidenta, basada en la dilación –si fuera posible hasta el infinito– de las investigaciones que la involucran por hechos de corrupción.

La jugada es clara: se busca tender un cordón sanitario que proteja a la ex presidenta y a sus hijos, y deje a todos los demás afuera. Lázaro Báez y Julio De Vido están sintiendo el hielo de esa estrategia.

De Vido lo habría llamado días atrás a Lázaro para asegurarse su discreción. Báez no se transformó en arrepentido, pero sigue preso. Y a De Vido le cayó el primer procesamiento. Báez se enojó con sus abogados porque cree que juegan para ella y no lo cuidan como deben. Y abrió alguna vía de comunicación con las autoridades para negociar, entre otras cosas, un mejor lugar de detención, quizás una dependencia del Ejército y no una cárcel junto a presos comunes. Ninguna de estas noticias es buena para Cristina.

La responsabilidad de la ex presidenta en el caso del dólar futuro es materia de controversia. La mayoría de las opiniones, incluso las de abogados del oficialismo, es que Bonadio acude a una interpretación extrema y quizás difícilmente sostenible. De eso hablará pronto la Cámara Federal, que recibirá el caso en apelación.

Pero así como Cristina había convertido su declaración indagatoria ante Bonadio en un acto político, reuniendo una multitud ante los tribunales de Comodoro Py, su procesamiento supone también un hecho político de alta significación.

Desde aquella concentración masiva de sus seguidores el 13 de abril, que creó por unos pocos días la ilusión o el temor de un regreso victorioso de Cristina al centro de la escena, ella y su grupo político sólo fueron noticia por el continuo retroceso, la pérdida de gravitación, la acumulación de denuncias y evidencias en hechos de corrupción.

Antes de aquel acto en Comodoro Py ya estaban presos Lázaro Báez y Ricardo Jaime, íconos del saqueo al Estado en los años kirchneristas. Ya había declarado como arrepentido Leonardo Fariña y a raíz de esa declaración la ex presidenta había sido imputada por lavado de dinero. Aquel acto político, con todo lo llamativo que resultó, no sirvió para frenar ni demorar la seguidilla judicial.

El día después de la fervorosa concentración la Cámara Federal le ordenó al cuestionado juez Sebastián Casanello rastrear, dentro y fuera del país, el dinero acumulado por Báez.

El fiscal Guillermo Marijuan encabezó increíbles allanamientos en Santa Cruz, buscando los sitios donde Báez habría escondido la fortuna. Puso a la luz la fastuosa colección de autos del antiguo testaferro de los Kirchner. Y le allanó casi 50 propiedades, entre ellas 41 estancias; además de encontrarle otros 150 inmuebles.

También por decisión del juez Bonadio, fue procesado por primera vez Julio De Vido, por responsabilidad en la tragedia de Once. A De Vido siempre se lo había tenido por protector político de Bonadio, pero no lo protegió cuando Cristina desató la furia contra el juez que empezó a investigar los negocios hoteleros de la familia. Véase adónde terminó aquella relación. Bonadio le enchufó a De Vido un fabuloso embargo por unos 40 millones de dólares al cambio de hoy. Bonita cifra para quien, como De Vido, ha sido funcionario público sin interrupciones los últimos 28 años, desde el día que Kirchner asumió como intendente de Río Gallegos en 1987.

Los últimos días fueron de vértigo. La ex presidenta intentó con desesperación apartar a Bonadio de su camino. En esa dirección dio tres pasos, hasta hoy sin resultados.

Le pidió juicio político en el Consejo de la Magistratura, donde se inició el trámite formal pero sin posibilidad de prosperar.

Reclamó a la Cámara Federal el apartamiento del juez, pero recibió no sólo una confirmación de Bonadio sino además una dura réplica de los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah.

Pidió que el juez Julián Ercolini, ahora a cargo de la causa Hotesur –donde estaría muy comprometido Máximo Kirchner– concentre también el caso Los Sauces, otro negocio de familia con la compra y alquiler de propiedades, que denunció Margarita Stolbizer y está en manos de Bonadio.

Pero Bonadio sigue con la causa Los Sauces y hace ocho días allanó la administración de Madero Center, la torre en la que Cristina tiene tres departamentos. En el mismo expediente, el jueves último el fiscal Carlos Rívolo amplió la acusación original de enriquecimiento ilícito agregándole el delito de coimas, supuestamente pagadas por Lázaro Báez bajo la forma de alquiler de propiedades.

Así, el frustrado impulso para apartar a Bonadio volvió a demostrar la debilidad objetiva de Cristina en los tribunales y también en la política. En los dos frentes está obligada a una constante batalla defensiva.

Quizás ese intento fracasado haya sido obra de un impulso propio, ordenado por la furia y el rencor. O puede que haya seguido el consejo de sus abogados. El ex ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, es su estratega judicial en jefe. Se dice que Zaffaroni estaría incómodo porque no se encontró con la epopeya de una batalla ideológica y dialéctica, sino con el desagrado de tener que meter los pies en el barro espeso de la corrupción.

De hecho, el día a día de la defensa de Cristina lo lleva Carlos Beraldi, discípulo aventajado de Carlos Arslanian, quien a su vez supo dar consejo profesional a Ricardo Echegaray, ex jefe de la AFIP y hoy tambaleante titular de la Auditoría General de la Nación, acosado también por denuncias de corrupción. Quizás de esta usina haya salido la iniciativa para sacar del juego a Bonadio, considerado “la única pieza suelta” en un esquema de supuesto control de los procesos contra Cristina.

Otros jueces que tienen causas contra ella son los ya mencionados Casanello, muy ligado a La Cámpora pero presionado por la Corte Suprema y la Cámara Federal para actuar sin más dobleces ni demoras; y Ercolini, considerado un magistrado conservador en sus procedimientos y por lo tanto enemigo de apresurar las cosas.

Además están Sergio Torres, de naturaleza reservada, indescifrable aún para sus colegas pero sin objeciones mayores; y Ariel Lijo, quizás el más político en su estructura y acción, de cuna peronista y con ascendiente sobre otros integrantes de la Justicia federal.

Es aventurado suponer alguna forma de acción coordinada entre los jueces. Pero todos perciben que no hay espacio en la sociedad para que jueces y fiscales puedan volver a jugar al distraído.

Otra cosa es que los tiempos de la Justicia se acoplen a la ansiedad de la opinión pública o de los medios y periodistas. Son necesariamente tiempos distintos.

En las instancias superiores de la pirámide judicial señalan que “las evidencias están a la vista y son abrumadoras, pero ahora hay que construir la prueba” que le otorgue solidez a las acusaciones. Declaraciones de testigos, allanamientos, peritajes, indagatorias a los investigados, son pasos que se enhebran en una sucesión que, aún caminando, difícilmente llegue a correr.

Al Gobierno también le preocupa la suerte de Cristina. De hecho, Macri la necesita, porque la eligió como contracara para polarizar cada conflicto que surja. Por eso no querría empujarla al abismo antes de tiempo, si de él dependiera.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, viene alertando sobre la eventual sobreactuación de los jueces. Reclamó avances concretos y el pronto envío de los casos a juicio oral, que es donde se discuten culpabilidades e inocencias y se determinan las condenas. Desde una interpretación sesgada, podría entenderse esta postura oficial como la invitación a los jueces a avanzar paso a paso, sin perder el ritmo pero sin apurarse. Si así fuera, también cierta dilación sería interés del Gobierno. Aunque de la boca para afuera lo nieguen golpeándose el pecho.

El arraigo que Cristina mantiene en una fracción importante de la sociedad, la todavía vigorosa capacidad de agitación de sus seguidores, y también cierta endeblez objetiva del gobierno de Macri mientras la economía no se recupere, el empleo no se robustezca y la inflación no se frene, harían que la Casa Rosada prefiera un desarrollo sin apresuramientos de los casos contra la ex presidenta.

Empresarios y hombres del poder también aconsejan en ese sentido. Repiten que es mejor “ser muy cuidadosos” con Cristina, argumentando que las instituciones se afectan cuando un ex presidente queda envuelto en procesos judiciales, y mucho más si llega a ir detenido.

Dicho de otro modo: Cristina deberá preocuparse muy seriamente si a Macri le va bien y se consolida. Es el mensaje, a veces sutil, a veces brutal, que la política y el poder le envían a la Justicia.