Un borrador de la Casa Blanca plantea acabar con el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y no renovar los permisos de trabajo vigentes para centenares de miles de jóvenes inmigrantes una vez estos se terminen.
El posible plan forma parte de un borrador de orden ejecutiva destinado al presidente Donald Trump, según un documento filtrado al que Univision Noticias tuvo acceso.
El documento establece
rescindir
DACA, un programa con el que el Gobierno de Barack Obama concedió permisos de trabajo y estudio a unos 750,000 jóvenes indocumentados. En concreto:
1. Detiene las nuevas solicitudes para el programa.
2. Permite que quienes poseen permisos de trabajo los mantengan hasta su expiración en los próximos dos años.
El borrador también plantea
anular el programa DAPA, que pretendía proteger a los indocumentados que eran padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. Sin embargo, ese plan nunca entró en vigencia y la Corte Suprema lo dejó sin efecto en 2015.
Para invalidar DACA, se tomarían dos acciones. La primera, que “cualquier documento de autorización de empleo (EAD) emitido de acuerdo con el memorando del 15 de junio de 2012 (que crea DACA) sea válido hasta su fecha de expiración y no se extienda”, con algunas excepciones que no detalla.
La segunda establece que si algún dreamer está fuera de Estados Unidos al momento del vencimiento de su permiso de trabajo, el gobierno no garantiza su reingreso al país.
Durante su campaña política y ahora en el gobierno, Trump ha asegurado que pondrá fin a las acciones ejecutivas sobre inmigración implementadas por Obama. Pero en sus últimas ruedas de prensa, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que los beneficiarios de DACA no estaban entre
las prioridades del nuevo gobierno. Sí lo están indocumentados con antecedentes criminales.
Las promesas de campaña han generado temores entre los beneficiarios de DACA –unos 752,154, calcula el documento– a perder el amparo, pues han estudiado, trabajado y vivido en Estados Unidos. Buena parte de ellos llevan más años en suelo estadounidense que en sus países de origen.
“Se alienta la inmigración ilegal”
El documento dirigido al presidente Trump que defiende que acabe con DACA trata en todo momento a estos jóvenes como “ilegales” y al programa como una “aministía”, algo que siempre negó el gobierno de Barack Obama.
“Al autorizar estas
amnistías administrativas, se alienta la inmigración ilegal y se dan ciertos beneficios a extranjeros ilegales, como la presencia legal en Estados Unidos, un permiso de trabajo, acceso al fondo de Seguridad Social (…) y la protección temporal de su deportación por dos años”, se lee en el documento que justifica por qué Trump debería firmar esa propuesta de orden.
El posible decreto también limitaría la autoridad para conceder libertad condicional (‘parole authority’) a ciertos extranjeros, permitiéndoles quedarse o entrar al país.
Trump ordenó al jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que “clarifique” que esta autoridad nunca sea utilizada para esquivar las políticas de inmigración vigentes, y que no permita la entrada o permanencia de extranjeros que no califican bajo las categorías de visa o programas vigentes.
Todas aquellas políticas que no cumplan con esto deberán ser “eliminadas inmediatamente”, dicta la orden.
El Congreso, última opción
Que la Casa Blanca no incluyera públicamente a DACA como prioridad dio esperanzas a la comunidad inmigrante: el Congreso, controlado por los republicanos, podría ser la salida en caso del fin del programa.
El mes pasado, un grupo bipartidista presentó en el Senado y la Cámara de Representantes un proyecto de ley que establece protecciones similares a las de DACA para los dreamers en el país.
La iniciativa —denominada “Prohibir la Expulsión de Individuos que Sueñan y Hacen Crecer Nuestra Economía” (BRIDGE, por sus siglas en inglés)— le permitiría a beneficiarios de DACA la misma protección temporal de la deportación y permisos de trabajo que han recibido bajo la acción ejecutiva de Obama, por un período de
al menos tres años luego de que la ley sea puesta en marcha.
Si se aprobara, la ley también protegería la confidencialidad de los datos de los dreamers y prohibiría que fueran compartidos con la agencia federal de inmigración para efectos de deportación.
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